En esta época electoral, el debate dejó de ser un asunto exclusivo de campañas y partidos. Desde las instituciones se ha ejercido un papel muy activo que busca garantizar que este ejercicio democrático se realice con transparencia, seguridad y en paz.
Desde la Procuraduría General de la Nación se ha enviado un mensaje claro sobre la necesidad de garantizar elecciones en paz y, sobre todo, de respetar sin reservas los resultados.
La iniciativa, promovida por el procurador Gregorio Eljach Pacheco, no se ha presentado como una simple exhortación. Desde comienzos de año, la entidad ha venido tejiendo una red de apoyos con gobernadores, alcaldes, concejales y organizaciones territoriales para que la llamada estrategia de Paz Electoral no se quede en Bogotá, sino que llegue a todos los departamentos y municipios.
“El país necesita elecciones libres, transparentes y seguras, que se hagan en su oportunidad y, especialmente, que se respeten los resultados que digan las urnas”, afirmó Eljach ante los alcaldes reunidos en el encuentro de Asocapitales el pasado 18 de febrero.
En su intervención insistió en que la Procuraduría quiere acompañar, vigilar y respaldar a las autoridades locales para que el proceso avance sin sobresaltos y sin dudas sobre su legitimidad. “Me siento muy acompañado. Venimos avanzando en la estrategia de paz electoral”, señaló.
El trasfondo político es evidente. En un ambiente marcado por la polarización y por discursos que anticipan sospechas sobre el sistema electoral, la Procuraduría busca enviar un mensaje de estabilidad institucional. La defensa de la democracia, en esta narrativa, pasa por el principio básico de que las reglas se respetan y los resultados se acatan. La entidad no compite en el terreno partidista, pero sí fija una posición sobre la importancia de preservar la confianza pública en el proceso.
Los departamentos como primera línea
El mensaje del Procurador encontró eco en los departamentos. Desde la Federación Nacional de Departamentos, su presidenta, Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta, respalda la idea de que los gobernadores deben asumir un papel activo como garantes territoriales de la democracia. En su criterio, la paz electoral no puede depender únicamente de la logística nacional; requiere decisiones y controles en el nivel regional.
Los gobernadores, recordó, son primeras autoridades de orden público y tienen la responsabilidad de coordinar con la Policía, las Fuerzas Militares, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía. Esa articulación no solo busca prevenir hechos de violencia, sino también blindar la neutralidad institucional y vigilar el uso de los recursos públicos en época electoral.
“Más que una tarea administrativa es una responsabilidad constitucional y moral: proteger el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos”, afirmó Cortés. Desde las gobernaciones, añadió, se están identificando riesgos, revisando antecedentes y promoviendo pedagogía democrática. Pero advirtió que reducir la paz electoral a un asunto operativo sería un error porque también está en juego la dignidad del voto y la confianza en las instituciones.
En los territorios con mayores desafíos de seguridad, la estrategia adquiere un carácter más tangible. Desde el Cauca, el gobernador Jorge Octavio Guzmán explicó que su administración ha realizado comisiones periódicas de seguimiento electoral junto con la Registraduría, la Fuerza Pública, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral. Entre 2024 y 2025 se llevaron a cabo 12 comisiones, y en lo corrido de 2026 ya se han sumado tres más.
“Defender la democracia en el Cauca significa asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto sin miedo”, señaló. En un departamento donde más de un millón de personas están habilitadas para sufragar, la coordinación interinstitucional se ha convertido en un ejercicio permanente, no en una reacción de última hora.
En Antioquia, la Gobernación ha optado por descentralizar el análisis de riesgos a través de sesiones subregionales del comité de garantías electorales. A ello se suma la creación de un Índice Compuesto de Riesgo Electoral 2026, diseñado por su Centro de Inteligencia Artificial y Analítica para la Convivencia, con el propósito de anticipar posibles focos de tensión y priorizar la presencia institucional.
Desde Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta aseguró que los comités electorales están activos y que incluso se han debido atender contingencias derivadas de inundaciones que podrían afectar la logística. “Estamos listos para que Colombia salga a participar de manera libre”, afirmó, subrayando que la preparación incluye tanto seguridad como soluciones prácticas para garantizar el acceso a los puestos de votación.
La situación en La Guajira plantea retos adicionales. El gobernador Jairo Aguilar Deluque explicó que se han instalado mesas de trabajo ante la presencia de distintos grupos armados y economías ilegales en la región. Municipios como Uribia requieren atención especial. “Garantizar que esta jornada electoral se viva en paz es un compromiso que debemos asumir todos”, sostuvo, al detallar la coordinación con autoridades civiles y militares.
En Nariño, el gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo informó que se han realizado al menos cinco consejos departamentales de garantías electorales, en los que se revisan denuncias por compra de votos y eventuales restricciones a la movilidad de candidatos. Aunque reconoce alertas, sostiene que las condiciones están dadas para un proceso con garantías.
Santander también ha activado su mesa de seguimiento. El gobernador Juvenal Díaz Mateus explicó que se coordinan acciones para cubrir 825 puestos de votación y más de 5.000 mesas. Admitió que en el Magdalena Medio existen amenazas latentes, pero aseguró que el trabajo conjunto con la Procuraduría permite monitorear y reaccionar oportunamente.
