Prohíben la posesión de armas en sitios públicos en esta ciudad en los Estados Unidos. ¿Por qué?

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, expidió una orden que suspende el porte de armas en público en la ciudad de Albuquerque y el condado circundante por al menos 30 días en respuesta a la reciente ola de violencia.

La mandataria, quien pertenece al Partido Demócrata, dijo estar consciente de los desafíos legales que su decisión implica, pero que se veía forzada a actuar debido a los recientes tiroteos, que dejaron, entre otras víctimas, a un niño de 11 años a las afueras de un estadio de béisbol, según informó la agencia AP.

Decisión polémica

La medida, en efecto, ha causado choques entre las autoridades. Mientras que la gobernadora anunció también que la policía estatal debe hacer cumplir la medida, el alcalde de Albuquerque expresó que no lo hará.

Otro gobernante local, John Allen, sheriff del condado de Bernalillo, también se niega, pues considera que la disposición de la gobernadora plantea muchas preguntas sobre los derechos constitucionales.

Esta suspensión, continuó la agencia, es considerada como una orden de emergencia de salud pública y se aplica al porte tanto abierto como oculto de armas en la mayoría de los lugares públicos, desde andenes hasta parques recreativos.

Los policías y guardias de seguridad están exentos de la prohibición temporal.

Quienes no acaten la orden pueden enfrentar sanciones civiles y una multa de hasta 5.000 dólares, de acuerdo con la vocera de la goberndora, Caroline Sweeney.

La gobernación también clarificó que los residentes pueden llevar armas a sitios privados como campos de tiro o una tienda donde las vendan, siempre y cuando tengan seguro para el gatillo o algún otro contenedor o mecanismo que imposibilite la detonación.

El sheriff en contra

En cuanto a las reticencias de algunos agentes del orden a hacer cumplir con la prohibición, la gobernadora dijo ser consciente de ello y, en una rueda de prensa, manifestó además que le daba la bienvenida al debate sobre cómo hacer que los habitantes del estado estén más seguros.

Allen, el sheriff de Bernalillo, señaló que, a pesar de sus reservas, está dispuesto para cooperar con los esfuerzos para contrarrestar la ola de violencia.

“Si bien entiendo y aprecio la urgencia, la prohibición temporal desafía los fundamentos de nuestra constitución, que juré defender”, explicó el funcionario.

“Soy cauto a la hora de colocar a mis agentes en situaciones que puedan conducir a conflictos de responsabilidad civil, así como a los riesgos potenciales que plantea prohibir a los ciudadanos respetuosos de la ley su derecho constitucional a la autodefensa”, expuso el sheriff.

De otro lado, el vocero de la policía de Albuquerque, Gilbert Gallegos, anotó que hacer cumplir la orden de la gobernadora podría poner a la institución en una posición difícil frente al Departamento de Justicia de cara a un acuerdo referente a una reforma policial.

“Si esto salva vidas, entonces vale la pena”

Al momento de justificar su decisión, la gobernadora Luján Grisham hizo un recuento de cada tiroteo que se ha dado en Albuquerque recientemente.

Recordó, por ejemplo, que durante el incidente en que murió el niño de 11 años, Froyland Villegas, en un estadio, también quedó gravemente herida una mujer cuyo vehículo sufrió los impactos de las balas mientras la gente salía corriendo del lugar.

Luján Grisham igualmente recordó a la niña de 5 años, Galilea Samaniego, quien perdió la vida a causa de un ataque mientras dormía en una casa rodante. Los autores del hecho fueron cuatro adolescentes que irrumpieron en el campamento donde se encontraba el vehículo y abrieron fuego contra él. La pequeña recibió impactos de bala en la cabeza y murió a consecuencia de ellos en un hospital.

Otra muerte prematura fue la de la niña de 13 años, Amber Archuleta, asesinada por un joven de 14 años con el arma de su padre.

“Si los neomexicanos tienen miedo de estar en medio de multitudes, de llevar a sus hijos al colegio, de salir de un partido de béisbol; si su derecho de existir es amenazado por un prospecto de violencia en todo momento, entonces algo está muy mal”, reflexionó la gobernadora.

Los republicanos, que por tradición han sido acérrimos defensores de la libertad de portar armas, se pronunciaron criticando la resolución de la mandataria.

Uno de ellos fue el senador Greg Baca de Belén., quien dijo: “Asesinan a un niño, el perpetrador sigue suelto, ¿y qué hace la gobernadora? Les apunta a ciudadanos respetuosos de la ley con una orden de posesión de armas inconstitucional”.

Pero también se manifestaron voces en favor, como la de Miranda Viscoli, copresidenta de New Mexicans to Prevent Gun Violence (organización que lucha contra el flagelo de los tiroteos y otras agresiones con armas de fuego), quien aplaudió la orden “como un paso valiente y necesario para frenar la violencia armada, incluso si el destino legal de la medida es incierto”

“Si esto salva vidas, entonces vale la pena”, concluyó.