El presidente Gustavo Petro negó las afirmaciones de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) que, a través de un comunicado de prensa, advirtió riesgos jurídicos y de acceso a la vivienda de interés social por el control de precios que pretende el Estado a los proyectos de vivienda de interés social, tras el incremento del salario mínimo por encima del 23%.
“No hay riesgo jurídico”, enfatizó Petro en sus redes sociales.
Explicó que “lo que produce el salario vital no eleva sustancialmente el precio de de la vivienda porque el costo laboral llega a un 20%. Lo que aquí se discute es que si se sube el techo para hacer VIS, se deja de hacer entonces vivienda realmente popular que es el objetivo de la política pública de vivienda”.
Por tanto, “el que bajemos el techo del precio de la vivienda en salarios vitales, a 135 que implica realmente, es un incremento en pesos por encima del índice de inflación de la vivienda que fue del 3%”.
Y propuso: “Lo que sí debe hacer Camacol es pedirle a sus integrantes que no hagan promesas de compraventa medidos en salarios vitales porque eso es ilegal”.
Y es que la Cámara Colombiana para la Construcción dijo que el control de precios a la VIS no reduce el valor de la vivienda. Por el contrario, se traduce en menos oferta y mayores barreras de acceso para miles de familias que quieren acceder a una vivienda digna y formal.
“El incremento del 23 % en el salario mínimo impacta directamente los costos de construcción de vivienda, en una actividad altamente intensiva en mano de obra. Camacol estima que los costos de construcción de la nueva oferta de vivienda podrían aumentar entre un 10 % y un 15 %”, informó el gremio a través de un comunicado de prensa.
Camacol ha dicho que, con el decreto que expedirá el gobierno del presidente Gustavo Petro para desligar el valor de la compra de la vivienda del salario mínimo, “se impondría un peligroso control de precios”.
Según la Cámara, la propuesta desconoce el marco legal vigente, que permite fijar el valor de la VIS tanto en pesos como en salarios mínimos y establece que el precio definitivo es el vigente al momento de la escrituración.
En ese sentido, Guillermo Herrera, presidente ejecutivo del gremio, advirtió que el proyecto “genera serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda y altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS”.
Y recordó que la vivienda no es un bien de consumo inmediato y que su desarrollo —desde la planeación y preventa hasta la construcción y entrega— puede tomar entre cuatro y cinco años.
Durante ese periodo- explicó- se presentan variaciones en costos de materiales, tasas de interés y regulaciones, lo que exige ajustes razonables de precios para preservar la sostenibilidad financiera de los proyectos.
Según Herrera, cambiar las reglas desde las etapas iniciales, afectaría además el acceso de los hogares a instrumentos clave de la política de vivienda, como subsidios de cajas de compensación y entidades territoriales, así como condiciones de crédito y tasas preferenciales, que se determinan con base en el valor al momento de la escrituración.
