Alerta en Medio San Juan: la violencia retoma fuerza en el Chocó

La angustia de la comunidad del Medio San Juan, en Chocó, quedó registrada en un video donde la mujer que graba, además del llanto seco y desolador, refleja la impotencia ante los disparos de los violentos. Su voz parece un clamor, un dolor desentendido en medio de la soledad, se le oye decir: “Se nos metieron, Dios mío”.

La mujer que graba desde un segundo piso y abajo, hombres, mujeres y niños corrían desorientados buscando hacerle el quite a las balas que les pudieran llegar, hasta que vieron en la iglesia el mejor lugar para esconderse de los disparos entre el ELN y la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —conocidos también como el Clan del Golfo—, quienes se disputan esta porción de territorio chocoano a sangre y fuego para quedarse con la riqueza minera y las rutas del narcotráfico.

Esta ola de violencia en Chocó no es nueva, por el contrario, siempre vuelve y por eso el desespero de una comunidad que nunca encuentra descanso. Sobre esta región del departamento ya se había generado una alerta en 2019 por parte de la Defensoría del Pueblo, que anticipaba lo que podía ocurrir si los gobiernos local, departamental y nacional no brindaban las garantías de seguridad suficientes para las comunidades.

La alerta 034 del 2019 anticipaba que el riesgo para las poblaciones de Istmina y Medio San Juan “se fundamenta en la presencia y reciente fortalecimiento del Bloque Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los territorios que habitan estas comunidades étnicas”.

A esta alerta se suma la 016 de 2021, con la que la Defensoría lanzó una advertencia sobre el Medio Atrato y Bojayá, en el “escenario de riesgo se configura por la expansión de las AGC en la zona y la disputa territorial que tienen con el ELN, lo que supone una clara situación de riesgo para la población civil de las comunidades étnicas que habitan en dichos corredores fluviales y cuyos territorios quedan interpuestos a merced de los dos grupos armados presentes”.

Esa disputa es la que llevó a que las comunidades, temerosas, huyeran. El video fue solo una muestra del miedo y la impotencia. Según la Defensoría del Pueblo, la violencia desplazó a unas 1.444 personas, de 995 familias. Unos días después, algunas de ellas retornaron a sus comunidades, pues desde el Ministerio de Defensa les garantizaron seguridad, aunque muchos saben que la solución es corta.

La mayoría de estas familias llegaron hasta la cabecera de los corregimientos y algunas pocos lograron salir y llegar hasta Medio San Juan e Istmina. Los que más sufrieron por tener que dejar todo y huir para cuidar la vida son comunidades de Dipurdú del Guasimo, San Miguel y La Unión, “así mismo en La Unión, San Miguel e Isla de Cruz permanecen en confinamiento unas 1.391 personas, de 446 familias”, detalló la Defensoría.

Todo parece el resultado del abandono, pues las mismas comunidades habían advertido desde el pasado 12 de agosto la tensión que se empezaba a vivir por la presencia de hombres armados que estaban pintando grafitis en algunas de las viviendas e interrogando a miembros de la comunidad.

A pesar de la presencia de las autoridades y del regreso de algunas familias a sus hogares, la preocupación y el miedo son reinantes. La misma Defensoría detalló desde su Sistema de Alertas Tempranas que se presentó una ruptura “de un pacto operativo delincuencial de control territorial entre dichas organizaciones ilegales”, por lo que esto representa un “mayor riesgo para la población civil de esta región, la cual se ha podido evidenciar con la aparición de grafitis alusivos a las AGC, amenazas a pobladores y combates cerca de las zonas donde hay familias confinadas”.

Un llamado temprano

Del desplazamiento se supo a nivel nacional el 17 de agosto, pero el Consejo Comunitario General del San Juan, Acadesan —una organización étnico-territorial que agremia a 72 comunidades— compartió un comunicado el 16 de agosto en el que alertaba sobre la situación que se estaba viviendo en el territorio: “Las comunidades Medio Sanjuaneñas denuncian la presencia de hombres fuertemente armados al interior de la comunidad de Dipurdú del Guásimo, quienes habrían llegado a su territorio el viernes 13 de agosto de 2021”.

En el mismo documento alertaron sobre la agudización de la situación por los enfrentamientos entre los dos grupos armados. Para entonces contaban por desplazamiento forzado 66 familias, unas 167 personas que se resguardaban en Isla de Cruz; 474 familias, unas 1.083 personas, en San Miguel. Por confinamiento contaban 793 familias y 456 familias en riesgo de desplazamiento.

La situación empeoró y hasta el alcalde del Medio San Juan, José Oliver Moreno, que se la ha pasado en los últimos días corriendo de reunión en reunión, atendiendo llamadas y buscando opciones que le permitan paliar la situación y evitar que todo empeore, emitió el decreto 119 de Urgencia Manifiesta “para mitigar, prevenir y contener los efectos generados por los hechos victimizantes y alteración al orden público por grupos al margen de la ley en la comunidad de Dipurdu del Guásimo en el Municipio de Medio San Juan”.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que “desde la Defensoría del Pueblo les reiteramos a las comunidades del Chocó, particularmente del medio San Juan, que no están solas y que seguiremos brindando el acompañamiento necesario para la garantía de sus derechos”.

Una situación que contrasta con la realidad que se vive en el territorio donde la presencia del ELN y las AGC dejan en vilo la tranquilidad de las comunidades. La disputa por las rutas del narcotráfico y la explotación minera ilegal son dos de los asuntos por los que estos grupos quieren afincarse en esta región del pacífico.

El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que el Ejército hace presencia en el territorio por lo que las familias ya pueden regresar a sus horas, “al menos un 80 % de la población ya regresó. Entre sábado y domingo retornará la población restante. Nuestros soldados siguen trabajando por tierra, cielo, mar y ríos para llevar tranquilidad a todo el territorio”, dijo.

Un panorama que corroboró el alcalde manifestando que solo están pendientes del 20% de las personas para que regresen a sus hogares.

Ante la situación, el obispo de la Diócesis de Istmina, Mario de Jesús Gómez, manifestó a través de Radio Nacional de Colombia la preocupación por la situación que viven las familias que se tuvieron que desplazar y confinar. Su llamado es para que se brinde atención ante el hacinamiento, desabastecimiento y las condiciones de salud de las personas que están en riesgo y pidió a las instituciones nacionales e internacionales intervenir para brindar apoyo humanitario.

Lo clave en esta emergencia es que la presencia de las autoridades debe ser permanente, más por la disputa de rutas y territorio que hay de por medio. Lo que buscan los grupos armados en esta zona del país es hacerse con las facilidades para la comunicación, la movilidad y el abastecimiento que permite la conexión entre municipios chocoanos y, a su vez, facilita las rutas con los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda. Entre esa referencia estratégica, se cuenta la facilidad de llegar a Buenaventura como uno de los puntos clave de la exportación e importación para el país.

El Chocó sigue siendo una joya que todos los grupos armados ilegales anhelan y en la que históricamente han hecho presencia a pesar de las múltiples advertencias. El desplazamiento y confinamiento de estos días en el Medio San Juan e Istmina es prueba de que no necesitan ordenar para que todos salgan, basta con disparar.