Clan del Golfo y exparamilitares quieren y buscan el “perdón social” de Gustavo Petro

La arremetida violenta del Clan del Golfo contra la población civil, policías y militares busca, según el ministro de Defensa, Diego Molano, presionar una negociación con el Gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.

La tesis parece confirmada con la carta que reveló SEMANA, en la que varios exjefes paramilitares, narcotraficantes y organizaciones como el Clan del Golfo buscan subirse al bus del “perdón social”, que fue tan polémico en campaña, pero del cual no hubo explicaciones.

SEMANA consultó con fuentes cercanas a los exjefes paramilitares y narcotraficantes que firmaron la carta, como Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, y del Clan del Golfo, quienes confirmaron la idea de sumarse a la propuesta.

Según indagó este medio, de lograr el acuerdo, los firmantes del documento estarían dispuestos a contar su verdad sobre las relaciones que tuvieron con la clase política, militares, empresarios y ganaderos; quiénes los financiaron y cómo les entregaron millonarios recursos para mantener la guerra.

Sin embargo, como en toda negociación, debe haber algo a cambio para destapar esa olla podrida de la que todos hablan, pero poco se conoce.

Estos sujetos, que durante décadas han sido responsables de masacres, violaciones y asesinatos de inocentes, buscan un sometimiento a la justicia para recibir los beneficios de leyes existentes como los que está otorgando la Justicia Especial para la Paz, que nació tras la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc.

Los asesores de los firmantes de la carta que hablaron con SEMANA aseguraron que no es necesario crear un nuevo tribunal, basta con las leyes actuales para que se puedan subir al bus del perdón social o, si así lo considera, que el presidente Petro expida unas nuevas reglas de juego.

¿Cuáles serían los compromisos si logran ese perdón social? Aunque algunos de ellos ya tuvieron la oportunidad de quedar al día con la justicia, como el caso de los exjefes paramilitares que fueron beneficiados con la Ley de Justicia y Paz, aseguran que esta vez sí contarían toda la verdad, entregarían rutas de narcotráfico e indemnizarían a las víctimas. Y lo más importante, contarían la relación con empresarios y políticos.

“Es que aquí estamos hablando de la verdad de Jorge 40, Carlos Mario Jiménez, Salvatore Mancuso, Martín Llanos, entre otros”, dijo una fuente a SEMANA, quien añadió que están dispuestos a entregar fotos, videos y grabaciones que sustentarían su voluntad de contar la verdad, para que su relato tenga credibilidad.

Es sabido que desde la presidencia del Congreso habrá respaldo a la iniciativa de lograr un acuerdo con los grupos ilegales, que, en el último año, han asesinado a cerca de un centenar de integrantes de la fuerza pública.

El senador por el Pacto Histórico y presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que, si es necesario, se harían adecuaciones al sistema de justicia transicional para que se logre un sometimiento a la justicia de las estructuras armadas. “Este Congreso les dará una oportunidad, en algunos casos, a través de las adecuaciones necesarias en el sistema de justicia transicional y, en otros, a través de disposiciones normativas que faciliten su sometimiento. Hay que parar la matanza”, dijo Barreras.

El canciller designado por el Gobierno Petro, Álvaro Leyva, muy cercano a los procesos de paz en el país, a quien también iba dirigida la carta de los exjefes paramilitares, confirmó que habrá negociación con todos los actores armados. “Claro que habrá diálogo, claro que sí, eso lo saben. Y lo reitero a través de todos los micrófonos, habrá diálogo y vamos a buscar la paz total”, dijo el nuevo canciller.

Sin entregar mayores detalles, Leyva aclaró que el modo de delinquir de los grupos ilegales es distinto, y por eso habrá diálogos diferenciados, como, por ejemplo, con el ELN, que será un proceso muy aparte al que se pueda dar con el Clan del Golfo. Un acuerdo con estas organizaciones ilegales no tendría un impacto menor en el orden público del país si cumplen lo que prometen, según dijo el director de Indepaz, Camilo González Posso.

El Clan del Golfo está regado en al menos 22 departamentos, 290 municipios y tiene un componente armado cercano a los 4.000 hombres. Aclaró que hay que tener cuidado con la letra menuda de una futura negociación, para no repetir los errores del pasado. “Un acuerdo sería muy importante porque ahí están las grandes estructuras criminales, están el Clan del Golfo, los Rastrojos, los Pachenca y otros grupos asociados en Chocó, Buenaventura y otras regiones del país, entonces eso no se puede tomar como cosa menor porque tienen una gran capacidad de perturbación”, señaló González Posso.

Desde algunos sectores políticos han criticado que se use el tema de contar la verdad como una manera de manipulación para obtener beneficios jurídicos, como sucedió con alias Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo, quien dijo que su extradición obedecía a una supuesta mordaza que le quería poner el Gobierno para callarlo y no contar la verdad.

Para monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) para las relaciones Iglesia-Estado, la verdad da solidez a los procesos de negociación. “La verdad siempre es bienvenida, nosotros creemos que todos los procesos que se están dando relacionados con la verdad en el país son aportes importantes para construir el futuro. Esperamos que las voluntades sean reales”, añadió el alto jerarca.

El problema de las organizaciones ilegales en Colombia es de tamaño mayúsculo. Son las que ponen muertos por centenares en las regiones menos favorecidas, en donde además hay miles de hectáreas de cultivos de uso ilegal. Su principal fuente de financiación, según el Gobierno, es el narcotráfico.

En 2021, les decomisaron cerca de 670 toneladas de cocaína, 490 toneladas de marihuana, se hizo la erradicación manual de 103.000 hectáreas de cocaína; el saldo del estos negocios criminales se cuenta en miles de homicidios.

En lo corrido de este año, ya son cerca de 100 integrantes de la fuerza pública asesinados en emboscadas, hostigamientos y planes pistola, lo que refleja una guerra que continúa generando desplazamientos y confinamientos de poblaciones que no han podido vivir en paz. Incluso, la Defensoría del Pueblo ha alertado que la violencia de las agrupaciones ilegales no cesa en el país y la situación en las regiones es más compleja.

“Desde el 2 de enero se presentó un recrudecimiento de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y, aunque hubo una reducción de las acciones violentas en el marco de la jornada electoral, los ilegales vuelven a ejecutar acciones que ponen en riesgo a la población”, advirtió recientemente el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Así, mientras en una mano empuñan las armas y aumenta la violencia en el país, en la otra llevan la rama de olivo en busca de la salida negociada. ¿Habrá tanto cupo en el bus del perdón social?