La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas que estarían involucradas en actividades de urbanización ilegal en una zona de preservación ambiental, en la vereda Apiay, en Villavicencio (Meta). En las investigaciones se constató que estas personas habrían auspiciado la destrucción de más de 15 hectáreas de un área protegida, desplazaron la fauna silvestre y, al parecer, afectaron el curso del río Ocoa, humedales y otras fuentes hídricas.
Se estableció que el daño a los ecosistemas, supuestamente, lo ocasionaron para construir 700 viviendas y dividir 1.500 lotes, los cuales fueron vendidos entre 20 y 35 millones de pesos, con la promesa de servicios públicos. Algo que no ocurría porque eran proyectos urbanísticos que no tendrían el aval de la autoridades locales y ambientales.
El señalado articulador de estas maniobras fue identificado como Yeison Hurtado Granados, quien presuntamente usaba una inmobiliaria de nombre ‘Provisión Divina’ para ofrecer los terrenos por redes sociales y distintos canales públicos. Este hombre y dos de sus supuestos cómplices fueron capturados en Acacías y Villavicencio (Meta); al igual que dos exintegrantes de la Policía Nacional que, al parecer, omitieron su deber y, a cambio de dinero, no alertaron sobre las irregularidades.
Se constató la construcción de 700 viviendas y la división de 1.500 lotes, los cuales fueron vendidos entre 20 y 35 millones de pesos, con la promesa de servicios públicos. Algo que no ocurriría porque eran proyectos que no contaban con el aval de las autoridades ambientales. pic.twitter.com/FQ1xGTPwsL
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 10, 2021
Las denuncias y elementos de prueba dan cuenta de que esta organización habría acudido a una estructura armada para intimidar a las personas que les reclamaban por los incumplimientos y exigir dinero a los ciudadanos que ocupaban terrenos de su interés. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los particulares los delitos de concierto para delinquir agravado, daño a los recursos naturales, invasión de áreas de especial importancia ecológica, extorsión, cohecho por dar y ofrecer y urbanización ilegal. Por su parte, los funcionarios fueron imputados por concusión y prevaricato.
Deforestación
A propósito de delitos ambientales, la Procuraduría advirtió recientemente que tres departamentos concentran más de la mitad de la deforestación de todo el país y entre ellos está Meta, donde se registraron los movimientos de la inmobiliaria ilícita. La procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Olga Lucía Patín Cure, advirtió que los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare merecen especial atención porque concentran más de la mitad de la deforestación en el país, con un 56,3 %, según datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
“Buscamos reunir a la comunidad con la institucionalidad para generar canales de confianza y crear compromisos frente a las responsabilidades y participación de los actores en este proceso”, señaló la procuradora delegada. Por su parte, el representante adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) en Colombia, Olivier Inizan, aseguró que la respuesta a este complejo fenómeno “es una acción colectiva que tome en cuenta las problemáticas específicas de los territorios, más allá del nivel central”, enfatizando “que la participación de las comunidades es una garantía de la viabilidad de las acciones”.
Ahora bien, el aumento en los niveles de deforestación y la inseguridad a la que se enfrentan los defensores del medioambiente no solo es en Meta, también ha agravado la crisis que desde hace décadas registra la Amazonia colombiana, de acuerdo con un informe presentando en Alemania.
Si bien se trata de una problemática que se presenta desde hace muchos años, lo cierto es que ha cambiado significativamente desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, según lo indica el informe “Un clima peligroso: deforestación, cambio climático y violencia contra los defensores ambientales en la Amazonia colombiana”, soportado por nueve organizaciones ambientales que trabajan en esta región del país.
De acuerdo con el análisis, la intensificación del acaparamiento de recursos y actividades económicas ilegales como los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, la minería, la ganadería y la agricultura no solo impulsaron la degradación ambiental y la deforestación en la región, sino que aumentó la violencia.