El mensaje comenzó en Bogotá, pero rápidamente se extendió a las regiones y los campus universitarios. La estrategia Paz Electoral de la Procuraduría General de la Nación dejó de ser una consigna institucional para convertirse en un relato compartido que hoy atraviesa el debate público: votar sin miedo, discutir sin odio y aceptar los resultados como regla básica del juego democrático. La iniciativa busca reinstalar la confianza en un momento en el que la conversación política ha estado marcada por sospechas, desinformación y tensiones propias de la contienda electoral.
El punto de partida fue el acto en la sede de la Registraduría, el pasado 26 de febrero, en el que el procurador Gregorio Eljach apareció acompañado por el registrador nacional, Hernán Penagos, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. La imagen simbolizó un mensaje de cohesión institucional en medio de un ambiente político crispado y de un debate electoral cada vez más intenso.
En conversación con SEMANA, Eljach insistió en que la iniciativa busca algo elemental pero decisivo: participación ciudadana. “Tenemos una cita con la democracia y queremos que se viva en paz, con respeto por quien piensa distinto”, afirmó. Su apuesta es que la jornada electoral marque un punto de inflexión frente a la abstención y contribuya a fortalecer la legitimidad institucional en un contexto de alta polarización y creciente ruido informativo.
Un mensaje de confianza
La narrativa institucional giró en torno a la confianza. Penagos defendió las garantías del sistema electoral y apeló a una pedagogía que trascienda la coyuntura. “Las elecciones deben ser una fiesta democrática”, dijo, al enumerar medidas como la biometría, la publicación de actas y las auditorías tecnológicas al software que se utilizará en el proceso. Para el registrador, la transparencia no solo debe existir, sino también ser visible y verificable por la ciudadanía.
Rodríguez, por su parte, se centró en la corresponsabilidad. “Este proceso no es solo del registrador ni de la Registraduría; es un compromiso de cada colombiano”, afirmó. El contralor subrayó que la legitimidad electoral depende tanto de las garantías institucionales como del comportamiento responsable de actores políticos, campañas y votantes en la recta final del proceso.
Para el procurador, la ecuación se resume así: participación más respeto por los resultados equivale a estabilidad institucional. “El punto de llegada es aceptar lo que digan las urnas”, reiteró. En su criterio, la paz electoral no se limita a la ausencia de violencia, sino que implica disposición democrática para reconocer la voluntad popular.
Qué pasa en las regiones
El paso siguiente fue territorial. La Procuraduría activó una red de coordinación con gobernadores y alcaldes para trasladar el mensaje a departamentos y municipios, donde la logística electoral convive con retos de seguridad y riesgos de interferencia política. La estrategia pretende que la paz electoral se traduzca en acciones concretas de prevención, vigilancia y pedagogía en cada territorio.
La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, planteó que la paz electoral no puede entenderse solo como un asunto operativo. “Proteger el derecho a elegir y ser elegido es una responsabilidad constitucional y moral”, y destacó el papel de los mandatarios regionales como primeras autoridades de orden público.
En el Cauca, el seguimiento electoral se ha convertido en una práctica permanente ante la necesidad de garantizar que la ciudadanía vote sin presiones. Antioquia apostó por herramientas de análisis de riesgo, mientras que Córdoba, Nariño y La Guajira reforzaron comités de garantías y mesas de coordinación con la Fuerza Pública para anticipar focos de tensión y prevenir hechos de violencia política.
Las principales ciudades capitales replicaron el mensaje desde otra orilla. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, habló de unidad institucional; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, insistió en que la defensa de la democracia exige acciones concretas, y ciudades como Cali, Cartagena y Bucaramanga activaron dispositivos de seguridad, campañas pedagógicas y mecanismos de monitoreo para blindar la jornada electoral y dar tranquilidad al electorado.
Los gremios entran en la conversación
El llamado a la paz electoral también encontró eco en el sector empresarial. Desde distintos gremios del país se ha insistido en que la estabilidad institucional y el respeto por las reglas del juego democrático son condiciones necesarias no solo para la convivencia política, sino también para el desarrollo económico y la confianza inversionista.
En línea con la invitación de la Procuraduría, organizaciones del sector real han puesto en marcha iniciativas orientadas a promover el voto libre, informado y responsable. Camacol, por ejemplo, impulsa desde finales del año pasado la campaña ‘Con mi voto construyo’, una estrategia que ha sido divulgada en sus 19 regionales y que busca conectar la decisión en las urnas con aspectos cotidianos como el empleo, la empresa y el progreso.
Para Guillermo Herrera, presidente de Camacol Nacional, las decisiones electorales tienen un impacto directo sobre el entorno productivo. “Lo que se defina en las próximas elecciones de Congreso y Presidencia tendrá efectos sobre la inversión privada, la estabilidad normativa y la confianza del país”, señaló.
Desde el sector agroindustrial, la presidenta ejecutiva de Corpohass, Katherine Mejía, subrayó que la paz electoral también se construye desde la inclusión económica. “Un ciudadano con empleo formal es un ciudadano que participa y cree en las instituciones. Promovemos el diálogo respetuoso y la construcción colectiva como caminos para superar la polarización”, afirmó.
Fenalco se sumó al llamado con un énfasis particular en la pedagogía democrática. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, explicó que el aporte del gremio pasa por fomentar el pensamiento crítico y el voto informado. “No se trata de orientar preferencias, sino de promover decisiones libres y responsables”, sostuvo. Cabal advirtió además sobre el impacto de la desinformación en contextos electorales y planteó que el sector empresarial puede contribuir a difundir información verificada y prácticas responsables en redes sociales.
El compromiso gremial también se refleja en el campo. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), destacó el proyecto ‘43 Caminos para Cumplirle al Campo’ y la campaña ‘Vota campo, cosecha futuro’, como una invitación a que la ruralidad participe activamente en la definición del rumbo del país.
Desde el sector automotor, el Grupo Astara resaltó la importancia de preservar la confianza inversionista y el entorno de estabilidad. “Nuestra invitación es a trabajar por un país en democracia y en economía abierta, que permita desarrollar los negocios y responder a los intereses de todos los actores”, señaló Andrés Aguirre, Country Manager de la compañía.
Los empresarios coincidieron en que respaldar a las instituciones electorales es una condición clave para el funcionamiento del sistema democrático. Han reiterado la importancia de rodear a la Registraduría, al Consejo Nacional Electoral y a las entidades que garantizan el desarrollo del proceso. Para Cabal, su labor asegura reglas claras, por lo que todos los sectores deben promover el respeto institucional y la defensa de su autonomía.
La presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional 2026, Natalia Gutiérrez Jaramillo, resumió esa visión en un principio básico: defender elecciones libres, transparentes, seguras y oportunas. En su criterio, esto implica respetar las reglas, promover debates sustentados en argumentos y, sobre todo, reconocer los resultados como expresión legítima de la voluntad ciudadana.