El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, emitió una respuesta casi inmediata sobre la decisión del Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, luego de que este ordenara su arresto por el desacato a un fallo de tutela.
Ante la acción, impulsada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, Sanguino también sacó su artillería jurídica y solicitó la revocatoria de la decisión.
En su argumentación, el ministro de la cartera laboral señala que “sí respondió de fondo, el 26 de mayo de 2026, a la solicitud presentada el 24 de marzo sobre el Plan Nacional de Inspección a medios, y el 1.° de julio informó esa respuesta al despacho judicial”, sostuvo.
El caso puntual que debía responder Sanguino, a solicitud de Miranda ante el juzgado, era el de las actuaciones adelantadas por el Ministerio del Trabajo frente a casos de acoso y violencia basada en género, en RTVC, el sistema de medios públicos.
“El Ministerio del Trabajo informa a la opinión pública que ha actuado con respeto por las decisiones judiciales, dentro de los términos procesales correspondientes y en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales”, argumentó la cartera laboral.
Sobre el caso, Miranda dijo que llevaba meses pidiendo la información de las actuaciones del Ministerio que pregonó la defensa de los trabajadores, por lo cual no daba cabida a la demora que se estaba presentando para la toma de acciones ante las denuncias de acoso y violencia basada en género en RTVC.
“El ministro Antonio Sanguino prefirió desacatar una orden judicial antes que responder. Hoy un juez ordena su arresto por encubrir a Holman Morris. ¿Qué están ocultando?“, señaló Miranda.
Lo que llama la atención a Sanguino
El otro punto de vista, el de Sanguino, dice que le llama la atención que la excongresista no pidiera información sobre los hallazgos en los demás medios de comunicación que fueron incluidos en el plan de inspección a medios. “Se concentró exclusivamente en los posibles casos de RTVC, hoy Inravisión, ignorando deliberadamente los demás hallazgos identificados en otros medios”, manifestó el jefe de la cartera laboral en el gobierno de Petro.
En consecuencia, el ministro sostuvo a través de un trino en su red social X, que percibía un toque político en la posición de Miranda. “El uso político y el ensañamiento personal no harán que demos un manejo indebido a información que tiene reserva legal de posibles casos de acoso sexual en entornos laborales”, manifestó.
De reserva legal
Según sostuvo Sanguino en su pronunciamiento, por norma, están obligados a proteger una información que es de reserva legal. Más aún, porque se trata de denuncias de acoso sexual y violencia basada en género. Así, “se requiere salvaguardar datos sensibles, la intimidad de las personas involucradas y evitar cualquier forma de revictimización”, indicó.
Igualmente, enfatizó en que el uso político de esta situación es lo que calificó como “oportunista y debe ser rechazado por la sociedad. Por eso, interpuse la solicitud de inaplicación de la sanción mediante el grado jurisdiccional de consulta, con el propósito de controvertir esta decisión y solicitar su revocatoria”, manifestó Sanguino.
