Salario mínimo: “Brecha entre capacidad productiva del país y el nivel del mínimo es el principal problema”, advierte Daniel Gómez Gaviria

A medida que el Gobierno nacional, los gremios empresariales y las centrales obreras se preparan para iniciar la concertación del salario mínimo de 2026, el debate sobre su impacto en el empleo y la productividad vuelve a ocupar el centro de la agenda económica. La discusión, que cada año enfrenta visiones encontradas entre la necesidad de proteger el poder adquisitivo y la sostenibilidad del empleo formal, encuentra ahora nuevas alertas en un análisis de Daniel Gómez Gaviria, economista y exvicepresidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Gómez Gaviria advierte que la forma en que se ha fijado el salario mínimo en el país “está generando efectos indeseados: excluye del empleo formal a quienes más necesita proteger, dificulta la expansión de la protección social y refuerza un modelo de autoempleo de subsistencia que refleja el mal funcionamiento del mercado laboral”.

El economista señala que el principal problema radica en “la brecha entre la capacidad productiva del país y el nivel del salario mínimo legal”.

De acuerdo con cálculos del Dane y la Ocde, el salario mínimo en Colombia “equivale a cerca del 90–92 % del salario mediano, mientras que el promedio de la OCDE está en torno al 56 %”. En otras palabras, el piso salarial legal está muy cerca del ingreso medio de la población ocupada, una situación que, en su criterio, “implica que el salario mínimo colombiano es ‘alto’ en relación con la productividad promedio, lo que genera tensiones entre regulación laboral y realidad económica”.

Esa distancia entre el nivel del salario y la productividad tiene efectos directos sobre el empleo formal. Según Gómez Gaviria, las empresas con trabajadores de baja productividad —microempresas, negocios familiares o unidades rurales— “no pueden pagar ese salario dada su baja productividad, por lo que recurren a la informalidad, la subcontratación o el trabajo por cuenta propia”. En consecuencia, “en Colombia, el 55 % de los trabajadores son informales, y en muchas regiones la informalidad supera el 80 %”.

El fenómeno del autoempleo, agrega, se ha convertido en una válvula de escape. “Cerca del 45 % de los ocupados trabaja por cuenta propia, y el Dane estima que existen más de 5 millones de micronegocios, la mayoría de ellos sin registro ni afiliación a la seguridad social”. La mayoría de estas actividades, aclara, “no nacen del emprendimiento innovador, sino de la necesidad: son estrategias de subsistencia frente a un mercado laboral que excluye a los trabajadores menos calificados”.

En este contexto, el exvicepresidente del CPC considera que “el salario mínimo termina reforzando esa exclusión. Si el costo legal de contratar a un trabajador supera el valor que su productividad genera, el empleador no lo vincula formalmente. El trabajador, sin opciones, se refugia en el autoempleo informal”.

El diagnóstico también se apoya en indicadores internacionales. Gómez Gaviria menciona que el Índice de Kaitz, que mide la relación entre el salario mínimo y la mediana salarial, “es una alerta. Un índice por encima de 0,6 o 0,7 suele generar riesgos de exclusión, y en Colombia está por encima de 0,9”. Según explica, esto significa que “el salario mínimo abarca casi toda la distribución salarial y deja muy poco margen para que los sueldos reflejen diferencias de productividad, experiencia o ubicación geográfica”.

En regiones de menor productividad, agrega, “el salario mínimo nacional es, en la práctica, inalcanzable. La consecuencia es doble: menos empleo formal y menor cobertura de protección social”. En un sistema donde los pilares de seguridad —como pensión y riesgos laborales— dependen del vínculo formal, “cada trabajador que queda fuera de la formalidad también queda fuera de la red de seguridad”.

Durante su paso por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gómez Gaviria participó en la Misión de Empleo de 2021, que identificó la necesidad de vincular la política salarial con la productividad. “La política salarial no puede discutirse de manera aislada: debe integrarse a una estrategia que incluya formación para el trabajo, incentivos a la formalización, productividad empresarial y eficiencia del gasto social”, recordó.

Entre sus propuestas, el economista plantea una regla técnica de indexación que tenga en cuenta la inflación, la productividad y el nivel mediano de ingresos, para evitar que el salario mínimo “siga escalando sobre la distribución salarial”. Además, considera que “deben implementarse mecanismos de contratación gradual que reduzcan el costo de vincular jóvenes, mujeres y trabajadores de baja productividad, con subsidios o reducciones temporales de aportes”.

También subraya que “es indispensable fortalecer la formación técnica y tecnológica, especialmente en regiones, para elevar la productividad laboral y permitir que los salarios reales crezcan de manera sostenible”.

De igual forma, propone simplificar la formalización para que más microempresas puedan integrarse a la economía legal. “Los altos costos y la complejidad tributaria disuaden a las microempresas de registrarse”, señaló. “Facilitar su transición a la formalidad —con regímenes simplificados, acceso a crédito y acompañamiento empresarial— permitiría que muchos autoempleados de subsistencia pasen a ser microempresarios sostenibles”.

Finalmente, llamó a desacoplar parte de la protección social del empleo formal, al afirmar que “los sistemas contributivos deben complementarse con mecanismos universales de salud, pensión básica y seguros mínimos que no dependan del tipo de contrato y se financien desde el presupuesto general y la tributación”.

Gómez Gaviria concluyó que “Colombia enfrenta una paradoja: un salario mínimo diseñado para proteger la dignidad del trabajo está profundizando la informalidad y el autoempleo precario”. No se trata, advirtió, de reducir el salario, sino de crear condiciones para que las empresas puedan pagarlo. “La verdadera justicia laboral no está en el decreto, sino en la productividad, la educación y las oportunidades reales que permitan trabajar con dignidad y progresar”, puntualizó.