La pérdida de soberanía energética de Colombia no es un relato. Los datos cada vez aclaran más el fuerte impacto que ha traído al país la decisión que tomó el gobierno anterior, de frenar la exploración y explotación del subsuelo.
El centro de pensamiento Anif, junto con Cree (Centro Regional de Estudios de Energía) le toman la temperatura a un tema que consideran como crucial para que la economía pueda crecer.
En esas revisiones, según explicó José Ignacio López, presidente de Anif, estableció que el retroceso que produjo ese freno a la actividad es de 12 años y lo sienten todos los colombianos. El ciudadano en su hogar tendrá que pagar energía más cara y también productos de primera necesidad, pues la pérdida de soberanía energética, que ya está llevando a necesitar importar el 31 % del gas, en un momento en el que el entorno geopolítico ejerce presión en los precios de los combustibles, no dejará de salpicar todos los costos en los que incurren los hogares.
Pero uno de los nuevos datos que halló Anif, según explicó López, es el que se refiere a la bolsa pública de la cual se financia el Estado. Según los cálculos, que además resultan impresionantes, la renta corporativa pasó de 21 billones de pesos a 4,4 billones, en parte, por el rezago en el que entró el sector energético.
La pérdida de reservas probadas, principalmente de gas, es la amenaza persistente del desabastecimiento.
Tomás Gonzalez, director del CREE, también relacionó la energía con la fiscalidad, una de las complejidades que tiene actualmente el país.
El experto realizó cálculos que evidencian la primacían de la industria extractiva frente a la manufacturera. Las cuentas indican que la industria en general necesitaría producir 2,8 veces lo que actualmente pone al PIB para equiparar lo que aportan los hidrocarburos, la que se ha querido marchitar.
En el caso de la agricultura, que era la que el gobierno anterior defendía como actividad que podía relevar la dependencia de Colombia a los hidrocarburos como fuente de ingresos públicos. El comparativo con ese sector implica que la producción agrícola tendría que poner 21 pesos más por cada peso que generan los hidrocarburos.