La Procuraduría General de la Nación se pronunció sobre el proceso licitatorio por cerca de 33.127 millones de pesos, con el que se buscaba contratar el suministro de computadores bajo la modalidad de arrendamiento, más conocida como computer as a service. El Ministerio Público aseguró que, tras revisar la documentación publicada en Secop II, encontró varios riesgos jurídicos y de transparencia.
Es importante tener en cuenta que esta modalidad incluye servicios de instalación, configuración, soporte técnico, mantenimiento, garantía, ingeniería en sitio y bajo demanda, así como la prestación del servicio de mesa de servicios en niveles 1 y 2 para la atención y gestión de incidentes y requerimientos asociados con los elementos suministrados.
“Es necesario acotar que la Procuraduría General de la Nación tiene, entre otras, la función de velar por el ejercicio diligente y eficiente de la función pública y adelantar el control sobre las autoridades administrativas. En consideración de lo mencionado, este ente de control verificó el proceso de selección en asunto y la documentación soporte que reposa en el portal Secop II“, indicó.
Son tres los principales problemas que señala la Procuraduría frente al contrato en mención. El primero es que se estaría calificando dos veces la experiencia de las empresas. Esto se debe a que la Fiduprevisora exige que las empresas demuestren experiencia para poder participar, como requisito habilitante, pero, además, les otorga 40 puntos adicionales a quienes tengan más experiencia.
En segundo lugar, se detalla que los requisitos financieros podrían estar dejando por fuera a competidores debido a los indicadores financieros exigidos. El organismo detalló que esos valores no parecen estar suficientemente justificados y podrían restringir injustificadamente la participación de empresas.
“Al proceso únicamente se presentaron dos proponentes, lo que para la Procuraduría puede ser una señal de poca competencia”, precisa el documento.
Además, indica que faltan varios documentos fundamentales en Secop II, como el estudio previo, el análisis de mercado y la evaluación de riesgos. Esto vulneraría principios como la transparencia, la planeación, la publicidad y la igualdad entre los oferentes.
Finalmente, el Ministerio Público formuló cuatro solicitudes principales. La primera es publicar dicha advertencia en Secop II; la segunda, explicar cada una de las observaciones; y, finalmente, publicar el estudio previo y el análisis de mercado, además de justificar por qué esos documentos no estaban publicados.
