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Al funeral solo pudieron asistir un par de amigos de Alejandro Llinás debido a las intimidaciones de los grupos armados ilegales. - Foto: Archivo Particular

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Violencia en la Sierra Nevada: cartas sin respuestas

A Alejandro Linás, su hijo adoptivo, lo mataron por defenderla. Buscó ayuda de las autoridades, pero nunca llegó. Hasta en el día de su funeral, sus allegados reportaron hostigamientos.

Una hora antes de ser asesinado el pasado jueves 23 de abril, Alejandro Llinás Suárez llamó a la Policía para reportar que estaba en peligro. No hubo respuesta. Minutos después les marcó a los trabajadores de su finca para pedir ayuda, pero fue muy tarde, solo alcanzaron a escuchar unos gritos.

Según el informe de la necropsia, este líder comunitario, defensor de derechos humanos y del medio ambiente, falleció alrededor de las 8 y 30 de la noche. Su asesinato se suma a la lista de más de 80 crímenes que han ido acumulando los grupos ilegales en el Magdalena bajo la mirada indiferente de las autoridades en los dos últimos años.

Dos hombres armados llegaron hasta su finca Pura Latina, en el sector de Calabazo, en la entrada de El Pueblito, en la zona de amortiguación de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo sacaron a empujones de uno de los cuartos, lo llevaron a unos 40 metros de la casa y le dispararon junto a una quebrada. Su cuerpo fue hallado con dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el abdomen.

La policía llegó al sitio casi 12 horas después del llamado de Llinás. Pero ese no había sido el primer pedido de auxilio que había hecho a las autoridades en los días recientes. Desde comienzos del año, a través de cartas personales, el líder comunitario, además de denunciar la actividad paramilitar, le venía solicitando al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, tomar las medidas necesarias para restablecer el orden público en la zona y que lo protegiera.

En febrero, como no pudo concretar un encuentro directo para hablar con el gobernador, Llinás se resignó con dejar una carta en la Secretaría del Interior. Sospechosamente, horas después fue contactado vía telefónica por la policía y le recomendaron canalizar bien las denuncias y dejar que ellos actuaran. “Prácticamente me amenazaron, me dijeron que evitara problemas”, le dijo Llinás a SEMANA en un diálogo días después.


Carta enviada por Llinás al gobernador Caicedo en febrero de este año.

El domingo 19 de abril, contactó a otros líderes de la zona y les contó que luego de llevar una nueva carta se habían reactivado las llamadas intimidadoras. “Se la envié al gobernador y no se la entregaron, la filtraron a la Policía y me han llamado de varias dependencias pidiéndome información y nombres me siento vulnerado y un poco atemorizado. Me gustaría entregársela la autoridad civil, ‘los muchachos’ también se están tomando este territorio”, escribió a sus amigos

En el segundo documento, Llinás denunció de forma más amplia las actividades paramilitares en la Sierra y sus zonas de reservas ecológicas. Además, contó como los comandantes de estos grupos estaban organizando reuniones. Por lo que le pedía a Caicedo ayuda para evitar que las mafias del turismo se terminen de apoderar de la zona de amortiguamiento. “Tengo manera de demostrar y/o sustentar lo que digo, solo pido no pongan en riesgo mi seguridad”.

En una maniobra mediática que se ha vuelto costumbre entre los grupos paramilitares de la zona y se disputan el territorio, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), no solo se atribuyeron el asesinato si no que justificaron el crimen negando la calidad de líder de Llinás y acusándolo de supuestos delitos sexuales. La estrategia incluyó un par de comunicados de organizaciones comunitarias locales, las mismas que la víctima denunció por estar bajo el mando de este grupo delictivo.

La indignación creció el doble entre los líderes de organizaciones sociales de la zona, para quienes los paramilitares no solo tienen el control absoluto del territorio si no que, además, los están matando bajo la mirada complaciente de las autoridades. Para Jennifer del Toro, activista y líder que lucha por los derechos femeninos, el comunicado de las ACSN no solo es una afrenta contra la honorabilidad de Llinás, si no que muestra la intención de ese grupo delictivo de bajarle el tono al asesinato y su temor de ser reconocidos como grupo armado organizado.

Uno de los últimos mensajes enviados por Alejandro Llinás a sus amigos.

Lo irónico es que los señalamientos sobre Llinás provengan de las ACSN, una organización que está al mando de los herederos de Hernán Giraldo Serna, el jefe paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona, señalado por la Fiscalía como el responsable de unos 200 casos de violación de menores de edad, que lo hizo acreedor del horrendo alías de Taladro entre los hombres de su organización.

Un soñador

Llinás, oriundo de Medellín, ingeniero mercante de profesión y teniente de corbeta de la reserva de la Armada Nacional, llegó a la Sierra Nevada en 2012, después muchos años de residencia en Estados Unidos (donde tuvo un pequeña empresa de construcción y un periodico) y luego de una parada en los campos del departamento de Antioquia. Era el hermano mayor de cuatro hermanas. En su casa lo recuerdan como un soñador, respetuoso y amante de la naturaleza, y un defensor de los derechos humanos y de las mujeres.

