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Cero y van dos: Procuraduría vuelve a advertir riesgos al Gobierno por decreto que pone topes a la vivienda VIS

El Ministerio de Vivienda tendría que realizar ajustes al borrador del proyecto que prepara con esa iniciativa.

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15 de abril de 2026 a las 2:10 p. m.
Imagen de referencia de Vivienda de Interés Social (VIS).
Imagen de referencia de Vivienda de Interés Social (VIS). Foto: Alejandro Acosta

Una nueva alerta le acaba de emitir la Procuraduría General de la Nación al Gobierno del presidente Gustavo Petro, para que tenga presente los riesgos que estarían detrás del borrador de decreto que prepara para ponerle tope a la compra de Vivienda de Interés Social en Colombia (VIS) y su esquema de comercialización.

En medio del seguimiento que le ha venido adelantando el procurador delegado Segundo para la Vigilancia de la Función Pública, se advirtió la necesidad de fortalecer en por lo menos cuatro aspectos clave esta iniciativa que cambiaría la forma de comprar casa nueva en el país.

Procuraduría solicita nueva información al Gobierno para evaluar decreto sobre topes a vivienda VIS y VIP

El ente de control le solicitó al Ministerio de Vivienda, encargado de ese proyecto, que se centre en esos temas cruciales: la seguridad jurídica de la medida, su sustento económico con enfoque territorial, la definición de reglas claras de transición para proyectos en curso y la evaluación integral de su impacto social.

Aunque la Procuraduría reconoció que la iniciativa busca mejorar la transparencia de los precios y proteger a los compradores frente a aumentos no estimados, también podrían generarse efectos en la oferta de la vivienda, la viabilidad de proyectos en determinados territorios y el acceso efectivo de los hogares.

Helga Rivas, ministra de Vivienda, en el consejo de ministros del 21 de octubre de 2025, en Bogotá
Helga Rivas, ministra de Vivienda. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Sin embargo, el delegado para la Vigilancia de la Función Pública fue enfático en aclarar: “La actuación se adelanta sin coadministrar ni sustituir competencias, con el propósito de anticipar riesgos y contribuir a que las decisiones públicas se adopten con criterios de legalidad, sostenibilidad y enfoque social”.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que la entidad liderada por Gregorio Eljach halló serios riesgos en el proyecto que prepara el Gobierno nacional para ponerle límites a la comprar de Viviendas de Interés Social (VIS) en Colombia.

A finales de enero de este año también se alertó una serie de “riesgos potenciales” a la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, relacionadas con el régimen de transición contractual y la ausencia de reglas claras que podrían existir a la hora de realizar las promesas de compraventas, reventas y proyectos VIS.

Para ese momento también se dijo que ese borrador de decreto podría generar una incertidumbre jurídica para los compradores, conflictos contractuales, desistimientos forzosos y litigios posteriores que podrían terminar afectando a la población vulnerable.

A finales de marzo, la Procuraduría le volvió a pedir nueva información al Gobierno Petro para evaluar la viabilidad de dicho acto administrativo. Una petición que se conoció tras un encuentro interinstitucional para verificar su viabilidad.