El pasado 28 de julio, el CTI de la Fiscalía capturó en el norte de Bogotá al entonces senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, por orden de la Corte Suprema de Justicia. Desde ese momento surgieron dudas sobre los años en que se habrían cometido los presuntos delitos para determinar si se aplicaría o no la denominada silla vacía.
Por ahora solo se conoce que Aguilar está vinculado a procesos por presunta corrupción cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Santander, entre los años 2014 y 2015. El problema radica en que, según la Constitución Política de Colombia, se aplicará la silla vacía cuando los delitos contra la administración pública se hayan cometido después de julio de 2015. Por esa razón, se espera recibir el auto completo para hacer esa revisión.
El caso es que si alguna de las actuaciones de Aguilar se cometió después de julio de 2015, de inmediato se tendría que implementar la silla vacía, por lo que Cambio Radical perdería automáticamente esa curul. En el Senado, el equipo jurídico de la corporación está esperando la providencia para revisarla minuciosamente y emitir un concepto con el que la mesa directiva pueda tomar alguna decisión de fondo.
En caso de que no haya lugar a la aplicación de la silla vacía, se le pedirá al Consejo Nacional Electoral que se certifique el siguiente en la lista de Cambio Radical para llamarlo y ocuparía la curul de Richard Aguilar.
La captura de Richard Aguilar
La Corte Suprema de Justicia emitió una orden de captura en su contra. Aguilar es investigado por presuntas irregularidades en la contratación mientras se desempeñó como gobernador en Santander. Funcionarios que trabajaron en su administración se convirtieron en los principales testigos en su contra y lo señalan de recibir, supuestamente, coimas de millonarios contratos de infraestructura y obra pública, entre ellas la remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga.
La corrupción que se habría dado durante la gobernación de Richard Aguilar entre 2012 y 2015 está a punto de ser revelada por funcionarios de esta administración, que se acogieron ante la Fiscalía a un principio de oportunidad, el cual les daría beneficios judiciales a cambio de prender el ventilador y contar cómo funcionaba el esquema bajo el cual pedían, presuntamente, millonarias coimas a cambio del otorgamiento de contratos.
En este caso también está involucrado el representante a la Cámara Edwin Ballesteros, quien habría intermediado presuntamente en los trámites de los contratos. Los testigos en contra de Aguilar son Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de infraestructura en la Gobernación, y su esposo Lenin Darío Pardo, quien, señala la investigación, recibía instrucciones del entonces gobernador Aguilar y de otros funcionarios sobre los procesos de contratación y a quienes se debía favorecer con la adjudicación de las millonarias obras.
La exsecretaria Toledo está siendo procesada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. A Pardo, su esposo, le imputaron los cargos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho por dar y ofrecer.
De acuerdo con el principio de oportunidad, Toledo y Pardo se comprometieron a revelar cómo Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y de contratistas con los que, siguiendo sus instrucciones, Lenin Darío Pardo Pulido y Julián Jaramillo, funcionario de la Gobernación, se habían reunido previamente y acordado los porcentajes que les corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos el actual senador Richard Aguilar.
También denunciarán a Jaramillo, sobre quien sostendrán que era la persona que, al parecer, manejaba toda la contratación de la Gobernación, siguiendo instrucciones de Aguilar. Jaramillo, según la versión de los ahora delatores, acordaba y recibía presuntamente de los contratistas los porcentajes que le correspondían al parecer a Aguilar.
Toledo y Pardo también señalaron al actual representante a la Cámara por Santander, Edwin Ballesteros Archila, del cual manifiestan que, como gerente de Esant, presuntamente se interesó de manera indebida en contratos de construcción de acueductos. Adicionalmente, el representante Ballesteros habría recibido de un contratista la suma de $600 millones para que le fueran entregados a Richard Aguilar con el fin de que le adjudicaran dos proyectos de obra de alcantarillado en los municipios de Barichara y Chipará, los cuales licitó a través de la Esant.