El Gobierno de Colombia otorgó autorización formal a Estados Unidos para ejecutar operaciones militares conjuntas orientadas al combate contra el narcotráfico. El anuncio lo hizo este miércoles, en Panamá, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una reunión multilateral de seguridad.
La medida se conoce tras la decisión del presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, de integrar la coalición internacional antidrogas impulsada por el mandatario estadounidense, Donald Trump. El pacto busca articular acciones operativas entre las fuerzas armadas de ambos países para neutralizar las redes delictivas en la región.
Sobre el alcance del acuerdo bilateral en materia de defensa, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, precisó que “a través de su nuevo gobierno, Colombia solicitó la integración del Departamento de Guerra para adelantar operaciones militares conjuntas enfocadas en destruir las redes de narcoterrorismo”.
Postura del Gobierno nacional e incentivos en seguridad
Durante el acto de toma de posesión realizado en una sede militar, la administración colombiana ratificó la suspensión de cualquier proceso de negociación de paz con las estructuras armadas al margen de la ley. El Gobierno fijó como prioridad la persecución judicial y operativa de los grupos dedicados al tráfico de estupefacientes.
En el marco de este cambio en la política de defensa, la diplomacia estadounidense confirmó la asignación de recursos presupuestales para fortalecer a las instituciones locales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la destinación de 1.000 millones de dólares en asistencia para fortalecer la seguridad en Colombia.
Contexto de la producción de drogas y criminalidad
Las alianzas internacionales se producen en un escenario donde Colombia se mantiene como el principal productor global de cocaína, mientras que Estados Unidos figura como el mayor mercado consumidor.
En el territorio nacional operan diversas organizaciones ilegales que financian sus actividades mediante el cultivo y la distribución de sustancias ilícitas.
De acuerdo con un reporte técnico de la Fundación Ideas para la Paz basado en datos oficiales de 2025, las redes criminales que operan en el país reúnen a cerca de 25.000 personas.
Estas estructuras armadas tienen presencia en diferentes departamentos del país para controlar las rutas de exportación.