El Congreso de la República aprobó el articulado de Ley de Inversión Social 046 de 2021, el cual establece que dentro de los cuatro meses siguientes de vigencia de este instrumento legal se reducirán las multas de tránsito al 50 % del capital y de los intereses de la deuda.
Así lo informó el Senado en un comunicado de prensa, en el que explican que estas son herramientas para facilitar el pago a deudores de multas por infracciones a las normas de tránsito, pero aclaran que estas condiciones no se extienden a infracciones de tránsito impuestas a conductores bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.

La aplicación de esta normativa será un desafío, puesto que solo en Bogotá el número de deudores era de más de 564.648 con una cartera de cobro pendiente de $516.653 millones, mientras que en Armenia las deudas ascendían a más de $66.000 millones, según datos recopilados por los congresistas.
La iniciativa, radicada por senadores del partido MIRA, pretendía que se descontara hasta entre el 50 % y el 100 % de los intereses generados que tuvieran los ciudadanos con deudas a las autoridades de tránsito, hasta el 31 de julio de 2021.
Además, la Ley advierte que si se incumple con uno de los pagos, se perderá el beneficio pactado y se aplicarán las correspondientes multas y sanciones al usuario.

De acuerdo con los autores del proyecto, en Colombia ya se ha aplicado una normativa similar, pues con la Ley 2027 de 2020 se realizó una para las deudas de la ciudadanía con el sector de tránsito.
Dicha ley quedó conformada por 64 artículos, de los cuales nueve son nuevos y fueron aprobados en plenaria mixta del Senado de la República. Esta norma comprende varias medidas de políticas fiscales que operan en conjunto y se articulan a partir de cinco pilares fundamentales: medidas en materia de ingreso, lucha contra la evasión, austeridad y eficiencia en el gasto, gasto social y reactivación económica, y sostenibilidad de las finanzas públicas-regla fiscal.
Al respecto, el senador y ponente de la iniciativa, David Barguil, explicó que la ley también brinda un apoyo al sector comercial e industrial, por lo cual se indica que la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de sus competencias y funciones, debe implementar, promover y ejecutar planes y programas para fomentar el emprendimiento y la innovación empresarial.
En este sentido, se ordena que para el año 2022 no serán responsables del IVA los contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) que desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas, de las que trata el numeral 4 del artículo 908 del Estatuto Tributario.
Del mismo modo, establece que para el siguiente año no se cobrará el impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares contribuyentes del impuesto unificado Simple que desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas.