En el Amazonas, el gobernador Óscar Sánchez Guerrero describió medidas específicas: suministro de combustible para transporte fluvial de vigilancia, instalación de un puesto de mando unificado en Leticia y coordinación con la Guardia Indígena en áreas no municipalizadas. Aquí la geografía impone desafíos que exigen soluciones diferenciadas.
En el Caribe, departamentos como Atlántico, Sucre y Magdalena han intensificado las comisiones de seguimiento. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, advirtió sobre antecedentes de constreñimiento al elector en varios municipios y anunció el acompañamiento de autoridades nacionales para reforzar los controles.
Capitales y concejos: respaldo político y pedagógico
Mientras los departamentos ajustan dispositivos de seguridad y activan rutas de prevención, las capitales del país han decidido asumir un papel complementario al enviar un mensaje político claro en defensa de la legitimidad del proceso electoral. La estrategia no se limita a lo operativo, busca consolidar un clima institucional que le dé tranquilidad al votante y cierre espacios a la desinformación y la sospecha.
En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán sostuvo que las capitales se suman a la estrategia para garantizar un proceso oportuno y transparente. “Tenemos que trabajar por la unidad institucional del país”, afirmó. Más allá de la declaración, la administración distrital se comprometió a aterrizar esa directriz en cada localidad, reforzando la coordinación entre entidades y promoviendo un ambiente de respeto por los resultados.
Toda esta articulación no surgió de manera aislada. Desde Asocapitales se impulsó un espacio de trabajo directo entre los alcaldes y la Procuraduría para anticiparse a los riesgos advertidos por los organismos de control. Su director ejecutivo, Andrés Santamaría, explicó que hoy existe una comunicación más fluida, intercambio de información y acompañamiento en los territorios con alertas.
“Las alcaldías no pueden ni deben intervenir en la contienda política. La democracia no se improvisa, se cuida”, señaló, subrayando que las capitales deben ser territorios de garantías, libres de intimidación, fraude o violencia política.
Desde Cali, el alcalde Alejandro Eder puso el énfasis en la seguridad como condición indispensable. Propuso un consejo bidepartamental con Valle y Cauca para enfrentar amenazas compartidas, especialmente en municipios del sur del Valle y el norte del Cauca. La invitación a las entidades nacionales fue directa: anticipar riesgos y proteger la vida como premisa básica de cualquier jornada democrática.
Desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez insistió en que la defensa de la democracia no puede quedarse en el discurso. Aseguró que los mandatarios se articularán bajo la directriz del Procurador y que en cada territorio se reforzarán las condiciones de seguridad y transparencia para que los ciudadanos puedan votar sin presiones, consolidando así el mensaje de unidad institucional que atraviesa la estrategia.
La misma línea se replicó en Cartagena, donde el alcalde Dumek Turbay reunió a su gabinete con la Procuraduría regional para reiterar las prohibiciones frente a la participación indebida en política. El mensaje fue contundente: ningún funcionario puede usar su cargo para influir en el voto, y cualquier falta tendrá consecuencias disciplinarias y penales.
En Ibagué, la alcaldesa Johana Aranda habló de un despliegue logístico y presupuestal orientado a despejar dudas sobre la transparencia. Y en Bucaramanga, la administración municipal detalló la coordinación con la Policía y el Ejército para custodiar puestos de votación y proteger el traslado y escrutinio de los votos, reforzando la idea de que la confianza también se construye con presencia institucional visible.
La dimensión municipal del respaldo fue subrayada por Julián Sánchez Acosta, alcalde de Soacha y presidente de la Federación Colombiana de Municipios. Advirtió que el país enfrenta una compleja situación de orden público que impacta especialmente a 162 municipios clasificados por la Defensoría del Pueblo en riesgo extraordinario y extremo.
Frente a ese panorama, explicó que la Federación ha fortalecido la capacitación y el acompañamiento para blindar el derecho al sufragio frente a cualquier injerencia ilegal. Y pidió reforzar las medidas de seguridad tras recientes hechos de presión armada contra mandatarios locales, afirmó que no existe razón para cuestionar anticipadamente la validez de las elecciones; cada alcaldía promoverá el respeto absoluto por los resultados, combinando pedagogía democrática y acciones de policía para prevenir el constreñimiento electoral.
En paralelo, los concejos municipales han comenzado a ejercer un control político más activo sobre la preparación local. En distintas ciudades, concejales han solicitado informes sobre contratación, uso de recursos y planes de contingencia, alineados con el enfoque de vigilancia preventiva que promueve la Procuraduría. La discusión no se limita a la seguridad física, sino que abarca la transparencia administrativa y la responsabilidad institucional.
Elecciones en paz
Vista en conjunto, la estrategia de Paz Electoral busca instalar la idea sencilla pero profunda de que la estabilidad democrática no depende únicamente del día de la votación, sino de un proceso continuo de coordinación, vigilancia y pedagogía. En un país atravesado por tensiones políticas y desafíos de seguridad persistentes, el mensaje apunta a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
La apuesta es territorial y política al mismo tiempo. Gobernaciones, alcaldías, concejos y gremios han sido convocados a asumir la defensa del proceso electoral como una responsabilidad compartida. De aquí a las presidenciales, esa narrativa será puesta a prueba en cada región.
La Procuraduría ha logrado posicionar la paz electoral en el centro de la conversación pública y comprometer a las autoridades locales con un principio esencial de cualquier democracia: que la voluntad expresada en las urnas sea respetada sin condiciones.