Este viernes, 30 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formalizó la imputación de cargos contra los generales en retiro Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón.
La JEP le imputará cargos al excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya, por la operación Orión. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/bgz4b6Grlj
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Los oficiales en retiro tendrán que responder por crímenes de guerra y de lesa humanidad por los hechos ocurridos en la comuna 13, en Medellín, y zonas aledañas entre los años 2001 y 2004.
El magistrado Óscar Parra aseguró que, tras revisar varias pruebas y recolectar testimonios, se pudo concluir que existió una alianza criminal entre los integrantes de la Fuerza Pública y el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La investigación indicó que integrantes de la IV Brigada del Ejército Nacional y sus unidades tácticas, como el Gaula Militar Antioquia, el Batallón de Ingenieros N.° 4, el Batallón N.° 6, y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se “aliaron” con estructuras paramilitares para controlar la zona.
“La investigación estableció que integrantes de la IV Brigada, comandada por el general (r) Mario Montoya, la Regional de Inteligencia Militar, bajo el mando del coronel (r) Darío Enrique Castrillón; y la Policía del Valle de Aburrá, comandada por el general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, impulsaron una política de estigmatización que presentó a habitantes y líderes comunitarios como integrantes o colaboradores de las milicias”, precisó.
Estos “señalamientos”, insistió el magistrado Parra, desconocieron directamente la “distinción entre combatientes y población civil, y convirtieron a sectores de la comunidad en blanco de ataques y persecución”.
La investigación, según detalló el magistrado en una rueda de prensa que se realizó desde el sector de La Escombrera, identificó dos políticas articuladoras: la estigmatización de la población civil como integrante o colaboradora de las milicias por parte de integrantes del Ejército y de la Policía, y la no agresión y colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y grupos paramilitares.
En este caso, la Sala, tras reconstruir las operaciones militares y policiales, especialmente Mariscal y Orión, determinó que durante su ejecución se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población civil.
Durante esa época, los paramilitares se convirtieron en el actor hegemónico en la comuna 13 de Medellín y establecieron un control social, territorial y económico.
La JEP concluyó que existió una alianza entre la Fuerza Pública y el Bloque Cacique Nutibara para realizar homicidios, desapariciones, desplazamientos y torturas. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/nyrGFSmhaf
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Pese a que era un caso conocido, los generales Montoya y Gallego, que hacían parte de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, omitieron sus funciones y dejaron que esto ocurriera.
La investigación, que recogió los aportes de las víctimas y las organizaciones sociales, se articuló con la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera y otros lugares del departamento de Antioquia.
“La JEP es enfática en señalar que el ejercicio legítimo del monopolio de las armas por parte de la Fuerza Pública obliga a esta, cuando se desarrollaron operaciones militares o policiales, a actuar con debida diligencia y respeto del Estado, del derecho internacional de los derechos humanos y las reglas y principios del DIH”, expresó.
En este caso, la JEP citó las declaraciones entregadas por el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y varios integrantes de la llamada Oficina de Envigado, quienes entregaron detalles sobre la alianza entre agentes de la Fuerza Pública y los paramilitares.
“Estos grupos combinaron acciones armadas, control social e integración de bandas locales para eliminar o cooptar a sus rivales, desarticular las milicias y controlar sus territorios y fuentes de ingreso”, añadió el magistrado Parra.
El intercambio de datos llevó a recopilar “fotografías, órdenes de batalla y listados de personas señaladas como milicianas o colaboradoras de la insurgencia”. Esta información “permitió a los paramilitares identificar víctimas de homicidio, desaparición y desplazamiento en la comuna 13 y zonas aledañas”, aseveró.
En este caso, los generales en retiro podrán manifestar su intención de aceptar o no los cargos. De no hacerlo, pasarán a una etapa de juicio, en la que se enfrentarán a una condena de 20 años de prisión.