Llevar desarrollo a territorios golpeados por el conflicto armado ha sido uno de los grandes retos del país. Con ese objetivo nació el Programa Colombia Sostenible, una iniciativa impulsada en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz que buscó combinar producción, conservación ambiental y generación de ingresos para comunidades rurales.
Las cifras muestran la dimensión de la apuesta: 100 millones de dólares de inversión, 201 proyectos ejecutados y presencia en 114 municipios PDET distribuidos en distintas regiones del país.
Pero uno de los datos que más llama la atención está en las personas beneficiadas. El programa reporta 36.428 participantes, entre campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes. De ellos, 15.218 son mujeres, casi el 42 % del total.
El impacto también se refleja en los territorios. Según el balance, se intervinieron 56.830 hectáreas y otras 21.311 hectáreas entraron en procesos de conservación y restauración ambiental.
Las metas ambientales incluso terminaron superando las proyecciones iniciales. Las áreas vinculadas a esquemas de conservación llegaron a 256% de cumplimiento, y los procesos de restauración alcanzaron 640% frente a lo planteado inicialmente.
Pero quizás el dato más llamativo está en el bolsillo de las familias. Una evaluación realizada por la Universidad de los Andes encontró que los hogares beneficiarios registraron un aumento cercano al 77% en sus ingresos agropecuarios anuales.
“Hoy lo que estamos mostrando son resultados, no proyecciones de cosas que vamos a hacer. Los resultados del programa hablan por sí solos”, aseguró Mariana Gómez, directora del Fondo Colombia en Paz.
El programa también fortaleció más de 30 cadenas productivas, entre ellas cacao, café, turismo de naturaleza, ganadería sostenible y piscicultura.
La presencia territorial es otro de los logros destacados. Cauca fue el departamento con mayor número de iniciativas apoyadas, con 34 proyectos, seguido por Tolima con 29, Antioquia con 22, Caquetá con 18 y Nariño con 16. Todas son regiones que históricamente han enfrentado problemas asociados al conflicto, la pobreza rural y limitaciones para acceder a oportunidades productivas.
Los resultados también muestran avances en inclusión financiera y condiciones de vida. La evaluación de impacto identificó mejoras en seguridad alimentaria entre los hogares participantes y un mayor acceso a mecanismos de ahorro y crédito para actividades productivas. Además, las unidades agrícolas que adoptaron sistemas sostenibles alcanzaron un cumplimiento del 102 %, mientras que los productores que implementaron estos modelos llegaron al 107 % frente a las metas inicialmente planteadas.
Otro de los aspectos que destaca el informe es el impacto sobre las prácticas productivas. Más productores comenzaron a adoptar modelos sostenibles que buscan aumentar la productividad sin ampliar la presión sobre bosques y ecosistemas estratégicos, una de las mayores preocupaciones en varias zonas rurales del país.
En regiones donde durante décadas las oportunidades fueron escasas, la sostenibilidad no solo se mide por recursos ejecutados o metas cumplidas, sino por la capacidad de generar cambios que permanezcan en las comunidades. Garantizar que perduren a través de los años y los gobiernos es el gran reto que ahora tienen las autoridades.