Continúa la guerra comercial y tributaria entre Colombia y Ecuador; hace algunas horas se conoció una nueva decisión del Gobierno de ese país que golpearía fuertemente la economía colombiana. La ministra de Ambiente de Ecuador, Inés Manzano, confirmó un incremento del 900 % en la tarifa de transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.
Con ello, la tarifa por pasar petróleo para transportarlo por ese tubo pasará de 3 dólares a 30 dólares por barril. La medida se adoptó en retaliación a la decisión del Gobierno colombiano de suspender la compra de energía a Ecuador, que a su vez fue una respuesta al arancel del 30 % que ese país puso contra Colombia.
Tras la decisión que afecta el suministro de crudo colombiano a distintas zonas del continente, recientemente se pronunció el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien calificó como una agresión la decisión, basada en “excusas”.
Aseguró que, aunque la denuncia del Gobierno ecuatoriano es la de la necesidad de luchar contra el narcotráfico, considera que ahora se está “enrareciendo el ambiente político en la región con una nueva excusa“, precisó.
Además, sentenció que ahora se está elevando unilateral y arbitrariamente el precio del transporte de crudo por uno de sus oleoductos, violando compromisos adquiridos, como el acuerdo del 13 de febrero del 2011, lo que afecta a pequeños productores de crudo.
Acto seguido, el director de la cartera convocó a los gremios pertenecientes al sector petrolero para crear escenarios favorables para evitar una afectación.
“Convoco a los gremios petroleros afectados a que seamos creativos y, antes de pensar como está pensando el Gobierno ecuatoriano, en la retaliación contra nuestro pueblo, pensemos en cómo hacemos para hacer de esta situación una oportunidad para seguir transportando y exportando ese crudo en medio de otras condiciones logísticas en beneficio de nuestro país“, indicó.
También se refirió a la emergencia económica, lanzando una dura crítica al Consejo Gremial, al asegurar que este demandó la emergencia económica, pero “calla frente a esta agresión contra nuestro país que afecta empresas, trabajadores y nuestra economía. Como también calla ante la actitud de los mayoristas de combustibles colombianos que dejaron de comprar etanol nacional y sus inventarios están a punto del colapso”.