La mitad de los reclusos en el país alcanzaron máximo quinto de primaria en su educación

¿Qué sucedería si el sistema de salud público no cumpliese con el fin de proteger la salud de los ciudadanos? O peor aún, ¿Qué pasaría si fuese en contra de tal fin al generar o empeorar problemas de salud de sus usuarios? Probablemente habría un escándalo, debate público y se llegaría a la conclusión de que hay que hacer grandes reformas al sistema.

Algo similar sucede con el sistema penitenciario y carcelario colombiano. La completa ineficacia de las prisiones para cumplir con sus fines declarados (que no se reducen a castigar, sino también a tratar, resocializar y proteger la integridad de los condenados) a nadie escandaliza.

A los ya conocidos problemas de hacinamiento carcelario se debe sumar el hecho de que el sistema penitenciario no está contribuyendo la resocialización de los condenados.

El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana analizó los datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con corte a junio 2021 sobre la educación en los centros de reclusión para adultos.

El LEE calculó que en abril del 2021 se sumaron alrededor de 22.000 reincidentes en todo el sistema, que le cuestan al país aproximadamente 650.000 millones de pesos al año. Con ese dinero se podría financiar, por ejemplo: El costo promedio de 350 colegios oficiales (que equivale al costo de 253.000 estudiantes) o la “matrícula 0” de un semestre de los estudiantes de instituciones de educación superior públicas de estratos 1, 2 y 3.

El informe del Laboratorio también encontró que la mitad de las personas privadas de la libertad alcanzan quinto de primaria como máximo grado en la educación básica y media, mientras que el 90 por ciento no tienen educación superior, lo que indica que la probabilidad de participar en una acción delictiva aumenta cuando existe un menor nivel educativo.

Por otra parte, el LEE destacó que en algunos centros penitenciarios es posible que los reclusos tomen educación de diferentes grados con el objetivo de que reciban beneficios administrativos como la reducción de penas, así como disminuir las tasas de reincidencia.

No obstante, al revisar las cifras del Inpec encontró que para octubre de 2020 solo el 16 por ciento de los reclusos accedían a este incentivo de educación para reducción de la pena.

“Por ello resaltamos que, con base en estudios internacionales, mejorar el acceso y la calidad de la educación para poblaciones carcelarias disminuye la reincidencia y los costos de futuros reclusos reincidentes. Pero aún más importante; se debe resolver el problema desde antes, mejorando el acceso y la calidad de educación básica y media en las actuales instituciones educativas para la prevención de incurrir en actividades delictivas en el futuro”, dice el informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Javeriana.

Por ejemplo, en Estados Unidos avanzan en demostrar que la clave para reducir los índices de criminalidad es la educación.

Así lo ha confirmado la organización de investigación y análisis RAND, que en un estudio publicado hace un par de años reveló que los presos que reciben educación tras las rejas son mucho menos propensos a reincidir y regresar a la cárcel.

Además, sus posibilidades de encontrar empleo una vez ha terminado su condena aumentan significativamente. El estudio conducido por RAND es el más grande jamás hecho sobre educación en las prisiones de Estados Unidos.

Los investigadores descubrieron que los prisioneros que participan de programas educativos o de capacitación tienen un 43 por ciento menos de posibilidades de regresar a la prisión que aquellos que no reciben educación alguna. Por otro lado, sus posibilidades de conseguir trabajo aumentan en un 13 por ciento frente al grupo que no tomó clases.

Los resultados de la investigación van más allá y sugieren que, además de reducir el crimen, la educación tras las rejas es muy efectiva en cuanto a la relación costo-beneficio. Según RAND, educar a un preso en Estados Unidos puede costar entre 1.400 y 1.744 dólares, lo que es una cantidad ínfima frente a lo que cuesta volver a encarcelar a una persona: de 8.000 a 9.700 dólares.