En fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable al Estado por interceptaciones ilegales que adelantó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en contra de militantes del partido Polo Democrático.
En la decisión, que revocó el fallo de primera instancia, se señaló que se logró demostrar la responsabilidad del Estado tanto en las interceptaciones —conocidas como chuzadas— y seguimientos ilegales realizados contra el partido político y varios de sus dirigentes.
En este punto se indicó que existió una “operación institucional ilegal” adelantada por agentes del organismo de seguridad, la cual “fue ordenada y coordinada desde los más altos niveles directivos de la entidad”.
Estas actividades de inteligencia —añade el fallo— se realizaron “sin justificación legal y sin orden judicial previa”, lo que vulneró los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben regir este tipo de actuaciones.
De esta forma, se indicó que los agentes del DAS se alejaron completamente de sus funciones legales y constitucionales para realizar seguimientos de los movimientos de los militantes de este partido de izquierda.
Los seguimientos e interceptaciones se realizaron con el fin de crear una campaña de desprestigio en contra de sus directivas y políticos más influyentes.
Para esto, desde la dirección del DAS se conformó un grupo especial con el fin de que monitoreara las comunicaciones de estas personas, realizara seguimientos constantes y detallados.
Estos datos eran puestos en conocimiento de la cúpula del DAS, que utilizó gastos reservados de la entidad para financiar las acciones de los agentes encubiertos del organismo de seguridad.
Teniendo en cuenta evidencia documental y testimonial, se señaló que María del Pilar Hurtado Afanador, quien dirigió el DAS entre los años de 2007 y 2008, tuvo una activa participación en las interceptaciones y seguimientos ilegales.
Por estos hechos, en 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a la exdirectora del DAS a 15 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de la función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.
Por este escándalo se ordenó la intervención del organismo de seguridad el 31 de octubre de 2011, poniendo fin a 58 años de existencia de la entidad de inteligencia.