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La Fiscalía logró una medida de aseguramiento en contra del alcalde del municipio de Balboa, Risaralda.
La Fiscalía logró una medida de aseguramiento en contra del alcalde del municipio de Balboa, Risaralda. - Foto: Fiscalía

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Asegurado primer alcalde enredado en la red de corrupción del senador Mario Castaño

La Fiscalía logró una medida de aseguramiento en contra del alcalde del municipio de Balboa, Risaralda.

Huberto Vásquez Vásquez, alcalde de Balboa, Risaralda y su secretario de Planeación, Víctor Yesith Sánchez, fueron capturados por los hechos de corrupción que tienen a otras diez personas privadas de la libertad, entre ellas el senador Mario Castaño. En este caso, las irregularidades están en un millonario contrato que, según la Fiscalía, se pudo hacer gratis.

El 17 de septiembre de 2020 se firmó un contrato por más de 50 millones de pesos con María Isabel Morales Hidalgo, también judicializada en este proceso. El objetivo de este contrato era realizar un estudio técnico de rediseño institucional para definir una nueva estructura organizacional y planta de personal para la Alcaldía de Balboa.

“Al parecer, se realizaron informes previos sin tener en cuenta análisis de mercado y de precios, se aceptó un certificado de idoneidad del contratista, el cual contenía información falsa; y fue adjudicado el contrato sin que se realizara una selección objetiva con más oferentes”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía estableció que los contratistas no cumplieron con el objeto del contrato, aun cuando la alcaldía de Balboa pagó el 50 por ciento, al final, fueron los mismos funcionarios los que terminaron de desarrollar el “rediseño institucional”. Además se identificó que el contratista no contaba con capacidad jurídica, infraestructura o experiencia para completar la ejecución del contrato.

“El material de prueba indica que, con la firma del contrato, se entregó de manera anticipada el 50% del valor pactado, sin que la interventoría recibiera y aprobara el plan de inversión. Todas las actividades ilícitas detectadas generaron un posible detrimento patrimonial superior a 50 millones de pesos”, explicó la Fiscalía.

Los investigadores lograron confirmar, con el material de prueba recaudado, que incluso el objeto del contrato, firmado y pagado por la alcaldía, lo pudo realizar, de forma gratuita, la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. Ese hecho, de confirmarse, configura otra irregularidad en materia de contratación pública.

Las conductas que descubrió la Fiscalía fueron el argumento para la imputación de cargos ante jueces de control de garantías por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Para los investigadores existe la necesidad de mantener privado de la libertad al alcalde y así lo pidieron a los jueces.

“La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del alcalde de Balboa (Risaralda), Huberto Vásquez Vásquez; el jefe de Control Interno municipal, Diego Franco Barco; el secretario de Planeación de Balboa, Víctor Yesith Sánchez Lozano; y la contratista María Isabel Morales Hidalgo como presuntos responsables de varias inconsistencias en un proceso contractual”, señaló el ente acusador.

Los cargos imputados por la Fiscalía no los aceptó el alcalde, tampoco su funcionario y menos la contratista que fue judicializada. El juez concluyó que los argumentos para mantener, al alcalde y los otros procesados, detenidos, están vigentes y se hace necesario imponer una medida de aseguramiento, que para el caso fue de detención domiciliaria.

“Los cargos no fueron aceptados por los procesados, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia… Las investigaciones continúan, en el entendido de que se tiene conocimiento que la Alcaldía de Balboa (Risaralda) habría celebrado siete contratos más con el mismo contratista”, dijo el director contra la Corrupción, Eduar Alirio Calderón.

En el caso que enreda al senador Mario Castaño va una docena de personas, entre particulares y funcionarios públicos, vinculados en irregularidades que superan los 43.000 millones de pesos. Fuentes del ente acusador aseguran que serán más.