Cuando capturaron a Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero, los bombardeos alumbraron el oscuro cielo de Caracas. Mientras tanto, en la cárcel de El Helicoide se escucharon los estruendos de la operación sobre el Fuente Tiuna, el complejo militar en el que el dictador intentó resguardarse, sin lograr escapar de las manos de la Justicia estadounidense.
Allá estaba Guillermo López y para ese entonces cumpliría dos años de detención. Fue raptado en los últimos días de enero de 2024, cuando formaba parte del comando de campaña de María Corina Machado en el estado Trujillo.
Su familia denunció una desaparición forzada porque pasaron varias semanas sin que se tuviera información de su paradero. Luego, cuando se supo que estaba preso por una supuesta rebelión que le achacaron por ser opositor, no le permitían ver a sus seres queridos con constancia, tampoco tener un abogado de su elección. Eso, cuenta, era un maltrato psicológico.
El ruido de los estruendos cayendo sobre esa base militar le hizo saber que esa era una noche diferente. Aquellos que estaban en celdas con ventanas les confirmaron a sus compañeros que lo que se escuchaba eran bombas cayendo sobre el edificio militar. Llegaron las seis de la mañana y cuando el sol aún no terminaba de posicionarse en el cielo, cantaron el himno nacional de Venezuela como símbolo del inicio de una liberación.
La caída de Maduro cambió el escenario político del país. Con la administración de Donald Trump con los ojos puestos sobre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ordenó la liberación de todos los presos políticos. Las excarcelaciones se han dado a cuentagotas y a veces a medias porque a algunos, como Juan Pablo Guanipa o Freddy Superlano, los dejaron salir con la medida de casa por cárcel.
El Helicoide es una vieja edificación que se erigió para albergar un centro comercial, pero su construcción quedó a medias y se convirtió en una cárcel con un aliento de panóptico con cámaras hasta en los baños, un recinto en el que todo se ve. Allá estaba Guillermo en su día número 740 de estar preso, cuando un oficial lo llamó para un chequeo médico: esa era la señal de que el fin de la era Maduro le abría paso a su libertad.
“A veces no nos daban comida, otras nos amenazaban con nuestra familia. Pero cuando cayó Maduro, había expectativa en un ambiente de miedo”, contó. Fue excarcelado el primero de febrero de este año, exactamente 27 días después de que se fue el dictador, y desde entonces ha regresado a la cárcel, pero en libertad, para reclamar frente a sus puertas que sus compañeros sean excarcelados.
Aunque hay decenas que cuentan una historia como la de Guillermo, otros centenares están esperando que llegue el momento de su liberación. Ese es el caso de las 70 personas que fueron capturadas en la operación Caiga Quien Caiga del 17 de marzo de 2023, cuando el régimen lanzó una redada contra la corrupción y encarceló a decenas sin orden judicial. Tras ese operativo, los familiares solo tuvieron noticias de ellos dos semanas después, cuando el régimen mostró a los retenidos en televisión nacional, vestidos con el uniforme de color naranja como símbolo de que eran supuestos delincuentes.
“No entendíamos qué estaba pasando o por qué les pusieron esos cargos, porque a ellos nunca les permitieron comunicarse con la familia ni tener un abogado propio. Han sido tratados como culpables desde el primer día de su detención. Nosotros ahora hablamos desde la reconciliación y pedimos que estas personas sean tenidas en cuenta”, contó la hermana de una de las personas que sigue detenida. Ella no da su nombre porque teme que haya represalias contra sus seres queridos.
Libertad en marcha
La Asamblea Nacional discute una ley de amnistía que conseguiría que la mayoría de los presos políticos recuperen su libertad. La iniciativa legislativa logró avanzar en el trámite porque la caída de Maduro permitió que los diputados de oposición regresaran al recinto, un hecho al que se sumó la presión de la Casa Blanca para que Venezuela transite, al menos, a una administración en la que se respeten los derechos humanos. Según la ONG Foro Penal, 644 personas siguen detenidas de manera irregular, aunque quienes hablaron con SEMANA apuntaron que podrían ser decenas más.
Darío Estrada ahora puede hablar de ese proceso. Pasó Navidad en prisión, en 2023, después de que dos unidades de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) lo retuvieran durante una redada. Le dijeron que sería encarcelado porque formaba parte de un grupo de WhatsApp en el que chateaban otros opositores del régimen, una conversación que le significó pasar cuatro celebraciones de Nochebuena tras las rejas porque lo acusaron del delito de traición a la patria, entre otros cargos.
Estrada asegura que le “armaron” un expediente en cuestión de días que le impidió defenderse por estos cuatro años y su única oportunidad de volver a caminar por Caracas llegó con la transición en el Palacio de Miraflores. Su vida cambió el 8 de febrero, cuando en el Centro Penitenciario Yare II comenzaron a llamar en lista a otros presos políticos.
Esa tarde escuchó que uno de los custodios dijo su nombre: “Darío”. Acababa de rezar el rosario en compañía de otros presos y no creyó que fuera a él a quien llamaban. Entonces siguió en oración hasta que fueron sus mismos compañeros quienes le advirtieron que estaban pidiendo su presencia. Hizo caso y se presentó ante los uniformados.
“Dame tu cédula”, le dijo el custodio. Entregó su documento de identidad, caminó por un pasillo a cielo abierto y atravesó casi todo el penal hasta llegar al parqueadero de autobuses al que cada mes llegan las familias de los reos para visitar a sus seres queridos. Allá estaban formados otros de sus compañeros del penal y fueron ellos quienes le dieron la noticia.
“Darío, vente, pues”, le dijeron. “¿A dónde?”, preguntó él. “Vente, que nos vamos en libertad”, le respondieron. Se montó en un autobús y, por primera vez después de más de tres años, pudo ver el cielo desde una perspectiva diferente a la del patio de la cárcel en la que pasó sus días alejado de su familia.
Ahora Darío relata su historia en libertad. “Acá están haciendo una ley de amnistía para personas que son víctimas. Están jugando a hacer las cosas con orden cuando es un secreto a voces que usan a los presos políticos como una moneda de canje”, contó. Pero cada liberación, dice, es un paso más cercano a la libertad de Venezuela.
Algunos de los que fueron liberados cuentan fuera de micrófonos que tienen miedo a hablar porque su excarcelación llegó acompañada de una orden que les impide salir del país y les obliga a presentarse cada mes ante un juez. Por eso viven, entonces, en una suerte de libertad condicionada y con el temor de que en la administración del Palacio de Miraflores los que mandan sigan siendo los herederos del chavismo.