Una situación tensa se vive en la frontera colombo ecuatoriana, luego de que los gremios del transporte pesado de Carchi (Ecuador) e Ipiales (Colombia), dijeron que se irían a paro binacional si no se avanza en el arreglo de la situación entre las dos naciones que está afectando a los ciudadanos que viven del comercio binacional.
El intercambio de medidas impositivas, en vez de una negociación que permita dirimir el verdadero motivo de la molestia: la inseguridad y la posición de Ecuador de que el gobierno colombiano no está haciendo nada, solo estaría generando efectos en la economía de las fronteras y amenazando el empleo, del cual derivan su sustente miles de familias de ambas naciones.
En ese contexto, Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga-gremio de transportadores en Colombia, manifestó su preocupación y advirtió que lo menos que serviría en estos momentos sería un paro binacional.
Principalmente, porque, a juicio del directivo gremial, un paro aplica cuando hay una actividad, pero en este momento, todo está detenido. “Cuando hablamos de paro nos referimos a una interrupción de actividades y hoy, determinantemente, está establecido que no tenemos ninguna actividad en el transporte de carga en la frontera”, manifestó Cuervo.
El presidente de Fedetranscarga afirma que lo que se requiere es que se reactive el comercio binacional, porque, a fin de cuentas, los perdedores son ambos países, y, principalmente, los habitantes de los dos países. “No se trata solo de esa balanza de pagos que estamos teniendo (desequilibrada), sino de la gente”.
Según afirmó Cuervo, hoy, la realidad es preocupante: “los colombianos y los ecuatorianos hemos cambiado a los proveedores, porque finalmente, el comercio se sigue sosteniendo”.
Advirtió que, debido a que con el freno que se le está imponiendo al transporte de mercancías, lo que se estaría incentivando sería el contrabando, pues la demanda de productos sería suplida por algún proveedor, generalmente ilegal.
El llamado que hizo el dirigente gremial es al gobierno nacional y al del Ecuador, para que se levanten las medidas arancelarias, que son restrictivas del comercio y van en contravía del Pacto Andino. Si hay una diferencia alrededor del tema de seguridad, el asunto se debería abordar, en busca de una solución, y no para afectar a los ciudadanos, pues, de los habitantes de frontera, el 35 % depende de la relación bilateral.