Home

Mundo

Artículo

Archivo: El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, hace gestos durante una entrevista con Associated Press en Bruselas, el jueves 10 de octubre de 2019. Correa descarta como "tonterías" las acusaciones de que está conspirando con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para desestabilizar al actual gobierno de Ecuador en medio de violentos disturbios. por alzas de precios de los combustibles. (Foto AP / Francisco Seco)
Archivo: El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, hace gestos durante una entrevista con Associated Press en Bruselas, el jueves 10 de octubre de 2019. Correa descarta como "tonterías" las acusaciones de que está conspirando con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para desestabilizar al actual gobierno de Ecuador en medio de violentos disturbios. por alzas de precios de los combustibles. (Foto AP / Francisco Seco) | Foto: AP

MUNDO

Niegan petición ante la Interpol para emitir alerta roja en contra del expresidente Rafael Correa

Es la tercera vez que se niega una petición de este tipo al ser solicitada por la justicia ecuatoriana.

18 de agosto de 2021

En las últimas horas se conoció que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) negó una nueva petición de alerta roja en contra del expresidente de Ecuador Rafael Correa, tras una solicitud hecha por la justicia del vecino país.

La Interpol es clara en su comunicación al precisar que los argumentos por los cuales se hace la solicitud no están relacionados con el actuar de la organización o sus finalidades, razón por la que “los datos impugnados no se ajustan a las normas de Interpol aplicables al tratamiento de datos personales y deberán ser eliminados de los ficheros de Interpol”.

Entre el año 2018 y 2020, este mismo organismo ya había negado otras dos solicitudes de la justicia ecuatoriana, una de ellas presentada por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia y que con disposición de la juez Daniella Camacho se pedía ubicar y extraditar a Correa a su país para cumplir con la sentencia por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda el 18 de junio, en el cual se le relaciona.

En estas oportunidades Correa señaló que se trata de una guerra judicial en su contra e incluso en noviembre de 2020 varios expresidentes de la región solicitaron de manera formal a la Interpol no emitir ningún tipo de alerta o circular.

Para el organismo, una notificación o alerta roja “es una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”. Según la Interpol, se emite la alerta roja “sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir una condena”.

En mayo de 2021, justo cuando el juez Macías hizo la tercera solicitud, el expresidente correa llegó a territorio venezolano, una imagen que le dio la vuelta al continente y que se asumió como una posible búsqueda de asilo político, pues llevaba viviendo varios años en Bélgica.

“Bienvenido a nuestra ciudad capital, su casa. Venezuela, Caracas. Cuna de nuestro libertador Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Que Dios los ampare. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Gusto en saludarlos”, así recibió un hombre, que sería funcionario del Gobierno venezolano, al expresidente de Ecuador Rafael Correa cuando arribó a Caracas.

La llegada del exmandatario fue dada a conocer por EVTV Miami y fue replicada por varios medios nacionales de Ecuador.

En ese momento, la asambleísta nacional electa por UNES y secretaria nacional de participación ciudadana de Compromiso Social, Pierina Correa Delgado, hermana del expresidente de Ecuador, confirmó la llegada a ese país.

“¡Definitivamente, hay gente que vive para dañar! ¡Estoy en Caracas, sí! Y vine con mi mami, de 86 años, para que mi hermano Rafael pueda abrazarla fuertemente. ¡Nadie tiene la vida comprada y no hay nada más valioso que un hijo abrazando a su madre y una madre abrazando a su hijo!”, escribió Pierina a través de su cuenta oficial de Twitter.

Es de amplio conocimiento que Correa es acusado en Ecuador. La sentencia que lleva a cuestas lo señala de haber liderado una red de corrupción entre los años 2012 y 2016 por recibir aportes para la financiación de Alianza País un movimiento de izquierda fundado por él en mayo de 2006 de manera irregular, a cambio de contratos a empresas privadas por parte del Estado ecuatoriano.