La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió que las estructuras estatales relacionadas con la represión y las violaciones de derechos humanos permanecen prácticamente intactas en Venezuela, pese a algunas mejoras registradas durante 2026.
El organismo señaló que durante los últimos meses disminuyeron algunas prácticas represivas, entre ellas las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas. También documentó la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos y un mayor margen para protestas, reuniones públicas y actividades de organizaciones civiles.
Sin embargo, la misión considera que estos cambios todavía no representan una transformación profunda de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Según su evaluación, las estructuras que permitieron abusos continúan operativas y podrían facilitar que las violaciones vuelvan a intensificarse.
Sofía Macher, presidenta de la misión, sostuvo que cualquier apertura seguirá siendo “frágil y reversible” mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue a los responsables de violaciones de derechos humanos.
Misión de la ONU denuncia nuevos métodos de tortura en Venezuela, como el uso de intubación y cateterización forzadas, el uso de una técnica conocida como 'la máquina del tiempo', en la cual los detenidos son mantenidos en una cisterna subterránea sellada, forzados a permanecer… https://t.co/aoxjE8CKUn
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) September 17, 2026
El informe también recoge nuevos casos de tortura y malos tratos contra personas detenidas por razones políticas. La misión recibió información sobre 64 casos de tortura ocurridos desde el 3 de enero, además de denuncias relacionadas con condiciones degradantes en centros penitenciarios como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.
A pesar de las excarcelaciones registradas durante el año, organizaciones no gubernamentales (ONG) citadas por la misión calculan que entre 300 y 500 personas continúan detenidas por motivos políticos. La falta de información oficial verificable dificulta establecer con precisión cuántas personas permanecen privadas de la libertad.
Otro de los puntos señalados es la permanencia en cargos relevantes de funcionarios previamente vinculados por la misión con graves violaciones de derechos humanos. Al menos 19 funcionarios identificados en informes anteriores continúan ocupando posiciones consideradas estratégicas.
La ONU también mantiene su atención sobre los llamados colectivos armados y su relación con las estructuras estatales. Un informe específico sostiene que estos grupos tienen vínculos con organismos de seguridad y cumplen un papel dentro del aparato represivo.
Ante este panorama, la misión insiste en que las medidas de apertura no sean consideradas definitivas y reclama reformas institucionales, independencia judicial e investigaciones que permitan determinar responsabilidades por los abusos documentados.