La terna que vendrá para escoger fiscal

La que se anticipaba como la decisión del año en la Corte Suprema de Justicia, sobre apartar a Néstor Humberto Martínez del caso Odebrecht, terminó reducida al trámite de aceptar su renuncia irrevocable. Era el debate del año en el alto tribunal porque por primera vez un fiscal general podría quedar relegado del caso de corrupción más importante de su cuatrienio. Esta posibilidad sonaba con tanta fuerza que algunos sectores señalaron que Martínez, en realidad, no renunció por Santrich, sino porque veía venir ese otro golpe relacionado con Odebrecht.

Con la expedita aceptación en la mano, el presidente de la Corte Suprema, Álvaro García, se dirigió a la Casa de Nariño el mismo martes para solicitarle al presidente Iván Duque enviar una terna para escoger el reemplazo de Martínez. Ahora, el país entrará a discutir uno de los temas más polarizantes, cuando las relaciones entre el Gobierno y la Justicia no pasan por su mejor momento. Esto no sería óbice para que los 17 magistrados se pusieran de acuerdo sobre un candidato. Pero todo dependerá del perfil de los aspirantes.

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En cuanto recibió la petición de terna, el presidente Duque dijo que se tomará su tiempo para candidatizar nombres “sin tacha, con independencia y comprometidos con la legalidad”. Al hacerlo, el mandatario se juega un punto clave: la posibilidad de proyectar que efectivamente es el presidente de todos los colombianos, como él afirma con frecuencia, o darles la razón a quienes lo cuestionan por, supuestamente, gobernar solo para el Centro Democrático y sus seguidores.

No es sencillo conformar una terna ideal si el país enfrenta una crisis institucional por la polarización alrededor de los temas de paz. Y justo cuando la salida a este lío sería la fórmula de un pacto nacional que no aparece. En ese sentido, nombres que sugieran la imagen de alguien que persigue a la oposición podrían derivar en otro largo bloqueo en la Corte Suprema de Justicia. Lo cual se complica al considerar que de las 23 sillas de magistrados de la Sala Plena apenas hay 17 ocupadas, y que para escoger fiscal se necesitan mínimo 16 votos.

Foto: Margarita Cabello, exmagistrada y nueva ministra de Justicia, Jaime Camacho, vicefiscal general encargado y Fabio Espitia, fiscal general encargado.

Por esta razón, aun cuando se conozcan pronto los nombres de la terna, los magistrados comenzarán por elegir las cinco vacantes pendientes en este tribunal. Primero deberán conseguir un reemplazo temporal para el exmagistrado Gustavo Malo, quien fue suspendido de su cargo por la Comisión de Acusación y afronta un juicio ante la propia Corte Suprema. Después entrarían a evaluar las listas para ocupar los despachos que dejaron los penalistas José Luis Barceló y Fernando Castro, y los laboralistas Luis Gabriel Miranda y José Mauricio Burgos. Como la exmagistrada Margarita Cabello Blanco acaba de renunciar para asumir el Ministerio de Justicia, esta vacante aún no tiene lista y se espera que tome un tiempo adicional llenarla.

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Con la terna para fiscal, Duque se juega una carta estratégica para la unidad que tanto proclama, ya que muchos sectores consideran que los mensajes que ha enviado en los últimos meses van en contravía de los consensos. Esos sectores argumentan, en primer lugar, que Duque convirtió las seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP en el primer punto de su agenda política, sin medir la anunciada derrota en el Congreso ni el rechazo de quienes le reclaman por hacer trizas los acuerdos con las Farc. Esta semana, la Corte Constitucional daría la estocada final a las objeciones, con una ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo que se comenzará a estudiar a partir del lunes y va en el sentido de restarle una curul a las cuentas del quorum de la plenaria del Senado. Si la corte aprueba su borrador de fallo, se entendería que las objeciones quedaron enterradas en el Senado con 47 votos.

En el sonajero político de la terna para fiscal general aparece en primer lugar Clara María González Zabala, la secretaria jurídica de Palacio, anteriormente postulada para la fiscalía ad hoc. También suenan el alto consejero para los derechos humanos, Francisco Barbosa; Camilo Gómez, excomisionado de paz y actual director de la Agencia de Defensa del Estado; y el exmagistrado de la Corte Constitucional Mauricio González, quien actualmente se desempeña como director del Centro de Arbitraje y Conciliación, de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Algunas voces se atreven a lanzar al ruedo nombres de penalistas como Iván Cancino o Jaime Lombana, así como el del exprocurador y actual embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez. Pero parece poco probable que la Casa de Nariño se la juegue por candidatos de ese tipo que podrían resultar profundamente polarizantes. Y si algún nombre de ese estilo apareciera en la terna, la Corte Suprema no va a querer repetir el error de designar a un abogado rutilante, que tendría tantos o más conflictos de interés que Néstor Humberto Martínez.

Por eso, si el presidente no se la juega por nombres que acerquen los polos y generen confianza en la justicia, no habría tampoco obstáculos para que la Fiscalía entre en una extendida interinidad como ya ha ocurrido.

El recién designado fiscal general encargado, el abogado Fabio Espitia Garzón, tiene amplia trayectoria en el búnker y una fluida comunicación con la Corte Suprema. Su nombre no genera resistencia entre los magistrados.

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Lleva 30 años en la academia como profesor de la Universidad Externado y de la del Rosario. De la primera renunció hace tres meses –según él– por falta de tiempo debido a su labor en la coordinación de la unidad de fiscales delegados ante la corte. De la segunda se retiró la semana pasada en cuanto se enteró de que sería el fiscal general encargado.

Una vez lo notificaron, Espitia puso de vicefiscal a quien ha sido su mano derecha en esta etapa de la Fiscalía, el abogado Jaime Camacho. Con el también externadista venían trabajando de la mano en uno de los casos bandera de la delegada ante la corte: el cartel de la toga. Como abogado litigante, a Camacho lo recuerdan por haber defendido a María del Pilar Hurtado, quien por un tiempo abandonó el país en medio del escándalo de las chuzadas a líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, y luego se entregó a la Justicia en 2015.

Camacho recibirá la coordinación del caso Odebrecht, incluidas las tres líneas de investigación asignadas al fiscal ad hoc Leonardo Espinosa por cuenta de los impedimentos de Néstor Humberto Martínez. Al mismo tiempo que la corte admitió la renuncia de Martínez, dio por terminada la tarea que venía cumpliendo Espinosa. O sea que el caso Odebrecht vuelve por completo al búnker.

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Espitia y Camacho anunciaron que en las próximas semanas reestructurarán el equipo de investigadores que llevan esos procesos sin que descarten cambiar fiscales. Antes de entregar su cargo, Espinosa hizo saber que había compulsado copias contra dos fiscales del búnker, Daniel Hernández y Álvaro Betancur, por supuestas irregularidades como los cambios en los cargos imputados a cuatro de los ‘ventiladores’ de Odebrecht que confesaron los intríngulis de las millonarias coimas en Colombia. Hernández salió ante los medios de comunicación y señaló que el fiscal ad hoc desconoce el proceso penal.

De la terna que formule Duque depende no solo el final del caso Odebrecht. La posibilidad de que el país retome la tranquilidad institucional también está atada a los nombres que ponga sobre la mesa. Duque afirmó que “el país no está sumido en una crisis institucional”, en referencia a los hechos generados por la decisión de la JEP de ordenar la libertad de Jesús Santrich o por las objeciones presidenciales. El siguiente paso que dé podría unificar al país con tres nombres sin tacha y sin tufillos de aspiraciones políticas.