El Ministerio de Defensa, liderado por el general (r) Jorge Eduardo Mora López, oficializó los traslados y el nuevo mando de la Policía Nacional a través de un decreto que firmó este 13 de agosto; el documento tiene el visto bueno del presidente Abelardo De La Espriella.
En primer lugar, se ordenó el reintegro de tres mayores generales para liderar a los uniformados: Jesús Alejandro Barrera Peña, Norberto Mujica Jaime y Ricardo Augusto Alarcón Campos.
Tal como lo había anticipado De La Espriella, se indicó que Barrera Peña será el director general, Mujica Jaime el subdirector general y Alarcón Campos el jefe nacional del Servicio de Policía.
El general William Oswaldo Rincón Zambrano, designado por Gustavo Petro como director de la institución y quien ocupó ese cargo hasta las últimas horas, fue trasladado a la Dirección de Talento Humano como personal agregado.
La misma decisión se tomó sobre el mayor general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros, que era el subdirector de la Policía de Petro, y el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, antiguo jefe del Servicio nacional de la Policía.
La figura de personal agregado, por lo general, se utiliza en la Policía para un uniformado que está a la espera de una nueva asignación o de un proceso de retiro. Al parecer, los tres generales saldrán de la institución.
Además de estos nombramientos y decisiones en la Policía, el presidente Abelardo De La Espriella comunicó que la sede de la Subdirección General estará en la ciudad de Barranquilla, donde también hay un sede alterna de la Presidencia.
El plan del nuevo jefe de Estado es descentralizar el poder de Bogotá, no solo del Ejecutivo, sino de varias entidades. Esos movimientos se empezarán a notar en las próximas semanas.
Hay expectativa en el sector de las fuerzas armadas por las nuevas designaciones del Gobierno nacional. Faltan por nombrar a los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Fuerzas Militares.
Los nuevos oficiales tienen múltiples retos. La principal tarea será debilitar a los grupos armados ilegales, principalmente a las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN, con el respaldo operacional del gobierno de Estados Unidos.