El pasado 12 de agosto, Jorge Laverde fue elegido contralor general por el Congreso pleno con 269 votos y asumirá la Contraloría la primera semana de septiembre.
Antes de ser elegido, Laverde se desempeñó como secretario de la Comisión Sexta del Senado y en 2023 fue señalado, por un anónimo, de presunto enriquecimiento ilícito.
Dicho anónimo llegó a la Procuraduría General de la Nación, que adelantó las indagaciones del caso hasta que se determinó que no existía mérito para iniciar una investigación formal.
Por esa razón, el Ministerio Público archivó la indagación previa, al considerar que el anónimo que llegó no entregaba pruebas de las acusaciones y no se aportaron más datos sobre los señalamientos.
La decisión la tomó la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas y la Transparencia Pública, tras haber hecho algunas verificaciones.
Por ejemplo, se acudió a las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y se examinaron los antecedentes registrales de varios inmuebles que fueron mencionados en el escrito anónimo.
Las indagaciones se hicieron sobre los bienes de Laverde y de su familia para determinar si podría existir alguna anomalía. En el documento se asegura que la Procuraduría revisó las fechas y valores de los inmuebles y los ingresos que ha tenido como servidor público.
“No se evidencia algo desproporcional” dijo la Procuraduría al concluir que Laverde contaba con los recursos necesarios para adquirir los inmuebles mencionados.
El expediente se inició a partir de un documento de persona anónima, fechado el 12 de mayo de 2023. Posteriormente, mediante Resolución 209 del 27 de junio de 2024, la Procuradora General de la Nación realizó una asignación especial del asunto a la Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública.
El anónimo sostenía, entre otras afirmaciones, que Laverde había incrementado injustificadamente su patrimonio y que habría instrumentalizado a su esposa, hija, hermano y otras personas cercanas para adquirir inmuebles que, según el denunciante, realmente le pertenecerían.
El organismo estableció que Laverde había ejercido como diputado de la Asamblea Departamental de Caldas durante dos periodos consecutivos, entre 2008 y 2015, y posteriormente se desempeñó como secretario de la Comisión Sexta del Senado.
Respecto a algunos bienes atribuidos a su esposa, por ejemplo, la decisión señala que las adquisiciones se remontaban a los años 2012, 2013 y 2016. Incluso constató que Laverde ya tenía propiedades antes de ocupar algunos de los cargos públicos mencionados en la denuncia. La Procuraduría concluyó en ese punto que los señalamientos del anónimo “no son consecuentes con la realidad que muestran los registros de instrumentos públicos”.
“Este despacho carece de elementos de juicio que permitan determinar la supuesta conducta reprochable de la que se señala en el anónimo al señor Jorge Eliécer Laverde Vargas”, dice el documento.
Aunque el tema también llegó a la Fiscalía, desde el 2023 la actuación no ha tenido ningún movimiento.