Suiza sancionó a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, entre ellos la vicepresidenta

Ante los actos de represión y censura que se han vivido en las últimas semanas en Nicaragua, a tan solo unos meses de las nuevas elecciones presidenciales, el Gobierno de Suiza tomó medidas para señalar a los protagonistas de los abusos en este país.

Este viernes se anunciaron sanciones en contra de la esposa del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, así como otro funcionarios de nivel medio señalados de violar los derechos humanos y atentar contra la democracia.

Para el Gobierno suizo, algunos de los actos reprochables datan de junio de 2021, cuando Murillo amenazó públicamente a los opositores de Ortega, quienes han sido retenidos de manera escalonada desde este mes y cuya cuenta va en 32 personas privadas de la libertad, varios de ellos candidatos a las elecciones presidenciales.

Estas sanciones congelan los bienes de las personas designadas y, además, les imponen la prohibición de viaje.

El listado de sancionados es amplio y entre ellos también se incluye a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; la fiscal general de la Nación, Ana Julia Guido; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, y el asesor económico del presidente Ortega, Bayardo Arce.

En medio de estos debates políticos que tienen el rechazo de gran parte de la comunidad internacional, el presidente Ortega ordenó este viernes allanar las instalaciones del diario La Prensa, el único medio escrito de circulación nacional y que el jueves había anunciado que no tendrá más ediciones impresas debido a que el Gobierno tiene retenida toda la materia prima que es de su propiedad.

Según una nota de la Policía Nacional, los directivos del diario son investigados por “fraude aduanero y lavado de activos”. El local se encuentra bajo custodia de las fuerzas del orden.

Ortega, de 75 años, acusa a los opositores de traición a la patria y de promover sanciones contra el país. Su gobierno ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, acusado de atentar contra los derechos humanos y por la represión contra sus críticos desde el estallido de manifestaciones en su contra en 2018.

Patrullas de la Policía ingresaron a las instalaciones del diario hacia el mediodía, donde se encontraba personal del rotativo, que el viernes dejó de circular en su modalidad impresa, pero anunció que mantendría sus plataformas digitales.

Durante el allanamiento, periodistas del diario denunciaron que el acceso al internet fue cortado, al igual que la electricidad, y fueron apagados los servidores web. A los trabajadores que estaban dentro del edificio se les impidió usar sus celulares.

Medios afines al Gobierno divulgaron en sus redes sociales fotos de la bodega del rotativo, en donde –aseguran– hay abundante material para continuar su labor de impresión, pese a que La Prensa había denunciado un “secuestro” de su materia prima, por parte del servicio de aduanas.

“En las bodegas del periódico La Prensa se encuentra abundante papelería disponible para que dicha empresa pueda continuar imprimiendo su periódico”, dijo el canal 4, afín al gobierno, en sus redes sociales.

No obstante, personal del periódico alegó que la cantidad de papel, que estimaron en unas 14 bobinas, no era suficiente para imprimir una edición.

El diario La Prensa, con 95 años de existencia y el único de circulación nacional en Nicaragua, es un duro crítico del Gobierno y es la segunda vez que suspende su edición impresa, luego de que en 2019 denunciara también la retención de su materia prima en los almacenes de aduanas.

El Nuevo Diario, también de circulación nacional, suspendió operaciones en septiembre de 2019, tras denuncias de bloqueo a la importación de materia prima de parte de aduanas.

*Con información de la AFP.