Negar el liderazgo de Llinás en la comunidad es imposible. Desde hacía seis años, como miembro fundador de la JAC de Calabazo Parte Alta, empezó a denunciar ante las autoridades locales irregularidades en el ordenamiento territorial de la zona y en los últimos meses, en las cartas dirigidas a Caicedo, alertó sobre la reactivación del poder del paramilitarismo en la Sierra y sobre la principal actividad económica, el turismo. El control ilegal sobre el "Oro verde", como solía llamarlo.


Alejandro LLinás durante una entrevista con SEMANA.

En el 2012 cuando Carlos Caicedo Omar, actual gobernador del Magdalena, empezaba su mandato como alcalde de Santa Marta, fue recibido por un paro armado que obligó suspender el transporte público de la ciudad y a los samarios a quedarse en casa. El miedo reinó.

En uno de los primeros consejos de seguridad que el mandatario realizó para tratar este tema, uno de los pocos que alzó la voz y le habló directo y claro a las autoridades fue Alejandro Llinás Suárez. Desde ese momento su imagen y valentía fue destacada.

En 2016, por negarse a aceptar que los paramilitares tomarán el control de algunas organizaciones comunales, Llinás comenzó a tener problemas con otros líderes. Sufrió varias agresiones en su finca, le mataron una yegua y un par de vacas, sus perros fueron envenenados. Tuvo que retirarse de las juntas locales.

¿Extorsionaban con complicidad?

A finales de febrero de este año, Llinás le contó a SEMANA, en una entrevista exclusiva, cómo estos grupos ilegales estaban usando la figura de una supuesta vigilancia para extorsionar. Para él, era obvio que estos cobros de grupos paramilitares se estaban haciendo con la complicidad de las autoridades, como la Policía, el Ejército, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta. “Aquí hay una alianza fuerte entre el paramilitarismo, Parques Naturales, parapolíticos y los indígenas. Ellos no hacen nada para corregir eso a pesar de que ya se ha denunciado.” 

Llinás dijo que conocía varios casos en que la gente tenía que pagarles a los paramilitares un porcentaje cuando se realizaban negocios grandes, como la venta de terrenos o fincas. “Ahí ellos van a pedir su mordida”, aseguró. Años atrás había denunciado estos hechos ilegales en la oficina territorial de Parques Naturales.

El mismo día del asesinato, Alejandro Llinás le contó a su amigo Lerber Dimas que se había reunido con el coronel Óscar Fabián Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, en su oficina. Salió muy asustado de la reunión. “No le mete mano a este problema, ni quiere informar al gobernador, me preocupa esta situación, me siento vulnerado y desprotegido me gustaría contarle a Virna (Jhonson) y a Caicedo a ver si pueden evitar que los irregulares también se tomen la entrada al Tayrona”, escribió.

SEMANA trató varias veces de contactar al coronel Solarte para tener su versión del asunto, pero no fue posible.


Página final de la carta denuncia enviada por Alejandro Llinás a Caicedo en abril.

Caicedo dijo en los últimos días que no tenía conocimiento de las cartas y lamentó la muerte. Una investigación exhaustiva fue anunciada y 50 millones de recompensa por información sobre los asesinos. Varios líderes consultados creen que no es cierto, dicen que, a través del secretario del Interior departamental, José Humberto Torres, la gobernación estaba enterada del peligro que corría.

Luego de las diligencias realizadas por el CTI en la finca a la familia se le informó que el teléfono en el cual el líder había escrito sus últimos mensajes de sospechas no apareció. La ayuda de las autoridades nunca llegó.

Horas antes de que el cuerpo de Llinás fuera sepultado, su único hijo, quien vive en Estados Unidos, ante la imposibilidad de viajar, les pidió a algunos líderes sociales que acercaran un teléfono celular al oído de su padre para poder decirle unas palabras de despedida. “Parece ilógico, pero es lo único que me queda”, trato de explicar el joven en medio del llanto.

Pero, ni el funeral pudo realizarse en paz, algunas de las personas que tenían planeado ir a despedirlo recibieron llamadas de advertencia en las que le sugirieron no asistir “porque los iban a estar filmando para ficharlos”. Fue una amenaza seria que terminó por asustarlos. Al final, hombres de la Policía Nacional custodiaron la desolada ceremonia.

Luego de otro consejo de seguridad extraordinario, presidido por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el gobernador Caicedo pidió al gobierno nacional recategorizar de "delincuencia común a grupo paramilitar a Los Pachencas", conocidos como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización sucesora del Bloque Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia”. Esto implicaría autorizar el uso legítimo de la fuerza para enfrentar sus ataques sistemáticos.

La petición llega un poco tarde para algunos líderes sociales, quienes creen que esa era una verdad a gritos en la Sierra Nevada, pero que el nombre y la clasificación son lo menos importante. Lo que quieren, dicen, es que los casos de los asesinantos de Maritza Quiroz (5-01-2019), Wilton Orrego (14-01-2019), Juan Carlos Pedrozo (11-02-2019), Joaquín Trujillo (30-05-2019) y Alejandro Llinás (23-04-2020) no queden impunes; y que sus denuncias y peticiones de protección sean por fin escuchadas.