Detrás de productos como una gaseosa, un paquete de pasabocas o un alimento ultraprocesado se libra una discusión que va más allá del precio que paga el consumidor: qué tan efectivos son los impuestos creados para mejorar la salud, quién termina asumiendo su costo y qué hace el Estado con los recursos que recauda. Ese debate ocupó buena parte del foro Colombia 2027: El nuevo mapa económico, organizado por SEMANA, en medio de una discusión más amplia sobre las cuentas fiscales del país.
La controversia tiene dos puntos de partida. Para sus defensores, gravar las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados puede ayudar a reducir su consumo y prevenir enfermedades. Por otro lado, algunos mencionan que el impuesto se ha convertido en una fuente de ingresos que encarece productos cotidianos y golpea a pequeños comerciantes. La pregunta que atravesó el encuentro fue si la medida está cumpliendo su propósito y si el recaudo llega a donde debería.
Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá, cuestionó que el Gobierno presente el gravamen como una herramienta de salud pública cuando, a su juicio, su efecto principal es fiscal. “Nuestra tesis es que aquí realmente lo que tenemos es una medida efectiva de recaudo”, dijo. Briceño aseguró que los recursos recaudados terminan financiando el gasto general y no necesariamente el sistema de salud o los programas de prevención. También cuestionó que el impuesto pueda acumularse a lo largo de la cadena de producción y distribución, con efectos sobre panaderías, restaurantes y otros negocios, y puso el ejemplo de un pan de chocolate. “Se paga impuesto cuando se compra el insumo para elaborarlo, cuando se produce y nuevamente al venderse”.
Además advirtió que los impuestos saludables son una política tributaria que considera regresiva, que afecta al comercio popular y “su efectividad sanitaria en Colombia todavía requiere una evaluación rigurosa”. Y señaló que no están defendiendo el consumo excesivo de azúcar, “sino que el Estado eduque, prevenga y demuestre resultados antes de seguir encareciendo los productos que compran los colombianos”.
La preocupación por el comercio de barrio fue uno de los ejes del debate. Cristian Stapper, vicepresidente de Fenalco, sostuvo que el impuesto nació para modificar conductas y no para convertirse en una herramienta de recaudo. “Se trata de un impuesto que no busca per se recaudar; lo que pretende ese impuesto es cambiar una conducta”, afirmó.
Stapper cuestionó que exista evidencia suficiente para medir los efectos de largo plazo sobre la salud y aseguró que los tenderos sienten el impacto en sus ventas y márgenes. Según indicó, el 26 por ciento de los tenderos en Colombia ha informado una reducción en sus ventas, en un sector cuyos márgenes de ganancia, afirmó, se ubican entre el 5 y el 10 por ciento. “Es un impuesto al tendero, es un impuesto al barrio y es un impuesto a los ciudadanos de menores ingresos”, sostuvo.
Más que impuestos
Javier Rosales, de NielsenIQ Colombia, aportó una mirada sobre el peso de las tiendas en el consumo. En el país hay cerca de medio millón de puntos de venta de este tipo y buena parte de sus clientes compra con el dinero disponible para el día o la semana. Según los datos expuestos por Rosales, el 82 por ciento de los productos que se venden cuestan menos de 5.000 pesos. En ese escenario, cualquier cambio de precio puede influir en las decisiones de compra.
La discusión no se resolvió en una oposición entre salud y comercio. Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, sostuvo que ya existen estudios observacionales en México y California que encontraron reducciones en indicadores de obesidad, aunque pequeñas. En salud pública, señaló, variaciones modestas pueden tener consecuencias relevantes cuando se observan en poblaciones grandes. Sin embargo, insistió en que el impuesto no puede actuar solo. “Usted no va a acabar con la obesidad con los impuestos, no va a acabar con la obesidad con los sellos. Se necesitan otras estrategias adicionales”, dijo.
Además propuso que el gravamen sea escalonado y cubra más categorías, de modo que incentive a los fabricantes a reformular sus productos y reducir azúcar, calorías, grasa y sodio. La embajadora de México en Colombia, Martha Patricia Ruiz Anchondo, defendió la experiencia de su país y señaló que el Gobierno mexicano busca aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas del 8 al 20 por ciento. Reconoció que los resultados en salud no son inmediatos y que la medida debe acompañarse de otras acciones. También recordó la resistencia que encontró la iniciativa entre empresas y sectores económicos.
Omar Eduardo Galindo, investigador de la Universidad Santo Tomás, puso el foco en quién paga finalmente el gravamen. Aunque la obligación legal recae sobre productores e importadores, el costo impacta a distribuidores, tiendas y consumidores. “El que termina asumiendo el impuesto es el consumidor”, dijo. A su juicio, ese traslado puede presionar algunos precios y plantea una dificultad para las pequeñas empresas, que no siempre cuentan con la capacidad de los grandes fabricantes para cambiar sus fórmulas. Por eso propuso combinar la medida con apoyos a las mipymes y destinar parte de los recursos a salud, promoción de hábitos saludables y alimentación escolar.
¿De dónde saldrán los recursos?
El debate se dio en un foro atravesado por otra preocupación: la estrechez de las finanzas públicas. José Ignacio López, presidente de ANIF, advirtió que el país se juega la estabilidad macroeconómica y la capacidad del Estado para cumplir sus funciones. Si se propone desmontar un tributo, dijo, también hay que explicar con qué se reemplazan los ingresos.
Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, coincidió en que el ajuste fiscal es necesario, pero pidió que sea eficiente, simple y equitativo. Entre las alternativas mencionó revisar los subsidios a los combustibles. Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, advirtió que 2027 será un año difícil y que la economía podría crecer poco, en parte por la necesidad de moderar la demanda para contener la inflación. Su llamado fue a pasar de los anuncios a decisiones concretas.
En este contexto, los impuestos saludables son más que una discusión sobre el precio de una bebida o un paquete de pasabocas. Su futuro enfrenta dos exigencias: demostrar con evidencia si contribuyen a mejorar la salud y explicar con claridad cómo se utilizan los recursos que generan. Y si se decide reducirlos o eliminarlos, el debate fiscal obliga a responder una pregunta adicional: de dónde saldrá el dinero que hoy aportan.