Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

| 1/4/2020 3:13:00 AM

Lo que deja la década: la lucha por lo que se creía imposible

El gobierno de Juan Manuel Santos se la jugó por conseguir un acuerdo con las FARC. Pese a los inconvenientes, logró su cometido y la paz con esta guerrilla se convirtió en el principal eje de la política colombiana, y seguirá siéndolo por lo menos en los próximos diez años.

Acuerdo de paz: La lucha por lo que se creía imposible Luego de haber perdido el plebiscito y de hacer unas modificaciones a lo pactado, el Gobierno nacional y las FARC firmaron el acuerdo definitivo de paz, el 26 de noviembre de 2016. Foto: LeÓN DARÍO PELÁEZ - SEMANA
Escucha este artículo
ES EN

*El audio de este artículo está hecho con inteligencia artificial.

Esta fue la década de la guerra por la paz con las FARC, una paz difícil de alcanzar porque nadie imaginó que el propósito de acabar con este conflicto, que duró más de 50 años y generó cerca de 250.000 muertos y más de 9 millones de víctimas, tuviera tantos enemigos, a pesar de que en sus tres años de vigencia le ha ahorrado al país cerca de 600.000 desplazamientos forzados y alrededor de 18.000 muertos.

La década comenzó con el fin del gobierno de Álvaro Uribe y el tránsito a la era de Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa estrella, quien les propinó a las FARC sus más duros golpes, como la muerte de Raúl Reyes y el rescate, sin disparar un tiro, de Ingrid Betancourt y otros secuestrados, en la famosa Operación Jaque.

Desde el día de su posesión, el 7 de agosto de 2010, Santos sorprendió al país al decir que la llave de la paz no se hallaba en el fondo del mar. Y mes y medio más tarde radicó personalmente en el Congreso la ley de víctimas, con cuya aprobación el Estado reconoció, de hecho, lo que Uribe había negado: que en Colombia sí existía un conflicto armado.

Sin embargo, mientras Santos impulsaba esa ley, la guerra continuaba hasta el punto de que el 22 de septiembre era dado de baja el Mono Jojoy, jefe militar de las FARC. Pero, al mismo tiempo, el presidente buscaba la paz y autorizaba a su hermano Enrique, antiguo periodista de izquierda, a iniciar contactos con las FARC a través de Frank Pearl y Henry Acosta, los mismos canales que para acercarse a esta organización había usado infructuosamente Uribe.

Las aproximaciones secretas con Santos marchaban bien. Pero en noviembre de 2011 Alfonso Cano, jefe de las FARC, fue bombardeado y rematado a tiros. El proceso, obviamente, se interrumpió. Sin embargo, tiempo después las FARC dijeron que eran fieles al legado de Cano y continuarían los diálogos. Así, el 17 de octubre de 2012, primero en Noruega y después en La Habana, se iniciaron formalmente las negociaciones, bajo la dirección de Humberto de la Calle, por parte del Gobierno, y de Iván Márquez, por parte de las FARC. Y durante 4 años, en medio de una oposición implacable liderada por Uribe, se desarrollaron esos diálogos con unas FARC que no entendían hasta dónde llegaba la fractura de Colombia, subvaloraban la capacidad política de Uribe y las heridas que sus acciones habían dejado, y, por ello, se daban el lujo de dar declaraciones destempladas y de dilatar las negociaciones, lo cual afectó la implementación del Acuerdo de Paz, pues Santos no alcanzó a adelantarla suficientemente.

Si bien en el papel la paz está asegurada, su consolidación dependerá de la voluntad política de los próximos gobiernos.

El acuerdo inicial se firmó en La Habana el 24 de agosto de 2016 e incluyó 5 puntos: tierras y desarrollo rural, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, fin del conflicto y, por último, víctimas, tema que contemplaba la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el cual se hallaba la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tribunal de justicia transicional y restaurativa que juzgaría a los actores del conflicto, incluidos guerrilleros, militares y terceros.

El 25 de agosto, Santos y Rodrigo Londoño, jefe de las FARC, ordenaron el silencio de los fusiles a partir de las 00:00 horas del 29. Así terminaba la guerra más larga de Colombia, protagonizada por la guerrilla más antigua de América Latina.

Pero lo más difícil estaba por venir: Santos se había empeñado en que el Acuerdo se refrendara mediante plebiscito, a lo cual se oponían las FARC, que preferían una Constituyente. Y ese empeño fue el mayor error del Presidente, que estaba seguro de su triunfo al realizar la hazaña de negociar con las FARC la paz que sus antecesores no habían logrado. Y, tal vez, también estaba seguro de que, con él, apaciguaría la despiadada oposición de Uribe.

Pero sus cálculos fallaron y, después de una intensa campaña de calumnias contra el Acuerdo, como esa de que consagraba la ideología de género, el 2 de octubre Colombia votó NO a esa paz por una escasa mayoría cercana a los 50.000 votos y con una abstención del 63 por ciento.

