Gobierno Petro aumenta meta de crecimiento del PIB en 2022 y hace ajustes a la reducción del déficit fiscal para el 2023

El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó la actualización del escenario macroeconómico del país al cierre del 2022, al igual que el Plan Financiero del 2023 y las principales estrategias fiscales que se impulsarán en los siguientes años del actual Gobierno.

Con respecto al panorama de este año que está por finalizar, el alto funcionario manifestó que se “revisó al alza el crecimiento esperado de 2022″, pasando ahora a 8,2 %. Mientras que para el próximo año, indicó que se prevé “una desaceleración del ritmo de crecimiento”, por lo que las proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se ubican en el 1,3 %.

En este contexto, el déficit fiscal en 2022 se ubicaría en 5,5 %, con un ajuste fiscal de 1,6 puntos porcentuales del PIB frente al déficit registrado en 2021 (7,1 %). “Este resultado representa un sobrecumplimiento de la regla fiscal de 2,9 % del PIB e incluye el pago de $4 billones adicionales para financiar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)”; acotando que con esta reducción, la deuda del Gobierno nacional “se reduciría de 60,8 % del PIB en 2021 a 59,6 % en 2022″.

Así mismo, informó que con las medidas que se pondrán en marcha, principalmente, Reforma Tributaria, se prevé que para el próximo año se reduzca a 3,8 % el déficit fiscal del país, con un ajuste fiscal adicional de 1,7 puntos porcentuales del PIB (frente a 2022) y con un sobrecumplimiento de la regla fiscal de 0,3 % del PIB.

Vale la pena destacar que las metas de reducción del déficit fiscal es inferior a lo que el Ministerio de Hacienda proyectaba en septiembre, que se ubicaba en el 4,0 %. Sin embargo, Ocampo afirmó que con esta ajuste “se garantiza el pago completo en 2023 del déficit del FEPC causado en 2022. Como resultado del ajuste fiscal, la deuda del Gobierno Nacional Central “se reduciría de 59,6 % en 2022 a 57,5 % en 2023, en línea con una convergencia hacia el ancla de deuda (55 %) en el mediano plazo”.

“El resultado fiscal de 2022 y el plan de 2023 demuestran el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal y la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas: la reducción del déficit fiscal es la más alta desde que se cuenta con registros comparables, se garantiza el pago del déficit causado del FEPC, se cumple con creces lo establecido por la regla fiscal y se adopta una trayectoria de reducción del endeudamiento público como porcentaje del PIB”, recalcó el Ministro.

Expresó además que el esfuerzo que realiza esta administración por consolidar las finanzas públicas también se refleja en los resultados proyectados para el Gobierno General (GG); destacando que el balance total proyectado al cierre de 2023 sería de -3,5 % del PIB, siendo inferior en 2,9 puntos porcentuales a lo estimado para el cierre de 2022 (-6,4 %). “Lo que constituye también un ajuste de una magnitud significativa en perspectiva histórica”, subrayó.

Con respecto al Plan Financiero del 2023, el Ministro Ocampo destacó algunos aspectos importantes. El primero, que la Nación contempla desembolsos por un total de $60.483 millones, de los cuales, el 3,3 % del PIB, se dirigirán a la financiamiento de la vigencia 2023 y el 0,6 % del PIB al prefinanciamiento de la vigencia 2024.

Así mismo, informó que se prevén desembolsos externos por $5.100 millones de dólares, de los cuales $3.000 millones de dólares se destinarán a financiar la vigencia 2023 y $2.100 millones dólares a prefinanciar la vigencia 2024; agregando que en relación a las fuentes externas, cerca del 60 % serían préstamos con organismos multilaterales y bilaterales, y el restante 40 % del mercado internacional de capitales.

Se contemplan emisiones de Títulos de Tesorería TES por $36.218 millones, de los cuales $27.000 millones se obtendrán a través de subastas y sindicaciones, y $1.000 millones por medio de la emisión de TES Verdes en el mercado local.

Por último, detalló que dentro del déficit a financiar, se incluyen ajustes fiscales por causación que representan el 1,5 % del PIB, asegurando que “no generan costo de financiamiento”; con lo cual las fuentes de caja requeridas son equivalentes a $35.658 millones.