La exministra del Deporte María Isabel Urrutia ya conoce la fecha en la que tendrá que presentarse ante la Corte Suprema de Justicia para la acusación formal en el proceso que se adelanta en su contra por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El escandalo de la medallista olímpica, que se desempeñó en el Ministerio del Deporte en el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, causó estupor entre quienes consideraron desde el inicio de su elección al cargo, una acertada estrategia para convalidar en las distintas disciplinas la alta categoría que merece el país cafetero en cada una de ellas.
Sin embargo, cabe recordar que justo antes de que María Isabel Urrutia dejara su cargo, ya venía siendo señalada por la firma irregular de varios contratos un día antes de salir del ministerio.
La citación, según lo dio a conocer Caracol Radio, será una audiencia de formulación que se llevará a cabo el 15 de febrero del año 2024 de manera virtual, puesto que desde la Corte se adjuntó el link para dicha conexión.
“De manera atenta y conforme al ordenado por el honorable magistrado de la Sala Especial de Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ariel Augusto Torres Rojas, en auto del 10 de octubre de 2023, emitido dentro del proceso adelantado contra María Isabel Urrutia Ocoró, exministra del Deporte por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, me permito comunicarles que se programa el 15 de febrero de 2024 a las 3:30 p. m. como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de formulación de acusación”, cita el documento.
Cabe recordar que cuando recién se dio a conocer su forma de llevar a cabo las firmas de los contratos, antes de dejar el ministerio, María Isabel Urrutia expresó su inconformismo al respecto.
La medallista olímpica expresó: “No veo en dónde la Fiscalía me pueda imputar cargos por haber organizado el ministerio”, y señaló que lo que hizo no fue para beneficiar a ninguna persona, empresa o entidad.
Por otra parte, destacó que no fueron 106, sino un total de 350 contratos que terminaron y renovaron, de una muestra de 2.700 trabajadores, hasta los 11 meses, aseveró Urrutia.
Adicionalmente, destacó en su momento que para ella no significa un delito lo que hizo, dado que, desde su forma de verlo, simplemente llevaba a cabo su trabajo: “Para mí no es grande lo que me están imputando, porque como ordenadora de gastos tengo que responder”, indicó Urrutia, quien aseveró que con sus actos administrativos lo que buscada era ordenar el ministerio y evitar detrimento patrimonial, ya que su objetivo era que se optimizaran los contratos y funciones, y pasar de más de 2.000 funcionarios a 500.