A partir de este 21 de enero, ciudadanos de 75 países ya no podrán solicitar visas de inmigración a Estados Unidos, luego de una decisión adoptada por la administración del presidente Donald Trump, según informó oficialmente el Departamento de Estado. La medida fue anunciada como una suspensión indefinida del procesamiento de este tipo de visados.
De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, la decisión se enmarca dentro de una estrategia más amplia para endurecer la política migratoria durante el segundo mandato de Trump.
Las autoridades señalaron que el objetivo es reforzar los mecanismos de evaluación de quienes buscan establecerse de manera permanente en el país.
La suspensión afecta exclusivamente a las visas de inmigración, incluidas aquellas relacionadas con la residencia permanente y las conocidas green cards. Esto implica que, mientras la medida esté vigente, los ciudadanos de los países incluidos en la lista no podrán iniciar ni continuar trámites para residir de forma permanente en Estados Unidos.
El Departamento de Estado precisó que esta decisión no impacta las visas no inmigrantes, como las de turismo, negocios, estudios o trabajo temporal, las cuales seguirán siendo tramitadas con normalidad bajo las regulaciones actuales. En ese sentido, los viajes de corta duración o con fines específicos no están cubiertos por la suspensión anunciada.
Entre los países afectados se encuentran Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Somalia, además de otras naciones ubicadas en África, Asia, Medio Oriente, América Latina, el Caribe y Europa del Este.
La inclusión de países con históricos flujos migratorios hacia Estados Unidos ha generado inquietudes entre personas que tenían procesos en curso o planes de migración a largo plazo.
Esta medida respondería a las revisiones recientes de los procesos consulares, enfocadas en garantizar que los futuros inmigrantes sean autosuficientes económicamente y no dependan de programas de asistencia pública financiados por el Estado. Este enfoque se relaciona con el principio de “no convertirse en una carga pública”, reiterado por el Departamento de Estado.
Las autoridades explicaron que esta política se basa en directrices más estrictas emitidas en noviembre de 2025, que reforzaron los criterios utilizados por los consulados para evaluar las solicitudes de visa de inmigración. Dichas directrices ampliaron el análisis sobre la situación económica de los aspirantes y su capacidad para sostenerse en Estados Unidos.
La decisión se produce en un momento de fuerte debate político interno en Estados Unidos en torno a la inmigración y la seguridad. Desde mediados de enero, el presidente Trump ha insistido en la necesidad de limitar el ingreso de inmigrantes provenientes de determinados países, como parte de su enfoque migratorio conocido como “America First”.
Para países como Colombia, donde la visa estadounidense figura entre las más solicitadas, la suspensión representa un cambio significativo para quienes buscaban migrar de forma legal y permanente.
No obstante, las autoridades estadounidenses reiteraron que existen opciones de permanencia temporal, especialmente a través de visas laborales específicas, que no están incluidas en la restricción.
Estas suspensiones podrían tener un impacto directo en familias que planeaban emigrar de manera legal, así como en trabajadores que esperaban regularizar su estatus migratorio.
También han señalado posibles efectos en economías regionales que dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos.
Mientras la medida continúe vigente, el Departamento de Estado indicó que las autoridades consulares mantendrán evaluaciones más estrictas en los países afectados, con especial atención al riesgo de que los solicitantes puedan requerir asistencia pública en el futuro.
