“Durante más de dos décadas, el sector minero-energético fue uno de los grandes motores de la economía colombiana. Sin embargo, el predominio creciente de consideraciones ideológicas sobre criterios técnicos contribuyó a reducir la exploración, debilitar la producción y acelerar el deterioro de las reservas, aumentando la dependencia de las importaciones de gas y debilitando la seguridad energética del país”.
La descripción la hace un reciente estudio de Corficolombiana sobre las posibilidades y potencialidades de los yacimientos no convencionales (fracking), a los que el gobierno anterior les cerró la puerta.
Esta situación se presenta en un momento crítico por dos razones: Por una parte, la alta volatilidad en el precio del crudo, producto de los conflictos en Oriente Medio. De acuerdo con un informe de Anif, tras el pico de marzo, cuando el Brent bordeó los 120 dólares por barril por el cierre intermitente del estrecho de Ormuz, la referencia se moderó hasta los 75 dólares en julio. Pero en septiembre volvió a superar los 100 dólares ante una nueva escalada y tensiones en esa región.
“Para las cuentas de la Nación, altos precios del petróleo tienen un doble filo. Por un lado, aumenta los ingresos fiscales provenientes del sector petrolero, que llegan al Estado vía impuesto de renta, dividendos de Ecopetrol y excedentes financieros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Por otro, eleva las obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), cuyo objetivo es mitigar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales sobre los combustibles en el mercado interno. El fondo ha acumulado déficits en los últimos años, debido al rezago de los precios internos frente a las elevadas referencias externas”, dice Anif.
Y, por otra parte, cuando el país está apretado en materia de reservas: 7,4 años para petróleo y 5,9 años para gas. “Sin nuevos desarrollos, Colombia podría llegar a importar 65% del gas en 2035 y más del 90% del petróleo hacia 2045”, señalaron los gremios del sector en un pronunciamiento, y advirtieron que el país enfrenta un déficit fiscal cercano al 7% del PIB, un ajuste requerido de 70 billones de pesos y pasivos en salud por 25,7 billones. En este contexto, agrega el documento de los gremios, aprovechar los recursos del subsuelo es fundamental para generar ingresos, financiar el desarrollo social y recuperar un crecimiento superior al 2% anual.
Además, señala el informe, la reactivación del sector puede generar hasta 695 billones de pesos en aporte fiscal. “En el mejor escenario, estos recursos fortalecerían la capacidad del Estado para reducir la pobreza, ampliar la seguridad social y mejorar las condiciones de vivienda”.
El potencial está en el subsuelo; el reto es convertirlo en producción. Colombia puede fortalecer su soberanía energética aumentando la producción de los campos existentes, desarrollando nuevas fuentes de gas y aprovechando el potencial de los yacimientos no convencionales, junto con una exploración activa.
Colombia se enfrenta ahora, con el nuevo Gobierno, a reactivar la industria petrolera, no solo para garantizar la autosuficiencia energética, sino para garantizar nueva inversión, en momentos en que los recursos empiezan a mirar hacia otros mercados, como Venezuela.
Álvaro J. Rodríguez, socio de la firma Posse Herrera Ruiz,señala que mientras el mundo sigue invirtiendo en exploración petrolera —con un crecimiento del 20 % en los últimos cuatro años—, Colombia camina en sentido contrario: “la inversión en el sector cayó un 42 % en el mismo periodo, las reservas probadas se contraen y los capitales migran hacia jurisdicciones que ofrecen reglas más claras y competitivas. El resultado es previsible: un país que históricamente ha financiado su balanza comercial, sus regalías y buena parte del empleo regional con el sector de hidrocarburos está desmantelando, por omisión, su propio motor de crecimiento”.
Pero, señala que la crisis no es inevitable y describe cinco frentes clave para volver a atraer la inversión y volver a poner a Colombia en el radar de los inversionistas internacionales.
El primero es fiscal. “El government take colombiano ronda el 80 %, diez puntos por encima de competidores directos como Argentina, Perú y Guyana. Eliminar la sobretasa introducida por la Ley 2272 de 2022, acercar la tarifa de renta al 30 % y corregir distorsiones municipales —como los impuestos de alumbrado público y de industria y comercio en proyectos offshore, fuente permanente de litigios— enviaría una señal clara al mercado”, dice el jurista.
El segundo es jurídico. Rodríguez afirma que los proyectos petroleros tienen horizontes de veinte a treinta años, lapso en el que cambian varios gobiernos y, con ellos, las reglas. “La derogada Ley 963 de 2005 ofrecía contratos de estabilidad jurídica que daban certeza a los compromisos de inversión. Reintroducir un mecanismo similar, vinculado a metas concretas de capital, reduciría el riesgo regulatorio que hoy espanta a los operadores”, anticipa.
El tercero es ambiental. Según él, nadie discute la necesidad de controles rigurosos, pero la rigidez actual del licenciamiento —estudios de impacto excesivamente detallados y modificaciones costosas e impredecibles— “convierte la licencia en un trámite burocrático, no en un instrumento de gestión”. Propone unos términos de referencia más flexibles, licencias con lineamientos generales y mayor capacidad de seguimiento por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), acciones que permitirían evitar modificaciones en las licencias, protegiendo el medioambiente sin paralizar la actividad.
El cuarto es uno de los más polémicos, pero en el que están cifradas las expectativas de recuperar la autosuficiencia energética en el corto plazo: el fracking. Recordó que no existe prohibición legal para explorar yacimientos no convencionales: el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 regulan la actividad, y el Consejo de Estado validó su marco en 2022. Lo que falta, señala Rodríguez, es expedir los términos de referencia para explotación comercial y reasignar áreas con alto potencial en formaciones como La Luna. “El recurso está ahí; hay que viabilizar su explotación para recuperar la autosuficiencia en gas”.
Y el quinto aspecto apunta a las compañías junior. “Los requisitos actuales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) —cinco años de existencia, reservas o producción propia— excluyen a empresas técnicamente capaces, pero jóvenes. Argentina, Perú y Brasil acreditan capacidad operativa a través de equipos técnicos calificados. Colombia ya lo hizo con el Acuerdo 08 de 2004 de la ANH y puede repetirlo para atraer nuevos exploradores”, advierte Rodríguez.
Concluye el abogado que el verdadero cambio de fondo es tratar la política petrolera como política de Estado, “no como bandera electoral. Los capitales de exploración son finitos y se dirigen hacia donde encuentran reglas claras, estables y competitivas. Si Colombia no se sienta a esa mesa, otros lo harán por ella”.