Una preocupante cifra sobre vulneración de los derechos de los menores de edad en Guaviare entregó este viernes la Defensoría del Pueblo, en momentos que se investigan casos de abuso sexual contra niñas de comunidades indígenas de la región.
La entidad pidió acciones inmediatas para que se brinde atención psicosocial a quienes hayan sido víctimas de este delito.
De acuerdo a ese organismo, en 2022 fue el año con más acciones jurídicas emprendidas por hechos en los que resultaron afectados niños, niñas y adolescentes, especialmente de los pueblos indígenas Jiw y Nükak.
Ante estas situaciones que se agravaron con las recientes denuncias, el titular de ese despacho, Carlos Camargo, hizo un llamado de atención a las entidades gubernamentales del orden regional y nacional para tomar las acciones necesarias para enfrentar esta vulneración de derechos.

“Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos el rechazo a todo hecho que atente contra la integridad, salud, vida y garantía de los derechos de la población indígena, particularmente de los niños, niñas y adolescentes”, indicó el funcionario.
Añadió que esta atención debe ser integral e inmediata, “toda vez que son sujetos de especial protección constitucional, para lo cual todas las entidades del Estado Colombiano deben aunar esfuerzos y mostrar un compromiso real que evite la vulneración de sus derechos”.

De acuerdo con cifras del organismo, durante todo el 2022, desde la Regional Guaviare se adelantaron más de 300 acciones, particularmente por la afectación se han sufrido los menores en materia del derecho a la salud, así como el retorno o reubicación de comunidades con la cual se buscaba protegerlos.
Asimismo, señaló que a través de la Dirección Nacional de Defensoría Pública ha venido brindando apoyo, asesoría y representación judicial y extrajudicial a 256 sujetos de especial protección constitucional, entre los que se destaca el acompañamiento al 100 % de los casos de violencia contra la integridad sexual en el departamento.
“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que a pesar de haber alertado sobre situaciones que afectan a la población del departamento del Guaviare, particularmente a las comunidades de los pueblos indígenas Jiw y Nükak, no se han adoptado medidas que permitan su prevención”, señaló Camargo.
Añadió que, por esta razón, “un equipo nacional de las Delegadas para la Niñez y para la Mujer han venido adelantado esta semana una labor especial de verificación de la situación actual de los niños y niñas en esa región del país”.

El funcionario señaló que los resultados del trabajo adelantado por el equipo de la Defensoría del Pueblo será presentado en un informe especial que será presentado en una mesa de trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, para buscar la garantía de los derechos de la población en ese departamento.
“Nuevamente instamos a las instituciones llamadas a garantizar los derechos de esta población, particularmente a la Gobernación del Guaviare, a la alcaldía de San José del Guaviare, a la Unidad para las Víctimas, al ICBF, a la Agencia Nacional de Tierras y a los ministerios de Educación, Salud y Defensa, entre otras”, dijo.
Camargo aseguró que esas entidades “de manera urgente y sin dilaciones” deben actuar “para el restablecimiento de los derechos, en especial a la atención psicosocial de las víctimas de violencia sexual, y así asegurar de esta manera la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas Jiw y Nükak, de igual forma con los pueblos Sikuani, Tucano y Karijona, incluidos en las órdenes del Auto 004 de enero de 200″.

Presidente Petro ordenó al ICBF que se desplace con urgencia al Guaviare
Precisamente, ante estas denuncias, el presidente Gustavo Petro, ordenó que una comisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se desplace de inmediato a esa región para atender la situación y verificar las denuncias.
De la misma manera, el jefe de Estado tomó la determinación que un grupo élite de la Presidencia también se desplace al Guaviare para apoyar las labores que adelante el ICBF; calificó esos hechos como un horror que ha tenido impunidad de las autoridades.
Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano lanzó una fuerte advertencia, al asegurar que se investigará si los funcionarios públicos, ante esas denuncias, incurrieron en omisiones al no atender las mismas.
“He pedido que una comisión del ICBF y de Presidencia se desplace inmediatamente al Guaviare y atienda las denuncias de violaciones a menores de edad. Este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios”, trinó Petro.
He pedido que una comisión del ICBF y de Presidencia se desplace inmediatamente al Guaviare y atienda las denuncias de violaciones a menores de edad. Este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 13, 2023

Previamente, el organismo confirmó a través de comunicado oficial que una comisión especial de la entidad se desplazó al departamento del Guaviare para verificar la atención que se les brinda a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y otras vulneraciones.
La directora del ICBF, Concepción Baracaldo Aldana, dio la instrucción para que se adelanten jornadas de búsqueda e identificación de menores víctimas de violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, alta permanencia en calle, entre otras vulneraciones, particularmente en la niñez de las comunidades nukak y jiw.
“Como rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) he convocado a las entidades que lo conforman a que trabajemos de manera articulada para prevenir y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia del departamento”, señaló.
Añadió que “es una responsabilidad compartida que nos involucra a todos. Es repudiable y doloroso que este tipo de situaciones que afectan y atentan con la vida e integridad de la niñez se presente. Desde el Gobierno nacional no escatimaremos en esfuerzos para que la violencia sexual no siga acabando con los sueños de lo más sagrado que tenemos, nuestras niñas y niños”.
