En el Perú aumenta la controversia después de que la Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobara el proyecto que buscar aumentar las penas por los delitos de difamación y calumnia, cobijando a los medios de comunicación, las redes sociales y sitios web.
Antes, en el país inca, las sentencias por calumnia representaban una de prisión de máximo dos años y multas de 30 a 120 días de salario. Ahora, con la entrada del nuevo texto que reforma los artículos del código penal, los culpables tendrán que cumplir una pena de tres años de cárcel y 90 a 120 días de sueldo de multa. Además, una reparación civil obligatoria a favor de la víctima.
En el caso de las denuncias por el delito de difamación, también hubo un aumento de penas a tres años de prisión, junto a una multa entre 30 y 120 días de salario. Igualmente, se suma la reparación civil a favor del denunciante.
En el Código Penal peruano, el delito por difamación tiene establecida una pena privativa de la libertad no mayor a dos años y con 30 a 120 días de multa. Además, dependiendo del medio en el cual se difunde este delito, la pena podría variar y dictar esta medida restrictiva durante un período no menor a uno ni mayor a tres años, además de 120 a 365 días de multa.
El proyecto aprobado en el Congreso peruano recibió ocho votos a favor, siete en contra y una abstención. Consiguió el apoyo de los partidos de izquierda Perú Libre y Bloque Magisterial, pero en contraste, también, el partido de centroderecha como Acción Popular y APP mostraron su aprobación a esta medida. Por el contrario, partidos como Fuerza Popular, Avanza País y Cambio Democrático la rechazaron.
Según los críticos de esta medida legal, esconde que podría afectar las investigaciones contra funcionarios gubernamentales, que pueden pretender detener las revelaciones periodísticas escondiéndose detrás de leyes, al acusar a los comunicadores de estar cometiendo algún tipo difamación que los podría enviar a la cárcel.
De igual manera, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó dicha medida de ser un “retroceso peligroso” para la libertad de prensa y la libertad de expresión en el internet en Perú, al aumentar las condenas por los delitos de difamación supuestamente hechos a través de medios de comunicación y en redes sociales.
Jefe de policía capturado
El gobierno peruano destituyó este martes al jefe máximo de la Policía, el general Raúl Alfaro, investigado por sus nexos con una presunta red de corrupción que operó bajo las órdenes del expresidente Pedro Castillo, preso en Lima tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre.
En un decreto oficial, la presidenta Dina Boluarte dio “por concluida la designación” de Alfaro al frente de la institución y ordenó su paso al retiro. El ahora excomandante está investigado por la fiscalía por su presunta relación con una “organización criminal” encabezada por Castillo, quien cumple prisión preventiva mientras la justicia decide si lo llama a juicio por múltiples delitos de corrupción.
El lunes, las autoridades allanaron la vivienda y el despacho de Alfaro, tras la divulgación de una fotografía en la que aparece junto al español Jorge Hernández, exasesor de inteligencia de Castillo y también detenido dentro del caso contra el exmandatario.
Alfaro, quien no se ha pronunciado sobre los señalamientos, estuvo al frente de la Policía Nacional desde agosto, cuando fue designado por el entonces presidente Castillo, destituido y detenido por su maniobra contra el Congreso el 7 de diciembre.
Con información de AFP.