Comisión de la Verdad pide desclasificar archivos de inteligencia

En las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, en su informe final, hay un capítulo espinoso. “Al presidente de la República, al Ministerio de Defensa, a la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad e Inteligencia, al Congreso de la República y a la Rama Judicial, garantizar de manera inmediata el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el término legal de reserva a partir de la fecha de recolección, y adelantar un proceso gradual de levantamiento de la reserva de archivos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia en garantía del derecho a la información”, asegura el documento.

En el listado agregan que se deberían “establecer condiciones para la aplicación de la reserva a los archivos por ser de inteligencia o por razones de seguridad nacional, de manera que la negativa deba ser evaluada caso a caso, de manera motivada y por causales precisas, de acuerdo a los estándares internacionales en materia de acceso a información en casos de violaciones de derechos humanos”. También habla de implementar o activar un mecanismo de control judicial de las decisiones de negativa a entregar información debido a reserva por razones de inteligencia o seguridad nacional.

El documento menciona responsabilidades que deberían tener otros entes del Estado, como la Procuraduría General de la Nación. A su juicio, el organismo podría “adoptar medidas para evitar el uso abusivo de la reserva de la información por parte de las entidades estatales en general y de los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado en particular”.

También se le pide al “presidente de Colombia solicitar al presidente de Estados Unidos la desclasificación acelerada de documentos de agencias del Gobierno de Estados Unidos relacionada con el conflicto armado colombiano, para profundizar en el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH poco documentadas. Como antecedente, la Comisión entre su legado dejará pública la solicitud de desclasificación que realizó autónomamente durante su mandato y que puede ser la base de la solicitud del Gobierno colombiano al gobierno estadounidense”.

Lea el informe completo:

Entre las propuestas en este asunto está derogar la disposición de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que establece un término de reserva de 30 años, y “mantener vigente como único plazo máximo de reserva el de 15 años, no prorrogable, establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública”.

Otras conclusiones

El presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, presentó las recomendaciones que le hizo la entidad al Gobierno para cerrar las heridas del conflicto armado y responder las múltiples preguntas que presentaron las víctimas para entender el horror.

En la lista, el padre De Roux señaló que es necesaria la aplicación total e inmediata del Acuerdo Final de Paz que se firmó en octubre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

Igualmente, les pidió a todos los estamentos sociales y políticos “profundizar la democracia” mediante la exclusión definitiva de las armas “y la participación incluyente, deliberativa y respeto a la movilización como expresión de derechos”.

“Pedimos a los estamentos de justicia frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado, garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento, y proteger a las víctimas y jueces que participan en estos procesos de verdad y justicia”, señaló el presidente de la Comisión de la Verdad.

Con el fin de que no se repitan prácticas como los “falsos positivos”, la Comisión manifestó la necesidad de hacer cambios en las Fuerzas Militares y de Policía. “Al Estado y a la sociedad les pedimos tomar una nueva visión de la seguridad para la construcción de la paz, centrada en las personas y la protección de los seres humanos, la naturaleza, sobre la base de confiar en el pueblo, para un Ejército que ponga el honor en la paz y una policía ciudadana al lado de los ciudadanos, donde las medallas de orden público no sean por entregar cadáveres, sino personas vivas, culpables o inocentes, a la justicia restaurativa”.

En sus casi 900 páginas el informe trata múltiples temas de la realidad nacional. Asegura, por ejemplo, que los primeros responsables son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45 % de los casos (205.028 víctimas), las guerrillas fueron responsables del 27 % de las víctimas (122.813 víctimas) y los agentes estatales directamente del 12 % (56.094 víctimas). Del porcentaje de guerrillas, el 21 % corresponde a las Farc-EP, el 4 % al ELN y el 2 % a 115 otras guerrillas.

También reveló, por ejemplo, la preocupación del gobierno norteamericano por la infiltración de dineros de los narcos a las campañas de varios expresidentes.

La Comisión de la Verdad aclaró que es difícil precisar quién financió a quién, “pero es claro que el sistema político y electoral ha sabido promover el clientelismo y una creciente corrupción electoral que ha minado la transparencia democrática –sobre todo a nivel regional– y ha incentivado la tolerancia frente a la circulación de recursos de dudosa transparencia como base del ejercicio político”.