La idea de poner fin a la tercerización laboral ilegal está plasmada en un decreto expedido que sigue generando la participación de la opinión pública.
Las tensiones alrededor del tema no han sido pocas. En parte, porque existen empresas de contratación temporal que le juegan legal a la normatividad laboral.
De ahí que, tanto el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como Miguel Pérez, presidente de Acoset (gremio de empresas de servicios temporales), salieran a expresar sus pronunciamientos alrededor del decreto.
Según explicó el jefe de la cartera de Trabajo, lo que se busca combatir es la tercerización ilegal, por lo que su mensaje fue: “Que no le metan cuento, no estamos prohibiendo la tercerización legal. Estamos poniendo fin al fraude laboral”.
De acuerdo con las explicaciones de Sanguino, el decreto apunta a garantizar “que nadie pueda esconderse detrás de un contratista para negar derechos laborales”.
Millonarias multas
En medio de las discusiones alrededor de la tercerización laboral se había puesto de presente un sinnúmero de circunstancias que atentaban contra el empleo decente que se promovía desde el Gobierno.
De ahí que ahora, el gremio Acoset, a través de Pérez, destaque el aporte que ahora hace dicho decreto, y es que hace claridad. “Las Empresas de Servicios Temporales son una figura legal, regulada y necesaria para el funcionamiento de la economía. La norma deja más claramente definidos los límites entre lo legal y lo ilegal, fortalece la seguridad jurídica y ratifica el papel que cumplen las EST en la generación de empleo formal y en la atención de necesidades estacionales de las empresas”, afirmó.
Pérez aclaró que las figuras ilegales, en el contexto de la tercerización, son las que se conocen como cooperativas de trabajo asociado, contrato sindical u otras que hagan envío de trabajadores en misión que no sean EST. Entre tanto, las empresas de servicios temporales sí estarían cumpliendo con lo dispuesto con el código sustantivo del trabajo.
Por su parte, el ministro Sanguino recalcó que estarán vigilantes para aplicar los preceptos que incluye el nuevo decreto, y es, “fortalecer la inspección, la formalización y aplicar las sanciones-de hasta 5.000 salarios mínimos- para quienes utilicen intermediarios con el fin de evadir sus responsabilidades laborales”, afirmó el jefe de la cartera de Trabajo.
Hay que recordar la contratación de empresas externas o proveedores para realizar bienes o prestar servicios, en el país ha sido una práctica muy debatida, justamente, cuando se aplica de manera ilegal. Pero en general, no deja de quedar en el debate las dicotomías que plantea, pues algunos trabajadores perciben sus oportunidades laborales como desiguales con los trabajadores vinculados directamente por el empleador al que le prestarán el servicio.
El ministro Sanguino manifestó: “no podemos dar marcha atrás en lo conquistado ni en lo que dicta el sentido común: si una empresa da las órdenes, controla el trabajo y se beneficia de manera permanente de esa labor, también debe responder por los derechos de quienes la realizan”.
