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PENSIONES

Traslados pensionales avalados por el Gobierno: Asofondos dice que solo benefician a los ricos

El gremio de los fondos privados dice que la medida es dañina porque aumenta la demanda de subsidios para financiar las pensiones en el régimen público.

22 de septiembre de 2021

En medio de la más fuerte controversia en el país, alrededor de los traslados pensionales desde los fondos privados a Colpensiones, el gremio que los agrupa, Asofondos, salió al quite frente a la propuesta que apareció en la ponencia para votación, del proyecto de presupuesto para 2022, en la que se avala el traslado de afiliados en el régimen de ahorro individual que ellos manejan, al régimen de prima media o modelo público en Colombia.

Para Asofondos, las dos iniciativas que están en la palestra pública, tanto la que tiene origen en el Gobierno (incluida en el proyecto de Presupuesto 2022), como la introducida por los parlamentarios, resultarían dañinas, puesto que “los beneficios reales irían a parar a 19.000 personas de altos ingresos”.

Los fondos privados dicen que salen a abogar por los pobres, puesto que en el caso de la propuesta del Gobierno, que pone una condición para el traslado de un régimen a otro (750 semanas cotizadas y edad, más de 47 años en el caso de las mujeres y más de 52 años en el de los hombres), “corroboran una vez más la ineficiencia en la asignación de los subsidios pensionales en el país, con beneficios para los más privilegiados”.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, sostuvo: “Nos preguntamos, ¿en esta foto dónde quedan los más pobres? No se ven. Realmente, las iniciativas, ambas, ahondan la desigualdad en el país; ilustran, además, la ineficiencia en la asignación de los subsidios estatales, pues en las dos propuestas dichos beneficios van a manos de quienes más tienen. Además, amplían el hueco fiscal, con extracostos que en todo caso terminaremos pagando todos los colombianos a través de mayores impuestos”.

Archivo SEMANA | Foto: 123RF

El otro argumento

Mientras que para los congresistas que han sustentado la necesidad de hacer, lo que llaman “justicia”, con los colombianos que se pasaron del régimen público al privado, sin el debido asesoramiento, y ahora están arrepentidos, Asofondos señala que la iniciativa de traslado “ahonda desigualdades en el país porque beneficia a quienes más tienen y no a las mayorías que poco o nada tienen”.

Argumentan que, en el caso de la propuesta del Gobierno, el costo adicional de los subsidios a las pensiones altas sería de $3,8 billones. Y en cuanto a la propuesta parlamentaria, que habla de un traslado exprés, sin condiciones, como una ventana única, el costo fiscal sería de $35 billones, según cálculos del mismo Ministerio de Hacienda.

Pagarían todos los colombianos

Desde la perspectiva de Asofondos, el traslado “destruye ahorro y profundiza la deuda pensional con extracostos que, en últimas, pagaremos todos los colombianos a través de mayores impuestos”.

El gremio hizo cuentas y enfatizó en que a 4 de cada 5 personas no les convendría trasladarse, debido a que “los afiliados que cumplen los requisitos de tener por lo menos 750 semanas cotizadas en el régimen público, muestran que el 73,4 % de ese grupo de trabajadores tiene ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos”. Por lo tanto, “para ellos la mejor opción es seguir con sus fondos de pensiones, puesto que con menos tiempo cotizado (22 años) tendrán idéntica o similar mesada que en Colpensiones donde se exigen 25 años de cotizaciones”, sostuvo Montenegro.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos | Foto: Revista Dinero

Lo cierto es que el Congreso, hasta el momento, avanza en el debate y aprobación en primer debate del proyecto de ley de presupuesto para 2022, en el que se incluye el traslado, lo que ya algunos ven como un riesgo, desde diversas perspectivas. Por un lado, si llega a existir una demanda y el trámite judicial alcanza los estrados de la Corte Constitucional, en ese Alto Tribunal ya se han tomado decisiones, según las cuales advierten que los temas pensionales se deben tramitar en leyes ordinarias con el tema específico y no en paquetes dentro de otras leyes.

Adicionalmente, algunos analistas han advertido que podrían presentarse demandas, por tratamientos diferenciales, es decir, dejan pasar a unos y a otros no.

Así las cosas, por ahora la última palabra la tiene el Congreso de la República.