opinión

Cepeda vs. Uribe: un hediondo proceso judicial

Por: Salud Hernández-Mora

La realidad es que mientras unos no tenemos agenda y solo buscamos aproximarnos a la verdad, otros persiguen intereses sucios.


Llevábamos unos años con un goteo de filtraciones sesgadas que tergiversaron la información. Si este país fuese Dinamarca, exponer a la luz pública todo un proceso judicial sería superfluo. Pero en Cundinamarca, con escasa credibilidad de la justicia y unos órganos judiciales que obvian principios básicos como la presunción de inocencia y el secreto del sumario, resulta preferible revelar el expediente completo, sin ediciones perversas, para que sea la ciudadanía la que saque sus propias conclusiones.

Las mías, después de examinar al detalle las evidencias difundidas y de entrevistar a testigos y personas cercanas a los hechos, son bien sencillas: con el caso, quisieron levantar un edificio enorme, llamativo, le pusieron altavoces y luces de neón, pero lo sustentaron sobre pilares endebles. En cuanto remueves un poco los cimientos, se agrieta y requiere apuntalarlo.

También concluí que debe ser la labor de la Fiscalía investigar con celeridad los cabos sueltos que pueden llevar a destapar las alcantarillas de un proceso que solo genera confusión y división en el país. Y puedo asegurar que si para unos periodistas en plena pandemia, con pocos efectivos, fue sencillo tirar de algunos de esos hilos y dar con parte de la información que buscábamos, para los fiscales y agentes del CTI debería ser tarea fácil. El único requerimiento es que exista voluntad de hacerlo.

En cuanto al testigo de cargo y el más renombrado, admito que todavía no sé quién es el verdadero Juan Guillermo Monsalve. Solo estoy segura de que abandonó el pequeño corregimiento antioqueño de Providencia, de vocación minera, donde residía con su familia, para marchar a delinquir al Caquetá con una banda. Alguna vez regresó exhibiendo una plata que nunca había tenido y la gente se dejaba invitar a trago por el antiguo vaquero de la finca Guacharacas, limítrofe con el pueblo. Volvieron a saber de su vida cuando cayó preso y los paisanos lo lamentaban por el sufrimiento de sus papás, ajenos por completo a sus tropelías.  Que no es un hombre pobre hoy en día es otra de las certezas, si bien la clave de su patrimonio, grande o mediano, la tiene su esposa, Deyanira Gómez, otro personaje esencial en esta historia que ha tenido una trascendencia desmedida en la vida política nacional.

Las andanzas de uno de tantos peligrosos delincuentes no serían tan relevantes si no fuese por sus graves acusaciones contra Álvaro Uribe, que la Corte Suprema dio por verdaderas, y los manejos que unos y otros tejieron alrededor. A estas alturas del paseo, sigo convencida de que la publicación de todo el proceso de un caso enmarañado, manipulado, enturbiado por oscuras maniobras políticas, ha sido una contribución determinante para acercarnos a la realidad de lo sucedido, para desenredar juegos turbios y, de alguna manera, convertir a la ciudadanía en veedora de la Fiscalía, que deberá ejercer su función con profesionalismo y neutralidad. Contamos con suficientes elementos para adivinar si quieren llegar al fondo o solo enturbiar aún más la verdad.

Y no es tan difícil hacer un buen trabajo. Por poner un ejemplo, los periodistas no podemos obligar a Deyanira Gómez a revelar de dónde sacó la plata para comprar una finca en Risaralda y por qué escrituró a nombre de su suegra, la madre de Juan Guillermo Monsalve, con la que no se hablaba, la mitad del terreno. Y por qué, si le costó 57 millones, la vendían por 460 millones y quién se los embolsaría. Ella podrá sortear las preguntas y echar el cuento que le provoque, como ya hizo con algunos colegas, pero el CTI dispone de las herramientas legales que comprometen a quienes persisten en falsedades. Igual que inquirir acerca del apartamento que supuestamente le vendió un oficial de inteligencia. Citan al militar, le preguntan, comprueban su testimonio y resuelven el entuerto.

Para quien aún duda de la pertinencia de rebuscar en los bienes de los Monsalve, valga resaltar que ello radica en el hecho de que las defensas de Uribe y Cepeda sugieren que el contrario pretendía comprar la voluntad de Juan Guillermo con plata. Las cantidades que ya le entregaron los abogados las justificaron alegando que obedecían a estrictas “razones humanitarias”. Es decir, la familia del condenado a 40 años por secuestro extorsivo atravesaba una situación económica precaria, versión que desmentiría la famosa finca de Risaralda.

Otro aspecto que me llamó poderosamente la atención es todo lo referente al congresista huilense Álvaro Hernán Prada, acusado por la Corte Suprema de manipular testigos para favorecer a su jefe Uribe. Es, quizá, el expediente más débil y amañado. Le abrieron un proceso en solo dos días, sin nada concluyente, y amenazaron con cárcel a quien no hizo absolutamente nada y presentó las pruebas irrefutables de su inocencia.

En su contra solo existe un testigo voluble, un par de fotocopias de unas conversaciones de chat inocuas y el deseo de Iván Cepeda de imputarlo para dar la sensación de que había nombres de peso implicados en la trama.

Lo que también me ha quedado nítido en estas semanas es que pretenden silenciar y castigar la osadía de dejar al descubierto las tripas de ese hediondo proceso judicial. Son muchos los ataques que recibimos y van tres tutelas en pocos días.

Antes los bandidos callaban a bala. Ahora, con demandas y diluvios de insultos en redes sociales para minar la moral y el prestigio profesional.

La realidad es que mientras unos no tenemos agenda y solo buscamos aproximarnos a la verdad, otros persiguen intereses sucios. Y, a día de hoy, confieso que no sé quién ganará.