Una investigación de la Fiscalía permitió establecer de qué forma el llamado Clan Herrera, grupo vinculado al extinto narcotraficante del Cartel de Cali Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como Pacho Herrera, logró, a través de testaferros, ocultar multimillonarios bienes y darles apariencia de legalidad por más de dos décadas.
Advirtió la Fiscalía que durante varios años las personas asociadas a este grupo narcotraficante lograron utilizar a personas y empresas en diferentes sectores, como el inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar, para ocultar, transformar y administrar los activos identificados, darles apariencia de legalidad y sustraerse del control de las autoridades.
Luego de adelantar la investigación, recaudar los elementos de prueba y establecer la forma en que este grupo narcotraficante logró por años desviar la atención de las autoridades y engañar a quienes perseguían sus bienes, la Fiscalía pudo establecer con certeza en qué se invirtieron las ganancias producto del narcotráfico, así como identificar los bienes que ahora están en poder del Estado.
“En consecuencia, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre 42 bienes, avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos”, señaló la Fiscalía tras el operativo.
En un operativo simultáneo, las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá (Valle del Cauca), y Sonsón (Antioquia).
“Entre los activos hay inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad. En Bogotá, las medidas recayeron sobre un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales; y en Cali, sobre dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio”, explicó la Fiscalía.
De igual forma, en Jamundí fueron afectados un inmueble urbano de cuatro pisos, donde funcionaba un hotel, y un lote; en Tuluá, un terreno; y en Sonsón, siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, que asciende en extensión a 1.083 hectáreas.