El gobierno español presentó el martes medidas para enfrentar la crisis de la vivienda, bajo la presión de las protestas por una mayor protección de los inquilinos, pero su aprobación depende ahora del Parlamento, donde el ejecutivo de izquierdas no tiene mayoría.
El Consejo de Ministros de este martes había levantado una gran expectación entre los cientos de activistas que acampan en la turística Puerta del Sol de Madrid. Instalados allí desde el sábado por la noche, reclaman soluciones para facilitar el acceso a la vivienda ante un mercado con unos precios disparados en los últimos años.
Su indignación estalló tras el desalojo la semana pasada de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que se vio obligada a abandonar el piso en el que vivía desde hacía siete décadas, después de que una empresa de inversión lo adquiriera.
Ante la conmoción desatada, el gobierno anunció la suspensión de los desalojos hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler cuando venzan, dos de las principales demandas de los manifestantes.
Pero estas medidas —anunciadas tras intensas negociaciones dentro de la coalición gubernamental— se incluirán en dos textos que deberán votarse ahora en un Parlamento muy fragmentado, a menos de un año de las elecciones previstas para 2027.
“Es un acuerdo de mucha relevancia social. Es el principal problema de los españoles y las españolas”, celebró la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros.
Contra “fondos buitre”
Entre sus principales objetivos, el gobierno pretende “paralizar compras especulativas” e identificar los “fondos buitre” para prohibirles “que sigan mercadeando con un bien esencial” como la vivienda, continuó Rodríguez, que no detalló qué instrumentos utilizarán para ello.
Estos fondos de inversión, al igual que las plataformas de alquiler turístico de corta duración, como Airbnb, están en el punto de mira de los manifestantes, que los acusan de disparar los precios comprando inmuebles y de reducir la oferta para los residentes.
El Ejecutivo prevé igualmente la “regulación” de los alquileres de temporada y de habitaciones, indicó la ministra de Sanidad, Mónica García, en X.
“Magnífico acuerdo. Hoy es un gran día para inquilinos y pequeños propietarios. Y malo para especuladores”, celebró de su lado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
El Congreso de los Diputados celebrará el viernes un pleno extraordinario para debatir y votar estos decretos ley, según precisó Rodríguez, que llamó a todas las formaciones políticas, incluida la oposición de derechas y de extrema derecha, a formar una “mayoría social” para aprobar ambos textos.
“Esto acaba de empezar”
Pese a que el Sindicato de Inquilinos, uno de los grandes propulsores de las manifestaciones, consideró una “victoria del poder popular” los anuncios del gobierno, también adelantó su intención de seguir protestando.
“Esto solo acaba de empezar y por eso convocamos también movilizaciones estatales en todas las ciudades del país este fin de semana”, advirtió Valeria Racu, una de las portavoces del sindicato en Madrid.
En otras ciudades del país, como Málaga o Sevilla, también comenzaron a instalarse otras acampadas, por ahora menores, en las últimas horas. Mientras, en la capital, las autoridades regionales han dado “un plazo máximo de 48 horas” a la Delegación del Gobierno para que desmantele el campamento “ilegal” de la Puerta del Sol.
Los manifestantes habían logrado una primera victoria en la noche del lunes, cuando se alcanzó un acuerdo con la inmobiliaria que compró el piso de Maricarmen Abascal para permitirle regresar a su casa.
La octogenaria, que lleva hospitalizada desde que fue desahuciada de su vivienda. El acuerdo se alcanzó la noche de este lunes tras más de cuatro horas de reunión entre representantes de Maricarmen y Urbagestión, mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), y contempla un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superará el 30 % de sus ingresos netos.
La noticia la ha conocido Maricarmen este martes en la habitación del Hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada tras el desalojo del pasado miércoles. Ha sido su primo Vicente el encargado de trasladársela, según ha explicado a Europa Press su abogada, Beatriz Duro, quien ha resaltado que la mujer está “muy contenta” de poder regresar a su vivienda, donde continúan sus pertenencias.
Tras la aceptación por parte de Maricarmen del acuerdo, su representación legal está trabajando en las gestiones necesarias para culminar en la formalización del nuevo contrato de alquiler. Según este acuerdo, tendría una duración de ocho años y una renta que no superará el 30 % de sus ingresos netos.
El programa municipal ofrecerá a Maricarmen asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal durante la vigencia del contrato. Para la propiedad incluye un seguro multirriesgo del hogar y otro de impago de las rentas.
*Con información de AFP y Europa Press.