reforma tributaria 2021

Reforma tributaria 2021: la políticamente posible, pero no la necesaria

Análisis. Corficolombiana dice que está lejos de ser una ley estructural y no permitirá al país recuperar el grado de inversión.


Este martes el presidente Iván Duque sancionó la Ley de Inversión Social, más conocida como la reforma tributaria, que le generará recursos al país por 15,2 billones de pesos y ayudará a enderezar las finanzas en los próximos años.

La mayor parte del recaudo de la ahora ley tiene que ver con el aumento del impuesto de renta de personas jurídicas (el ajuste fiscal tendrá lugar a partir de 2023), con el incremento de la tarifa del impuesto de renta a las empresas, de 30 a 35 por ciento. Ahí está también la sobretasa de impuesto de renta, de 3 puntos porcentuales, a las instituciones financieras, lo que aplicará entre 2022 y 2025. De igual manera, se inicia el desmonte de los beneficios de la Ley de Crecimiento de 2019 (descuento de ICA en impuesto de renta se mantiene en 50 por ciento en 2022), sin descontar las medidas de austeridad y lucha contra la evasión, de 1,9 billones de pesos, que algunos califican como “muy ambiciosas” para lo que hasta ahora se ha avanzado en ese tema del que se habla hace rato.

La reforma -y es lo que el Gobierno presenta como más importante- incluye la extensión de programas sociales, y el cambio a la llamada Regla Fiscal, una ley que se creó para ponerle límite al déficit fiscal, y llegar así a sanear las finanzas públicas.

Pero es limitada

No obstante, el alcance de la tributaria está limitado. Según un análisis de Corficolombiana, la Ley de Inversión Social es la reforma fiscal que fue políticamente posible, “pero está lejos de ser una reforma estructural como la que tuvo que ser retirada (la presentada por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla), la cual buscaba aumentar la carga a personas naturales y reducirla a las empresas, en línea con las recomendaciones de la Comisión de Expertos en beneficios tributarios”.

Corficolombiana señala que “desafortunadamente”, la propuesta de ley de Solidaridad Sostenible no fue bien explicada y ni siquiera logró convertirse en ponencia. El paro nacional convocado previamente por organizaciones sindicales para el 28 de abril tomó como una de sus banderas la oposición a la reforma fiscal y, particularmente, el hecho de que se gravara con más impuestos a las personas naturales de “clase media” y se ampliara el IVA. “Poco o nada se debatió sobre el efecto redistributivo que podría tener y el hecho de que se buscara adoptar el programa de gasto social más ambicioso en la historia del país”, añade el estudio.

Las comparaciones

Al comparar la reforma aprobada con la que se propuso en abril, para esta firma resulta positivo que la ley sancionada por el presidente Duque responda a las necesidades sociales que dejó la crisis generada por la pandemia, al tiempo que impulsa un ajuste fiscal a partir de 2023 para evitar un mayor incremento de la deuda pública. También es positivo que adopte una nueva regla fiscal que tiene en cuenta un ancla y un límite de deuda.

“Sin embargo, la reforma aprobada deja la mayor parte del ajuste fiscal al siguiente gobierno. Además, las presiones de gasto y las necesidades fiscales hacen muy probable que el país deba buscar otra reforma con medidas más estructurales desde el punto de vista de gasto y los ingresos tributarios. La reforma será bien recibida por los mercados y las calificadoras, pero no bajo la perspectiva de que le permitirá recuperar al país el grado de inversión, sino que evitará por el momento un escenario de rebajas adicionales en dicha nota y por tanto una mayor prima de riesgo”, agrega el análisis.

Sigue el enredo en el sistema tributario

Destaca que, por otro lado, la Ley de Inversión Social no logró avanzar hacia el objetivo de tener un sistema tributario más simple, sin trabas y con un mejor balance entre el recaudo a empresas y personas naturales, sino que retrocede en dicho objetivo. Adicionalmente, la nueva regla fiscal está reconociendo que la deuda bruta de largo plazo es de 55 por ciento del PIB, es decir, 22 puntos porcentuales superior al nivel que establecía implícitamente la Regla Fiscal anterior. “La gran pregunta es si estos niveles de endeudamiento estructural son consistentes con los de un país que puede recuperar el grado de inversión en los próximos años o si, como todo lo indica, el país tendrá que hacer esfuerzos fiscales adicionales para mejorar su calificación crediticia”, puntualiza.