Desde hace décadas, Ali Mohamed Jabarin vive con la amenaza de perder su tierra en las colinas de Hebrón, la Cisjordania ocupada por Israel, pero con la reciente decisión de la justicia israelí podría obligarlo a dejar su hogar sin lugar a reparos.
Jabarin, de 60 años, vive en la localidad palestina de Jinba, ubicada dentro de Masafer Yata, que es objeto de una larga batalla jurídica entre Israel y los palestinos. Por ejemplo, a principios de la década de 1980, el ejército israelí declaró esta zona como un campo de tiro, indicando que estos terrenos son “inhabitables” y que cualquier persona que afirme vivir en la zona, lo hace de forma ilegal.
Cerca de 1.000 palestinos han habitado Masafer Yata, antes de la llegada de los soldados israelíes a Cisjordania en 1967. Algunas de las familias fueron expulsadas en 1999 y luego fueron autorizadas para volver, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema israelí.
El juez David Mintz, del Tribunal Supremo, consideró que “los peticionarios no pudieron probar” que vivían de manera permanente en la región antes que fuera declarada campo de tiro. El martes, la Unión Europea condenó la decisión que no hace una mención específica a una expulsión, que habitualmente suele ser acompañada por la demolición de las viviendas.
Pero Jabarin teme que este proceso sea rápido y sin ningún aviso previo. “No tenemos información sobre las demoliciones”, dijo a la AFP con la mirada atenta a los soldados israelíes que patrullan una carretera sin pavimentar. Pero afirmó que las unidades equipadas para derribar casas pueden llegar “en cualquier momento”.
“No tienen ningún otro hogar”
Los residentes de Masafer Yata afirman que viven en la zona desde el mandato británico y, que después, pasaron a la égida de Jordania entre 1948 y 1967, cuando comenzó la ocupación israelí. Esta aislada comunidad está en la denominada “Zona C”, bajo control total de los israelíes, y a más de una hora de un camino pavimentado. Pocas de las casas de esta localidad están conectadas a un sistema de agua o suministro eléctrico.
Jabarin construyó su casa en una zona rocosa de las tierras de su familia. Actualmente, viven 12 personas de su hogar gracias a la ganadería caprina y al cultivo de algunos vegetales. “Esta es mi tierra y me quieren expulsar”, dijo.
Algunos de los residentes de esta localidad fueron expulsados en 1999, pero la Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI) ayudó aparte de las familias a impugnar la expulsión en los tribunales. Las familias consiguieron un aplazamiento temporal hasta que se pronunciara el máximo tribunal.
Para Roni Pelli, activista de ACRI, el veredicto fue “intrínsecamente deficiente”, ya que esta aldea es la casa de los demandantes, que “no tienen ningún otro hogar”. Para ella, la expulsión es “ilegal” y afirmó que el ejército utiliza la designación de zonas militares como un pretexto para ganar territorio en Cisjordania.
La agrupación de derechos humanos israelí Akevot, que se especializa en archivos del Estado y de los militares, obtuvo un documento de 1981 en el cual el ministro de Agricultura y futuro primer ministro, Ariel Sharon, propuso denominar el territorio como zona de tiro. En el documento, Sharon afirma que clasificar las tierras como zonas militares en última instancia ayudaría a expulsar a los palestinos residentes.
En Cisjordania, hay cerca de 475.000 colonos en comunidades que son consideradas como ilegales, según el derecho internacional, junto con 2,7 millones de palestinos. Los colonos reciben permiso para construir instalaciones permanentes con red eléctrica y a los palestinos se le niegan la autorización y viven bajo la amenaza de una expulsión. “Ellos construyen con cemento”, dijo en referencia a los colonos. “Se les da electricidad y agua. El Ejército los custodia y con nosotros hace lo contrario”, se lamentó.
*Con información de AFP.