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Guatemala: opiniones divididas frente a endurecimiento de penas contra el aborto.
Guatemala: opiniones divididas frente a endurecimiento de penas contra el aborto. - Foto: @DrGiammattei (Twitter)

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Opiniones divididas en Guatemala tras aprobación de cuestionada ley contra el aborto

La batalla jurídica ahora será trasladada a la Corte de Constitucionalidad de ese país.

A diferencia de lo que viene pasando en otros rincones del mundo, las autoridades legislativas de Guatemala sentaron su posición en oposición a los colectivos que abogan por la despenalización del aborto, y en días recientes aprobaron la denominada “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”.

Esta nueva providencia, aprobada con mayoría de votos de los legisladores adscritos a sectores conservadores, prevé una pena de hasta diez años de prisión para las personas responsables de realizar actos de aborto, incluida la misma mujer que se lo practique.

Con esta normativa, Guatemala endurece sus sanciones contra el aborto, pasando de tres a diez el número de años dispuestos como castigo máximo para esta práctica.

Sin embargo, pese a que la nueva legislación establece una pena máxima de diez años para el aborto, esta también contempla un caso especial, y es el denominado “aborto calificado”, que se refiere a la realización de “maniobras abortivas”, o el mismo aborto a mujeres que no han dado su consentimiento y que además perdieren la vida en dicho procedimiento.

En ese caso, la pena impuesta por la nueva legislación es de 50 años de cárcel.

Tras la aprobación de esta nueva ley en el seno del Congreso, el texto pasará a sanción presidencial del mandatario guatemalteco Alejandro Giammattei, quien en redes sociales se ha expresado a favor ‘de la protección de la vida’.

“No hay excusas para no cumplir lo que manda nuestra Constitución Política de la República, que protege la vida desde su concepción y nosotros hoy enviamos un mensaje claro al mundo”, tuiteó a través de sus redes sociales el presidente de ese país, quien también advirtió que Guatemala se convierte en “la capital provida de Iberoamérica”.

En ese mismo sentido se pronunció desde el parlamento el diputado Armando Castillo, adscrito al partido VIVA, uno de los impulsores de la nueva legislación, quien destacó que “mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca”.

Las voces disonantes

Aunque un sector de la población guatemalteca ha aplaudido la decisión de su parlamento, es importante advertir que las opiniones frente al tema siguen estando divididas, y desde los sectores que abogan por la despenalización del aborto se prendió una alerta frente a los peligros que puede sugerir el endurecimiento de los castigos contra quienes se practican un aborto o ayudan a ello.

Una de esas voces es la de la congresista Lucrecia Hernández, adscrita al partido de centroizquierda Semilla, quien advirtió que esta ley es peligrosa, añadiendo que si el simple hecho de “perder un embarazo es devastador”, esta providencia además le suma la etiqueta de “sospechosa” a la madre.

Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso”, advirtió la legisladora, quien lamentó los riesgos que se derivan de esta nueva disposición legal.

En ese mismo sentido, y también desde la colectividad Semilla, se pronunció Samuel Pérez, que -según declaraciones recogidas por la agencia internacional AFP- descalificó la nueva disposición legal, y la recriminó advirtiendo que en realidad debería llamarse ley para encarcelar y matar mujeres”.

A las voces que rechazan la promulgación de esa nueva ley, se suma la del procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, quien dijo que lo aprobado pone a Guatemala en contravía incluso de convenios internacionales suscritos, advirtiendo que en esa medida encabezará una batalla orientada a derogar la ley.

Así, el servidor público advirtió que el nuevo escenario se librará ante la Corte de Constitucionalidad; máximo órgano rector, que deberá, después de la sanción presidencial, evaluar la legalidad de la ley aprobada en el Parlamento.

Opiniones divididas

Si bien en los altos órganos de toma de decisiones la decisión ha planteado una puja entre los proaborto y quienes se oponen a estas prácticas defendiendo la vida desde su concepción, las calles no han sido un escenario diferente, e incluso, desde antes de la aprobación de la ley, el ambiente ha estado marcado por manifestaciones de los grupos en pugna.

Más allá del tema del aborto

La aprobación de la denominada “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” no solo ha despertado indignación entre los sectores proaborto, en tanto la nueva providencia va más allá de ese tema, y en su capítulo ‘Protección de la familia’ aborda otros temas sensibles que atañen directamente a la diversidad y la identidad sexual de los guatemaltecos.

Sectores LGTBI+ advierten que la nueva ley también ha dispuesto la reforma del código civil en pro de sentar una posición que califican como “discriminatoria”, en la que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

En ese mismo sentido, la nueva ley impone una serie de directrices a las entidades educativas, en las que se les ordena que se aborden temáticas relacionadas con la diversidad de género, y todo aquello que pueda ser considerado un factor que “tienda a desviar la identidad según su sexo al nacer”.

Este marco legal fue impulsado por un grupo de legisladores que advierte la existencia de grupos sociales que impulsan “modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y de la familia”, advirtiendo que, para ellos, esto podría constituir “una amenaza al equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro para la paz”.

En contraposición, desde los colectivos que defienden la diversidad sexual, se advirtió que esta ley impulsa la estigmatización, la intolerancia hacia las personas diversas, e impulsa los ‘crímenes de odio’, advirtiendo el riesgo que ello implica, y la forma en la que les resulta violatorio de sus derechos.

*Con información de AFP.