Expertos advierten efectos de un aumento desbordado del salario mínimo: informalidad, inflación y un gasto fiscal billonario

Esta semana se inició la negociación para el incremento del salario mínimo de 2026. Sin embargo, el proceso arrancó con una tensión, pues Fenalco, uno de los gremios emblemáticos, no ha participado porque considera que el Gobierno ya fijó su posición, al anunciar a través de algunos de sus ministros un aumento por encima de la inflación y la productividad.

En ese sentido, más de un centenar de expertos en economía, entre ellos exministros, presidentes de compañías y líderes gremiales, como José Antonio Ocampo, Carlos Caballero, Carlos Gustavo Cano, Luis Fernando Alarcón, Rudolf Hommes, Juan Ricardo Ortega y Sylvia Escovar, entre otros, enviaron una carta a la Mesa de Concertación del Salario Mínimo, en la que participan Gobierno, empresarios y sindicatos, advirtiendo los riesgos de un aumento desbordado del salario mínimo.

Afirman en la misiva que aumentos del salario mínimo por encima de inflación y productividad generan los efectos contrarios: “mayor informalidad y presiones a los precios, afectando en mayor medida a la población de menores ingresos”.

Explican en la carta que los Observatorios Fiscal y Laboral de la Universidad Javeriana ha sido enfáticos en llamar la atención sobre estos riesgos. Y agregan que también se afectan las finanzas públicas: el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 supuso un incremento del salario mínimo de 7,1%. Cada punto porcentual adicional le costará a los contribuyentes y a la Nación cerca de 240 mil millones en pensiones, según Anif, y alrededor de 600 mil millones en gasto total no financiado.

“Para la negociación del salario mínimo de 2026, hacemos un llamado a los actores de la mesa de concertación a que lleguen a un acuerdo responsable, basado en criterios técnicos. Solo así se protege a los trabajadores y se abren oportunidades para quienes hoy están en la informalidad o buscando empleo. Confiamos en que un diálogo serio permitirá un acuerdo justo, sostenible y favorable al empleo formal y al crecimiento económico”, dice la carta.

Consideran los expertos el salario mínimo como una herramienta que garantiza dignidad y protege a los trabajadores formales, en una economía que busca crecer y generar oportunidades. “Un piso salarial sólido y sostenible es clave para impulsar la equidad y la protección social”, señalan. Anticipan que la mesa de concertación debe ser un espacio orientado a acuerdos que reflejen la realidad económica del país. “Todos queremos que se logre una concertación”.

Destacan la importancia del salario mínimo en la economía: afecta la demanda laboral formal, la oferta de trabajo, la competitividad, la sostenibilidad pensional y las finanzas públicas. “Su fijación debe seguir lineamientos constitucionales y legales, que garanticen un ingreso vital y móvil, acorde con la inflación y con la productividad laboral”.

Y agregan: “Es relevante tener en cuenta que el salario mínimo no es la herramienta de política social más idónea: otras medidas pueden ser más efectivas para solucionar los problemas de distribución del ingreso y equidad, y evitar la disyuntiva entre favorecer a quienes tienen empleo y perjudicar a quienes están desempleados o en la informalidad, que son la mayoría. En un país donde el 55% de los ocupados es informal —80% en el campo— donde por cada trabajador con salario mínimo hay cuatro informales, las variables más relevantes en la concertación deben ser la inflación y la productividad”.

Finalmente, aseguran que en economías modernas es natural que los salarios, incluido el mínimo, se actualicen para compensar la inflación causada o esperada. Las ganancias de productividad también deben reflejarse en mejores salarios, impulsando crecimiento y empleos de calidad. “Ajustar el salario mínimo conforme al costo de vida y la productividad, preserva su función y genera un entorno predecible para hogares y empresas”, puntualizan.