Santos aceptó la derrota y dijo que dialogaría con todos los sectores, incluidos los voceros del NO. El jefe de las FARC manifestó que la paz triunfaría. Las calles se llenaron de jóvenes que marchaban pidiendo #AcuerdoYa. El 5 de octubre, la oposición, encabezada por Uribe, se reunió con Santos y su equipo en la Casa de Nariño. Y el 7 se anunció que el Presidente era el nuevo Premio Nobel de Paz, lo cual le dio un gran aval para continuar el proceso.

Después de intensas negociaciones, el 12 de noviembre se llegó a un nuevo Acuerdo de Paz que modificó 56 de los 57 temas sobre los cuales manifestaron objeciones los promotores del NO.

Solo no hubo acuerdo en lo que tampoco los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe habían conseguido: que las FARC se rindieran, fueran a la cárcel y sus jefes desistieran de hacer política y de ir al Congreso.

Así, el 24 de noviembre de 2016, Santos y el jefe de las FARC firmaron en el Teatro Colón el Acuerdo Final de Paz. El Congreso lo refrendó y aprobó una ley de amnistía para los autores de delitos políticos y conexos, excluidos los responsables de delitos de lesa humanidad, violaciones sexuales, etc. Esa amnistía permitió que también se adoptaran tratamientos penales especiales para civiles y agentes estatales procesados o condenados por causas atribuibles al conflicto armado.

A partir de enero de 2017, unos 13.200 guerrileros de las FARC llegaron a las zonas de encuentro establecidas para recibirlos. En marzo, el Congreso aprobó la creación de la JEP y en junio las FARC le entregaron a la ONU el último lote de armas.

Sin embargo, la guerra por la paz continuó porque, por una parte, para la mayoría de la clase política ya no era prioridad apoyar los proyectos de un gobierno que languidecía, y, por otra, el centro y el centro izquierda no lograron unirse en torno a un solo candidato, y resultó elegido el uribista Iván Duque, quien agitó banderas contra el Acuerdo, especialmente contra la JEP, columna vertebral del mismo. Además, el homicidio de líderes sociales y desmovilizados de las FARC, que había comenzado con el gobierno Santos, continuó hasta el punto de que hoy van 756 líderes sociales y 180 ex-FARC asesinados.

Por su parte, del lado de las FARC también hubo una enorme zancadilla a la paz, que dividió al nuevo partido: aduciendo falta de garantías, los excomandantes Iván Márquez, Jesús Santrich y otros volvieron a la clandestinidad con el fin de reiniciar la guerrilla y de unificar las disidencias que, según el antiguo comandante Carlos Antonio Lozada, inicialmente no reunían a más de 250 miembros. Hoy deben estar conformadas, según un informe de la Fiscalía citado por El Espectador, por 1.463 hombres, entre desertores y nuevos miembros. Y también hoy, según Lozada, quien cita el último censo sobre la materia, unos 11.800 ex-FARC siguen de algún modo vinculados al proceso.

A pesar de que Duque insiste en que está cumpliendo el Acuerdo y, de hecho, su comisionado Emilio José Archila ha avanzado en el desarrollo de proyectos productivos que benefician a los desmovilizados, falta mucho por cumplirse, especialmente en cuanto a reforma rural, sustitución de cultivos ilícitos, curules para las víctimas y garantías de seguridad para los excombatientes.

Sin embargo, los ataques a la paz generaron que se conformara la Bancada por la Paz, integrada por la oposición y por los partidos Liberal, de La U y Cambio Radical, la cual ha pasado por encima de sus diferencias ideológicas con el solo propósito de defender el Acuerdo, y ha logrado tapar todos los goles que Duque y su partido Centro Democrático han querido meterle, comenzando por el de las objeciones presidenciales a la JEP.

Ahora se avizoran nuevas batallas y nuevos triunfos de esa paz esquiva, como serán los fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en favor de la restitución de las 16 curules para las víctimas, aprobadas por el Congreso en 2017 y desconocidas por el uribismo.

Y hoy se puede anticipar que con el auge de la protesta social, que entre muchos puntos reivindica el cumplimiento del Acuerdo de La Habana, en la década que comienza tendrá futuro esa paz.

*Periodista, columnista y escritora.

EDICIÓN 0

PORTADA

Atrapados en Wuhan

En una dramática situación, 14 colombianos se encuentran a la deriva en el epicentro del coronavirus en China. SEMANA habló con ellos y revela el calvario que están viviendo

03

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en SEMANA Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Para verificar su suscripción, por favor ingrese la siguiente información:

O
Ed. 1972

¿No tiene suscripción? ¡Adquiérala ya!

Su código de suscripción no se encuentra activo.