La Asamblea Nacional Constituyente se instaló en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Bogotá el 5 de febrero de 1991. A partir de esa fecha se prolongaron intensas discusiones por seis meses, día y noche, que condujeron a la redacción de los 380 artículos de la Carta Política que enmendó a la conservadora que estaba vigente desde 1986.
Varios fueron los debates que acapararon la atención. El más álgido, sin duda, el de la eliminación de la extradición. Otros, como el del divorcio, tenían en vilo a cientos de colombianos que querían saber cómo la nueva Constitución se ocupaba del asunto del estado civil.
Pero entre las curiosidades de la Constituyente está una vieja maña de los políticos colombianos, la de meter por debajo de la mesa disposiciones que otorgaban ciertos beneficios a los más privilegiados.
Álvaro Echeverry Uruburu, del M-19, quiso meter el más descomunal de todos. Se trataba de aumentar en un 10 % todos los sueldos de los funcionarios y el salario mínimo legal. El intento se vio frustrado cuando sonó el himno nacional y ya no había tiempo para más.