Fitch Ratings informó que los decretos expedidos por el Gobierno colombiano para atender la emergencia económica derivada del terremoto del 10 de agosto de 2026 no modifican, por ahora, las calificaciones vigentes de los gobiernos locales y regionales (GLR) incluidos en el alcance del Decreto 1261 de 2026.
La calificadora recapituló que las medidas temporales de impuestos, gasto, endeudamiento y liquidez establecidas mediante 11 decretos de emergencia, expedidos el pasado 9 de septiembre, tienen como objetivo movilizar, asignar y redistribuir recursos para atender las necesidades generadas por el evento.
“Fitch Ratings considera que las medidas temporales de impuestos, gasto, endeudamiento y liquidez, adoptadas mediante los decretos de emergencia económica, no afectan por ahora las calificaciones vigentes de los gobiernos locales y regionales (GLR) colombianos incluidos en el alcance del Decreto 1261 de 2026”, señaló la entidad.
Entre las disposiciones se encuentra el Decreto 1382, que flexibiliza de manera temporal las condiciones de endeudamiento de las entidades territoriales afectadas y suspende la verificación de la relación entre intereses y ahorro operacional establecida en la Ley 358 de 1997.
Según Fitch, los departamentos, distritos y municipios de categorías especial a segunda podrán contratar deuda sin planes de desempeño si cuentan con una calificación nacional de largo plazo de, al menos, la tercera mejor categoría. Para operaciones de deuda externa, deberán contar con una calificación internacional no inferior a un nivel por debajo de la calificación soberana.
Los municipios de categorías tercera a sexta requerirán autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La firma indicó que esta flexibilización mantiene criterios prudenciales y mecanismos de supervisión, por lo que “no modifica inicialmente el perfil de riesgo ni las calificaciones de las entidades afectadas”.
Los gobiernos locales y regionales, y sus entidades descentralizadas también podrán contratar créditos de tesorería durante 2026 y 2027 por hasta 15 % de sus ingresos corrientes, destinados exclusivamente a necesidades de caja asociadas con la emergencia.
Estos recursos podrán pagarse en la siguiente vigencia o refinanciarse mediante deuda de largo plazo.
Fitch señaló que estas herramientas pueden apoyar temporalmente la liquidez, aunque advirtió que un uso intensivo o una refinanciación recurrente podrían reflejar presiones sobre la estructura operativa o la generación interna de caja de las entidades.
Los decretos también contemplan medidas de flexibilidad presupuestaria y tributaria, como la reorientación de rentas de destinación específica no comprometidas, la titularización temporal de hasta 10 % de los ingresos tributarios propios y la posibilidad de otorgar exenciones tributarias bajo condiciones ajustadas a la emergencia.
Además, las normas 1382, 1383 y 1389 incluyen retiros especiales del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), redistribución de recursos de la sobretasa al Aceite de Combustible para Motores (ACPM) y una modalidad especial de obras por impuestos para procesos de reconstrucción.